Primero mataron al gobernador Gaviria de Antioquia y al ex ministro de Defensa y Consejero de Paz del mismo Departamento Gilberto Echeverri, junto con otros miembros de la fuerza pública en un intento fallido de rescate militar. Hubo declaraciones, condenas, voces que clamaban por el intercambio humanitario y otros que proponían seguir intentado los rescates militares; con el tiempo el tema fue desapareciendo del radar de las preocupaciones nacionales.

Ahora fueron masacrados los once diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, después de cinco años de secuestro, en un supuesto intercambio de disparos con una fuerza militar ‘sin identificar’, según información de sus captores, la guerrilla de las FARC –desde luego los responsables de lo sucedido-. Igualmente estamos escuchando voces de condena similares que en el pasado, pidiendo ahora sí el despeje para el acuerdo humanitario y otras diciendo que el Estado no puede renunciar a la potestad de intentar rescatarlos militarmente. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos, se mantendrá el tema en la prioridad nacional?

Porque entre estos dos hechos se produjeron muertes de miembros de la Fuerza Pública en ese inhumano cautiverio forzado, se fugaron de sus secuestradores el ex ministro Fernando Araujo y el Intendente de la Policía Pinchao; nos enteramos del nacimiento en cautiverio de Emmanuel el hijo de Clara Rojas. Y la sociedad en su conjunto no parece conmoverse ni tomar iniciativas que vayan más allá de los llamados a un Gobierno intransigente y a una guerrilla no sólo criminalizada sino absolutamente terca en sus posiciones, a realizar el acuerdo humanitario.

Va siendo hora que el tema del acuerdo humanitario se tome con decisión por las fuerzas políticas y el Estado. ¿Por qué los partidos políticos todos –los de la coalición de gobierno y los de la oposición- no hacen un pacto con el gobierno para apoyar la realización de un acuerdo humanitario -sobre la base de condiciones realistas para el mismo- y para acompañar procesos de solución política negociada con el ELN y con las FARC ?

Es hora de plantear con claridad una propuesta viable de “zona humanitaria” en la cual se pueda adelantar las conversaciones para definir la liberación de los secuestrados y de presos de la guerrilla de las FARC. Esta zona puede definirse en un área de los municipios de Pradera y Florida, en la cual no haya presencia militar, ni de la Fuerza Pública ni de las FARC, y que dicha zona esté protegida por la comunidad internacional. Igualmente debe existir un compromiso previo de llegar a un acuerdo en el lapso definido y no existirá posibilidad de prórroga de la ‘zona humanitaria’. Todos los partidos políticos a una deberían enviar un mensaje a las FARC en el sentido que no habrá nunca más una zona de despeje como el Caguán –eso debería ser parte de una política de Estado-, pero sí una actitud de generosidad para discutir un acuerdo de paz que lleve a ponerle fin a la guerra.

Igualmente todos los partidos políticos deberían acompañar generosamente los diálogos y próximos acuerdos con el ELN, enviando de esta manera el mensaje claro que la búsqueda de la paz paga y que con los actos de guerra no habrá ninguna transigencia. En ese contexto podría dársele viabilidad a llamados como el del ELN, apoyado igualmente por las AUC, de parar la guerra

Pero al mismo tiempo la ciudadanía debe manifestarse condenando el secuestro y cualquier otro hecho de violencia y desconociendo cualquier tipo de representación que los grupos armados ilegales quieran invocar para realizar sus hechos militares. Ojala la muerte en cautiverio de los diputados del Valle no haya sido en vano y abra caminos de esperanza para los colombianos.

Alejo Vargas Velásquez
Profesor Universidad Nacional