Mañana 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Se calcula que el número de personas desarraigas en el mundo supera los 40 millones de personas, es decir una de cada 136 personas se encuentra en esta situación, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Si la situación de millones de migrantes del Sur en los países receptores del Norte, especialmente de los no regularizados, es difícil, la de los refugiados es más angustiosa puesto que, habiendo huido precipitadamente de las guerras, los conflictos o la situaciones de violencia para salvar sus vidas, por regla general, no pueden regresar a su país de origen por las amenazas que pesan sobre su integridad física.

“Los refugiados son personas que tienen que iniciar la marcha contra su voluntad. Expulsados de sus pueblos y ciudades, separados de sus familias por el conflicto o la persecución, los refugiados se desplazan simplemente en busca de seguridad”, sostiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el portugués António Guterres.

La misma suerte de los refugiados la tienen los desplazados internos, es decir, aquellos que escapan de la violencia en sus propios países pero que no pueden o no quieren exiliarse en otro país.

América Latina conoció el drama del refugio en la década de los 70 y 80 del siglo pasado cuando asolaron las dictaduras militares en el Cono Sur o se desencadenaron los conflictos armados de Centro América. En la actualidad, el fenómeno pervive en Colombia, cuyo prolongado conflicto armado, que tiende a agravarse, ha provocado más de tres millones de desplazados internos y un millón quinientos mil que se han visto obligados a refugiarse en distintos países como Ecuador, Panamá, Venezuela, entre otros.

“En nuestro país el conflicto armado, que lleva mas de 40 años, ha creado la crisis humanitaria más aguda del hemisferio occidental, Colombia es el país que lleva el record en América de violación masiva, generalizada y sistemática de los derechos humanos”, señala Orlando Valencia, coordinador de la Asociación de Refugiados Colombianos en Ecuador (ARCOE).

El Plan Colombia, patrocinado por Estados Unidos y las elites militaristas colombianas, que se puso en ejecución en 1999, ha agravado la situación humanitaria. La visión de guerra integral impuesta por Washington y Bogotá ha dejado atrapada entre múltiples fuegos a la población civil, la cual está expuesta a las acciones violentas de los distintos actores armados (guerrilla, paramilitare s de derecha, ejército, mafias), a las fumigaciones con glifosato, a las amenazas de muerte, al reclutamiento forzado, a los secuestros, a las “vacunas” y a las extorsiones.

“Se desplaza a las comunidades por medio del terror, entran grupos, que son avalados económicamente por las multinacionales y por el mismo Estado, a cometer barbaries en los poblados para que todo el mundo salga corriendo”, manifiesta Orlando Valencia.

Según organismos de derechos humanos, el desplazamiento de las poblaciones hacia otras regiones de Colombia o al exterior responde a una perversa estrategia de guerra que busca “expulsar a la población para repoblar, para reconfigurar el territorio en función de los intereses fundamentales”. Esos intereses están relacionados con el control de los recursos naturales, especialmente de la Amazonia, los proyectos agroindustriales, la apropiación de la tierra por parte de los grupos paramilitares que, entre 1997 y 2003, se habrían adueñado de 5 millones de hectáreas. (1)

Refugiados en Ecuador

El número de solicitantes colombianos de refugio en Ecuador, desde el año 2000 hasta el 2007, totaliza 45.381, habiendo sido aceptados 14.300, según el ACNUR. Sin embargo, este mismo organismo señala que existirían 250.000 colombianos sin documentos e incluso el gobierno de Rafael Correa habla de 500.000, aunque entre ello estarían los que migran por razones económicas. Con estas cifras, el Ecuador se ha convertido en el país con la mayor población refugiada en América Latina.

La situación de los colombianos refugiados en Ecuador es extremadamente difícil. A miles de ellos se les ha negado el estatus de refugiado, otros prefieren mantenerse en situación de anonimato por motivos de seguridad, unos terceros, simplemente, desconocen la existencia o la manera de acogerse a los mecanismos de protección internacional.

“Mientras me niegan la condición de refugiado, he entrado a formar parte de lo que se llama la zona gris, es decir una zona donde las personas están en estado irregular, sin un papel en el bolsillo, sin derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación”, expresa Orlando Valencia.

Otro colombiano, Jairo Restrepo (2), al que también se le ha negado el estatus de refugiado, señala que en Ecuador hay una fuerte tendencia a la xenofobia y discriminación. “Aquí lo miran a uno y lo rechazan, el acento lo delata a uno. Algunas veces ha habido la oportunidad de trabajar y solo por el hecho de ser colombiano a uno lo rechazan, algunas personas dicen que venimos a quitarles el trabajo”.

Por las acciones delictivas de una minoría de colombianos, pagan todos. Por desgracia, se tiende a generalizar e identificar a los hombres como guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares, y a las mujeres como prostitutas. Esta mala imagen es uno de los factores que dificultan a los colombianos alquilar una vivienda o conseguir un trabajo.

Una cantidad de niños, niñas y adolescentes colombianos no han podido ingresar al sistema educativo, a pesar de que el Ministerio de Educación dictó el acuerdo 445 que posibilita el acceso a la educación de los/as niños/as sin importar la situación legal de sus padres. Esta conquista no se cumple puesto que muchos supervisores, directores y rectores hacen caso omiso de esta disposición legal de carácter obligatorio.

Un refugiado o refugiada colombiana no puede “darse el lujo” de enfermarse. Sin dinero y sin papeles, el acceso a los centros de salud públicos, de por si ya precarios, les está negado.

Para afrontar la negación de sus derechos y volverse visibles, unas 150 familias (600 personas) se han organizado en la ARCOE para incidir en las políticas públicas sobre el refugio, capacitar a sus miembros y llamar la atención de los gobiernos de América del Sur y a la comunidad internacional para que apoyen los programas de atención que el Ecuador lleva a cabo a favor de los refugiados colombianos.

Invisibilizados, la situación de muchos colombianos que huyen de la violencia todavía no ha sido abordada a profundidad no solo por el Estado sino por toda la sociedad ecuatoriana, y mucho menos por el gobierno colombiano. Guillermo Robayo, director del Servicio Jesuita de Refugiados Ecuador, señala que “desde hace unos 6 ó 7 años, la visión del Estado ecuatoriano frente al refugio ha estado marcada por la seguridad nacional, es decir cero derechos humanos, y, en segundo lugar, por no tener una política clara sobre lo que significa las migraciones y específicamente lo que significa la población que vive en situación de refugio”.

El gobierno de Rafael Correa ha lanzado el Plan Ecuador como un plan de paz que se contrapone al guerrerista Plan Colombia del eje Bush-Uribe. Dentro de este Plan se pretende regularizar a los colombianos dedicando unos 120 millones de dólares, 40 del presupuesto nacional y otros 80 de cooperación internacional. Robayo reconoce que el Plan Ecuador es un marco para acciones futuras y es una propuesta que pone en el debate “un tema que era objeto de silencio oficial, como es la presencia de un número mucho más alto de población colombiana en Ecuador de lo que señalan las cifras oficiales”. Sin embargo, teme que si el Plan Ecuador no llega a operativizarse va a sufrir la misma suerte de otros tantos planes (el Plan Operativo de Derechos Humanos, el Plan de Educación, de Salud), que han quedado archivados en las gavetas de los respectivos ministerios. Propone una verdadera articulación inter-institucional para abordar de manera integral las migraciones y el tema de los refugiados, para lo cual es indispensable coordinar las áreas de seguridad, educación, salud y economía, y adoptar una nueva ley para la determinación del refugio que se corresponda a la realidad actual y reemplace a la ley caduca que data de 1992.

Para concluir, este es el llamado que hace Jairo Restrepo a los ecuatorianos y latinoamericanos: “Yo les pediría que abran los ojos a nuestras quejas, penas y dolores y que piensen que, así como sufrimos y tenemos necesidades aquí y nos miran con desprecio, piensen que lo mismo están pasando sus familiares en Estados Unidos, Italia o Europa. La diferencia es que ellos se han ido por el aspecto económico y nosotros venimos aquí, acosados y obligados, para salvar nuestras vidas”, finaliza Jairo Restrepo,

Notas

(1) INREDH, “Refugiados y trabajadores, Las condiciones laborales de las mujeres en situación de refugio”, Quito, 2006, p. 17

(2) Sobre los motivos por los que tuvo que salir de Colombia y refugiarse en Ecuador, Jairo Restrepo (nombre supuesto, por razones de seguridad) manifestó: “Lo que querían es que les sirviera de espía, que trajera y llevara chismes, pero si los que están recibiendo el servicio mío se dan cuenta, me borran y si no hago lo que ellos dicen, me borran del mapa también. Entonces, como que estaba entre dos fuegos. Entonces me dijeron, hoy son las seis y media de la tarde, mañana, a esta misma hora, venimos por la respuesta, no queremos tibios, o frío o caliente, con ellos o con nosotros, no queremos gente en la mitad. No tuve otra alternativa. A la media hora salí al trote con lo que llevaba puesto, seis meses estuve donde un cuñado en el Huila. Un día, a las 6 de la mañana llegaron unos hombres armados preguntando por mi nombre y dijeron que salí de la finca sin pedir permiso y que por esa razón había sido declarado objetivo militar, después que salieron, salí a la carretera nacional y en el primer vehículo llegué a Moncoa y luego entre a Ecuador, con miedo, sin dinero, sin conocer a nadie”.