La polémica generada por la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de no renovar la concesión de RCTV, está mostrando la forma de operar de las derechas latinoamericanas que consiste en repetir los mismos argumentos que expiden las usinas globales de los Estados Unidos y Europa.

Apenas se escarba en el magma informativo provocado por la no renovación de la concesión de RCTV, se constata que las opiniones de los medios y de numerosos “analistas” del Sur muestran lo que verdaderamente son: repetidores de las ideas difundidas por los think tanks del Norte. Por eso conviene ir por partes para ver quién pone las ideas y quiénes se hacen los distraídos, como si la libertad de expresión no tuviera una larga y triste historia que, en este continente por lo menos, incluye un amplio abanico de violaciones: desde periodistas desaparecidos hasta ese pertinaz goteo de despidos de trabajadores de los medios.

Quién pone las ideas

Las usinas del pensamiento conservador estadounidenses y europeas son las que están detrás de buena parte de los argumentos que exponen los periodistas y políticos de la derecha latinoamericana. Hasta ahora eran los centros de estudios de los Estados Unidos los que mayor influencia tenían en la región. Pero eso parece estar cambiando. Un buen ejemplo es la española FAES (Fundación de Análisis y Estudios Sociales) desde la cual el ex presidente José María Aznar –quien se identifica con el franquismo como lo demostró su partido en los últimos meses- influye en los partidos de derecha de América Latina. “Una agenda de libertad” se titula el último informe para la región que fue presentado a fines de mayo en Buenos Aires y Sao Paulo. El informe define los problemas de este continente: el “populismo revolucionario”, el “neoestatismo”, el “indigenismo racista” y el “militarismo nacionalista”.

El informe de Aznar sostiene que los partidos de la derecha de nuestro continente (liberales, democristianos y conservadores) deben plantearse “el objetivo común de derrotar democráticamente el proyecto del ‘socialismo del Siglo XXI’”. En paralelo defiende que Estados Unidos tenga una presencia más activa en América Latina. Qué tan democrático es el camino que propone Aznar lo revelan sus contactos locales. En Argentina presentó su informe junto al analista Rosendo Fraga, quien apoyó la última dictadura militar que provocó el mayor genocidio en la historia de ese país. En Brasil lo hizo junto a Jorge Bornhausen, dirigente del Partido Demócrata (ex Partido del Frente Liberal), el más cercano a la dictadura militar de los 60. Estas son las amistades de Aznar quien, pese a ello, califica al gobierno de Chávez como “siniestro” y “totalitario”.

Más allá de las personas, interesa observar cómo los medios reproducen los análisis que emiten esas usinas del pensamiento conservador. Uno de los medios más influyentes del continente es el diario argentino La Nación, partidario de todas las cruzadas antipopulares y fiel representante de los intereses de las multinacionales. El domingo 27 publicó un informe de una página a seis columnas titulado “La prensa de América del Sur, en la mira”. La periodista se detiene en lo que considera como “una guerra entre prensa y gobierno” y lo hace repasando la situación en siete de los diez países del subcontinente: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Deja de lado tres países en los que, todo indicaría, la libertad de prensa no está amenazada: Colombia, Paraguay y Perú. En suma, optó por los gobiernos que con mayor o menor énfasis ponen reparos al modelo neoliberal.

Llama la atención la dureza con la presidenta chilena Michelle Bachelet. En base a una “fuente” que prefirió “mantenerse en el anonimato”, la periodista concluye que “la presidenta tiene una obsesión por las filtraciones” que atribuye a “su mentalidad más ideológica” respecto a su antecesor Ricardo Lagos, por lo que “muchos canales de información se cerraron”. Habla incluso de que algunos corresponsales extranjeros se quejaron de “maltrato oficial” por su escaso contacto con los medios.

Luiz Inacio Lula da Silva tampoco sale bien parado. Lo acusa de que su vínculo con la prensa “nunca fue muy intenso”, que “evita el contacto con los medios cada vez que puede” y que “a diferencia de Bachelet, Lula llevó el hermetismo un paso más allá”. Y de haber criticado a la prensa por publicar “sólo malas noticias”. En este crescendo de La Nación, Tabaré Vázquez ocupa el tercer lugar. “Su gobierno suele acusar a los medios de ‘conspiraciones y complots’ y el mandatario llegó a difundir, en 2006, una lista negra de medios a los que acusó de integrar la ‘oposición’”. Recogiendo un informe de marzo pasado de los empresarios de la prensa (Sociedad Interamericana de Prensa) sostiene que existe un “hostigamiento contra la libertad de prensa y contra la prensa independiente”. Con Néstor Kirchner La Nación es implacable, siendo el de “autoritario” el calificativo más suave que le endilga.

El plato fuerte son los gobiernos más duros con Washington y con los organismos financieros internacionales. Según el diario argentino Chávez abrió el camino del “cerrojo a la libertad de expresión” que tanto Evo Morales como Rafael Correa están comenzando a recorrer. La tesis que sustenta estas afirmaciones es interesante: como los partidos políticos se han vaciado y ya no son representativos, los medios asumen el papel de encabezar la crítica y por ese motivo son castigados por esos gobiernos. La conclusión viene casi al comienzo del artículo: “Desconfiados y suspicaces, los gobiernos regionales adoptan, cada vez más, la confrontación como estrategia respecto a la prensa”. Dicho de otro modo: ahora que los neoliberales no controlan los estados ni cuentan con partidos con apoyo de masas a su disposición, no tienen otra salida que apoyarse en los medios de comunicación para hacer prevalecer sus intereses.

Un caso paradigmático

El periodista español David Carracedo acaba de publicar un exhaustivo informe en el que muestra que en los últimos años 293 medios de todo el mundo sufrieron clausura, revocación o no renovación de sus licencias: 77 emisoras de televisión y 159 radios en 21 países. Sólo en Colombia, 76 radios comunitarias fueron clausuradas. En marzo de este año TeleAsturias (España) vio revocada su onda de transmisión por motivos técnicos. El informe no incluye la clausura de Radio Panamericana de Uruguay, por lo que vale la pena recordar el mayor atentado contra la libertad de expresión desde el retorno del régimen electoral en 1985.

El 26 de agosto de 1994 una resolución del gobierno presidido por Luis Alberto Lacalle clausuró por 48 horas las radios Panamericana y Centenario por haber transmitido los sucesos del Hospital Filtro del 24 de agosto. Ese día se produjo una concentración contra la extradición de varios ciudadanos vascos detenidos en ese hospital acusados de pertenecer a ETA. El intento de los manifestantes por impedir la extradición provocó una fuerte carga policial que se saldó con un muerto y decenas de heridos, algunos graves. El mismo día que se decretaban las clausuras temporales, otra resolución revocaba la autorización otorgada a Panamericana.

Los partidos Colorado y Nacional respaldaron al Ejecutivo. La asociación de los propietarios de los medios, ANDEBU, tuvo serias dificultades para llegar a un acuerdo interno que le permitiera un pronunciamiento público. Recién dos semanas después de la clausura de Panamericana, ANDEBU expresó “su preocupación por los procedimientos realizados por el Poder Ejecutivo”. Pero no dejó de manifestar, en el mismo comunicado, “preocupación por el contenido de las emisiones de Radio Panamericana” que había convocado a las manifestaciones en solidaridad con los vascos, “por ser contrarias a los principios que rigen la conducta de los miembros de la radiodifusión uruguaya”. Una declaración que contrasta vivamente con la emitida días pasados contra la no renovación del permiso a RCTV, que lo definió como “una gravísima agresión a la libertad de expresión”.

El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo estos días que “Venezuela está entrando en un terreno muy preocupante de deterioro de la democracia” y aseguró que el caso de RCTV significa “un colapso de la libertad”. Los nacionalistas, que eran gobierno en 1994 cuando se clausuró Panamericana, aseguraron que la decisión de Chávez es “una violación a los derechos humanos” y el presidente de ese partido, Jorge Larrañaga, declaró que “es un ataque a la libertad de prensa, un atentado contra las libertades públicas, lo que prueba que el régimen del señor Chávez es un régimen rengo desde el punto de vista democrático”.

El contraste entre los sucesos de 1994 en Uruguay y las actitudes actuales de la derecha respecto a RCTV, ponen en blanco sobre negro que la tan mentada libertad de expresión es apenas una excusa para atacar y derribar gobiernos que buscan salir del modelo neoliberal. Y que, huérfanos de apoyo popular, sólo pueden hacerlo provocando situaciones de gran inestabilidad que crean las condiciones para golpes de Estado. Es la estrategia diseñada por Aznar, fiel amigo de Bush, Blair y Sarkozy.

-  Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.