Lula Da Silva presentará un informe sobre las atrocidades cometidas por las dictaduras contra sus opositores políticos. El objetivo es contribuir al “rescate de la memoria”.

A 25 años del inicio de la reapertura democrática, por primera vez, el gobierno de Brasil culpará de manera oficial a las dictaduras –que gobernaron sin interrupciones el país entre 1964 y 1985- por la desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos y ejecuciones sumarias clandestinas. La acusación tendrá lugar hoy en Brasilia cuando el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva inaugure la presentación del libro "El derecho a la memoria y la verdad", que detalla en casi 500 páginas las historias de 400 militantes políticos que sufrieron los abusos castrenses por su oposición al régimen.

Se trata de un trabajo de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDHPR) que reúne los datos recopilados por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos durante los últimos 11 años. “El libro contribuirá a la consolidación del respeto por los Derechos Humanos en Brasil”, resaltó Paulo Vannuchi, titular de la Secretaría.

“Es un trabajo histórico, donde el Estado reconoce los derechos de los familiares de los brasileños muertos y desaparecidos en el régimen militar; y significa el rescate de la memoria, de la verdad y, por tanto, de la justicia sin revanchismo”, explicó el presidente de la Comisión, Marco Antonio Rodrigues Barbosa, y advirtió: “Fue un trabajo de Estado, no de Gobierno”.

“Ningún espíritu de revanchismo o de nostalgia del pasado será capaz de seducir el espíritu nacional, así como el silencio y la omisión funcionaron, en la práctica, como barrera para la superación de un pasado que ninguno quiere de vuelta”, completó Vannuchi.

El evento tendrá lugar a 28 años de la Ley de Amnistía de 1979 que perdonó a todos los brasileños, tanto civiles como militares, por los supuestos delitos cometidos durante las dos décadas de plomo.

Se dejó saber que el texto final, además de comprobar “muertes por torturas intensas”, sostiene que los militares hicieron esfuerzos "insuficientes" por esclarecer dónde están los restos. El documento es de un tenor extraordinario porque oficializa la existencia de detenidos-desaparecidos y se los lista por nombre y apellido.

En tanto, el escrito sugiere a Da Silva que instruya al Ministerio de Defensa y a la SDHPR a crear una "instancia administrativa permanente para interrogar policías y militares" con el fin de "localizar los restos mortales".

Asimismo, el informe manifiesta que los crímenes descriptos se sucedieron por “una decisión consciente de los gobiernos de la época” y con “pleno conocimiento de los más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, lo que derrumba el pretexto de que los abusos de lesa humanidad habrían sido cometidos por "individuos que actuaron fuera del control de sus superiores".

Para un país que aún soporta amenazas golpistas por parte de los altos mandos militares, la iniciativa significa un avance inédito en materia de Derechos Humanos. En el mismo sentido, ayer, una comisión interministerial, que investiga la masacre de campesinos e integrantes del Partido Comunista de Brasil (PCdeB) entre 1972 y 1975 –la llamada Guerrilla de Araguaia-, le sugirió a la envestidura presidencial que “decrete la desclasificación de cualquier documento público referido al período en cuestión”.

Por otra parte, las víctimas y sus familiares elogiaron el libro como “un modesto progreso para revelar el pasado”. Victoria Grabois, fundadora del grupo Nunca Jamás Tortura, señaló que "Desde un punto de vista positivo, es la primera vez que el Gobierno muestra los resultados de las investigaciones, aunque es su obligación; pero hay una segunda fase que muestra el lugar y las circunstancias de las muertes, cosa que el Gobierno aún hizo".

Si bien el gobierno brasileño, a partir de una ley de 1995 que admitió la responsabilidad gubernamental por la muerte de adversarios de la dictadura, pagó indemnizaciones a más de 300 familias, Grabois afirmó que ese dinero “sirvió para aliviar la conciencia de los ex agentes militares”, ya que no hay suma suficiente que “pague por vidas humanas".

El reconocimiento estatal de que los regímenes militares cometieron atrocidades contra sus opositores podría llegar a generar una avalancha de juicios. Con esa perspectiva, según el periódico Folha de San Pablo, “la cúpula del gobierno prevé el descontento de los oficiales de la reserva como también de los activos".

Fue en abril cuando las Fuerzas Armadas mostraron que todavía ostentan un importante poder institucional y que la transición democrática brasileña ha sido una de las más débiles entre los países del Cono Sur.

En esa ocasión, bastó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) insinuara que la aviación civil saldría paulatinamente del control marcial para que los uniformados insinuaran: "Nuestros pilares son la jerarquía y la disciplina; y el episodio de 1964 (Golpe de Estado) sólo ocurrió porque se intentó quebrar esos pilares". Las declaraciones fueron apoyadas por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), líder de la oposición.

Pero nada dijeron esos mismos jerarcas cuando, Nelson Jobim, en calidad de flamante ministro de Defensa, anunció que privatizaría algunas partes del sistema de tráfico aéreo. Jobim pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fuerza conservadora que nació como un esquema cívico-militar. En enero de 2007, Da Silva invitó a su Gabinete al PMDB para asegurase su apoyo parlamentario.

Como ocurre en Argentina, iluminar el pasado en Brasil equivale a rastrear la génesis e identificar a los beneficiarios de un modelo social –como distribución del poder político, económico, simbólico y militar- desigual y polarizante, que en la actualidad impera, se reproduce y profundiza. Por ejemplo, en 1964 Joao Goulart fue derrocado por su intento de avanzar con la reforma agraria, decretar el monopolio estatal en el sector petrolero y limitar al capital privado; hoy, Brasil es la economía más importante de América Latina pero también una, sino la más, de las sociedades más desiguales del planeta.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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