Cuando nos referimos a la seguridad nacional en nuestra América es imprescindible poner en claro de qué estamos hablando, pues el concepto ha sido y es utilizado con criterios diversos. Durante las dictaduras del Cono Sur en los años setenta se invocó la seguridad nacional para implantar el infame genocidio que exterminó una generación de luchadores para abrir paso al modelo de capitalismo neoliberal que todavía hoy campea en la mayor parte de nuestros países. Ese mismo concepto de seguridad se encuentra en los documentos del Pentágono (Ministerio de Defensa de los EEUU) y en los documentos de la Organización de Estados Americanos. En realidad se refiere a lo que Washington considera su propia seguridad nacional entendida como derecho a seguir oprimiendo a nuestros pueblos. En esa línea de pensamiento quienes luchamos por la plena independencia nacional, contra el saqueo imperialista y por la plenitud de derechos para todos, somos considerados amenazas a la seguridad de Estados Unidos.

En materia de seguridad es pues imprescindible tomar en cuenta que opresores y oprimidos tenemos dos puntos de vista diferentes: el concepto de los pueblos sobre seguridad incluye el derecho a la vida y a vivir con dignidad, la justicia social y la equidad de género, la soberanía popular, la democracia, la autodeterminación y la independencia nacional, el derecho al trabajo, la educación, la salud, la soberanía alimentaria, los derechos para todos sin discriminación de ningún tipo, así como la protección de los bienes naturales y culturales de la humanidad.

El concepto de seguridad de los opresores es esencialmente diferente. Un breve repaso histórico de treinta años a esta parte –para no ir más lejos- lo muestra con claridad. Estamos hablando de la “doctrina de la seguridad nacional”, constituida en fundamento ideológico del genocidio desarrollado por las dictaduras fascistas del Cono Sur de América. Hay un hilo conductor perfectamente identificable entre aquellos regímenes y la remozada “doctrina de la cooperación para la seguridad hemisférica” adoptada por la OEA en los años 90.

Me refiero particularmente al concepto acuñado por la primera Conferencia de Ministros de Defensa del continente reunida en Williamsburg, Virginia, (Estados Unidos, 1995), no por casualidad apenas seis meses después de la reunión de la primera Cumbre de las Américas (Miami, 1994), cumbre que puso en marcha la Iniciativa que después se difundiría con el nombre de ALCA.

Conviene subrayar una vez más que dicha “cooperación para la seguridad” no propone otra cosa que la represión coordinada de todas las fuerzas armadas y de seguridad de cada uno de los países del continente contra las fuerzas populares que se rebelan contra los regímenes neoliberales.

El concepto de seguridad en la OEA, motorizado por el Pentágono, viene asociado a lo que denominan “lucha contra el terrorismo”. Así lo expresan las llamadas Conferencias Especializadas de la OEA sobre Terrorismo realizadas en Lima (1996) y Mar del Plata (1998) y la más reciente Conferencia de la OEA en Barbados (junio de 2002) que dio forma a la Convención Interamericana sobre Terrorismo. Precisamente esta Convención es el marco teórico que sustenta las leyes sobre terrorismo que se han aprobado o se están discutiendo en gran parte de los países de la región. En esa concepción, para decirlo claramente, terroristas somos todos los luchadores por los derechos de los pueblos.

Las “nuevas amenazas”

El criterio de “seguridad” del gobierno de los Estados Unidos en esencia no ha variado –aunque se ha desplegado incluyendo nuevas “amenazas- y se expresa una vez más en el informe de Bantz Craddock, Jefe del Comando Sur del Ministerio de Defensa de EEUU (marzo de 2006). El informe deja en claro que considera a América Latina su “patio trasero”, al mencionarla como el “área de responsabilidad” (ADR) del Comando Sur del Pentágono.

Craddock se refiere allí a “la defensa preventiva de EE.UU.” y sostiene que la misma puede lograrse mejor a través de una cooperación amplia con el resto de las naciones del continente. Reiterando la doctrina de la “cooperación para la seguridad hemisférica”, define como amenazas a la seguridad común “el tráfico ilícito y el narco-terrorismo”. E incorpora entre las amenazas a los problemas sociales, al decir que “la naturaleza oculta de las amenazas a los EE.UU. y a nuestras naciones socias pueden estar engañando a unos a primera vista. Las condiciones de pobreza, enfermedad, corrupción, desigualdad social y la disparidad del ingreso extendida, contribuyen al descontento creciente de una población que se ha expuesto a los beneficios políticos de la democracia, pero no ha ganado todavía económicamente”.

Al respecto han expresado su preocupación intelectuales y periodistas de la región como lo hacen Gastón Chillier y Laurie Freeman, juristas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en el artículo publicado en el diario Clarín de Buenos Aires, el 22 de septiembre de 2005: ”La Organización de Estados Americanos (OEA) expandió su concepto de seguridad hemisférica de una manera tal que, a partir de ahora, casi todos los problemas pueden ser considerados como una amenaza a la seguridad. Además del terrorismo y las armas de destrucción masiva, la interminable lista de nuevas amenazas a la seguridad incluye los desastres naturales, el VIH, el tráfico de drogas y de armas y la degradación ambiental”. Y agregan que esta expansión del concepto de seguridad es un riesgo para la democracia en el hemisferio pues "securitiza" problemas de naturaleza política, económica y social. La pobreza y la desigualdad no son en sí mismas amenazas a la seguridad. Sin embargo, concebirlas como tales abre la puerta para dar "soluciones" militares o policiales a estos problemas, al mismo tiempo que cierra los espacios de participación para que sectores excluidos puedan expresar sus demandas.

Pero además –continúan los autores- “este concepto diluye la distinción entre la defensa nacional y la seguridad pública. La defensa es una misión para las fuerzas armadas que basa su existencia en la protección de la integridad del Estado de las amenazas externas. La seguridad pública es una misión de la policía, encargada de promover el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los ciudadanos”.

Seguridad y defensa

En este punto viene al caso definir los conceptos de seguridad nacional y defensa nacional que, si bien están estrechamente relacionados, son cuestiones diferentes. En el primer caso es ampliamente aceptada la definición incluida en documentos de las Naciones Unidas: “Seguridad es la situación en que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas, o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso”.

En cuanto al concepto de defensa nacional, nos remitimos al trabajo de la Comisión de Defensa del Frente Amplio de Uruguay: “La defensa nacional es una cuestión esencialmente política y compromete a toda la nación. Comprende el conjunto de actividades que tienden a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y a consolidar la paz y el respeto de la Constitución y las leyes de la República”.

Afirmándonos en esta definiciones, sostuvimos en los debates realizados en la reciente Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (Cochabamba, diciembre, 2006) que es atribución de cada país establecer sus propias políticas de seguridad y defensa nacional y por eso instamos a los gobiernos de la Comunidad Sudamericana de Naciones a rechazar las presiones y/o imposiciones del gobierno de los Estados Unidas tendientes a que el resto de los Estados acepten su doctrina y sus hipótesis sobre amenazas a la seguridad.

Volvamos ahora al informe del Comando Sur. Bantz Craddock afirma que ”La falta de seguridad, estabilidad y en algunos casos, de un rol eficaz de la ley, exacerba la situación. Territorios sin gobierno y fronteras porosas agregan otra dimensión. Todas estas condiciones crean un entorno que conduce al desarrollo de amenazas como el tráfico ilícito, bandas urbanas, secuestros, delincuencia y narco-terrorismo cuyas actividades desalientan el comercio lícito y socavan el desarrollo económico.

“Este ambiente permisivo que existe a lo largo de la ADR permite a los grupos extremistas mantener una presencia y operar con relativa impunidad (…) en varias zonas a lo largo de nuestra ADR” incluyendo el área de la triple frontera entre Paraguay, Brasil, y Argentina. El informe del Comando Sur repite así una supuesta amenaza a la seguridad en la triple frontera, amenaza jamás probada pero que les sirve de pretexto para la presencia militar de EE.UU. en la región, tal como fue reiteradamente denunciado por organizaciones populares de la región.

En realidad, toda la política imperial de militarización, extensión de bases y enclaves militares en la región, maniobras conjuntas con las fuerzas armadas y de seguridad bajo la dirección del Pentágono, tienen por objetivo aplicar la política de seguridad de Washington. De allí la importancia de establecer otras hipótesis de seguridad basadas en los reales intereses de los pueblos de la región. De tales hipótesis deberían surgir las correspondientes pautas de la defensa nacional de nuestros países.

La política de seguridad de Washington, aplicada sistemáticamente en la región, es parte fundamental de la estrategia de dominación imperialista que, como bien recuerda el analista cubano Héctor Fraginals, se sustenta en “tres pilares básicos: el económico, basado en el engendro denominado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el político, desarrollado fundamentalmente a través de la Reforma de la Carta de la OEA y, el militar que, con el pretexto de combatir ´peligros o amenazas` como el terrorismo y el narcotráfico, promueve mayor presencia, influencia y participación estadounidense en todos los procesos relacionados con las instituciones armadas…”

Multilateralismo Vs. unipolaridad

Frente al mundo unipolar que Washington concibe y pretende perpetuar, hay un tema que aparece en los debates gubernamentales alrededor de la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, y es el del multilateralismo. En uno de los borradores del grupo de los doce representantes de los gobiernos de América del Sur se dice: “El fin de la bipolaridad construida inmediatamente después de la Segunda Guerra si, por un lado, puso fin a la " Guerra Fría", por el otro profundizó las asimetrías, en la medida en que el multilateralismo entró en crisis y, con él, el conjunto de organizaciones internacionales surgidas en el siglo XX”.

Aquí vale – en mi opinión- reivindicar el multilateralismo como contracara del esquema unipolar que EEUU impone por el chantaje y la fuerza de las armas, tal como plantearon diversos países en la reciente Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, sosteniendo la necesidad internacional del predominio de la solidaridad, en la apertura de nuevos caminos hacia el multilateralismo, como única vía practicable para avanzar efectivamente hacia la paz, la seguridad y el desarrollo. También se habló allí de rescatar el espíritu original de la Carta de la ONU, y una reforma integral de la organización de acuerdo con los tiempos actuales, junto con la democratización del Consejo de Seguridad y el apego a los principios del derecho internacional que garantizan la soberanía de las naciones, la integridad territorial, la independencia y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados hoy agredidos o amenazados por EEUU.

En lo dicho hasta aquí se fundamentan las propuestas que hemos sugerido incorporar al debate con los gobiernos de la CSN en materia de seguridad nacional, propuestas por cierto inseparables de las correspondientes pautas para la defensa nacional.

Rina Bertaccini: Ingeniera, docente, secretaria general del MoPaSSol, de Argentina. Co-Presidenta del Consejo Mundial de la Paz. Integrante de Diálogo 2000, de la CADA y de la Red de Jubileo Sur.