Medellín

Con un duro pronunciamiento contra las autoridades locales, regionales y nacionales, a las que acusaron de querer “ocultar la verdad sobre los crímenes y los criminales y de paso acallar la voz de las víctimas”, finalizó el viernes pasado en Medellín, Colombia, la Séptima Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, que congregó a por lo menos 120 personas procedentes de diversas zonas del departamento.

“Actitudes como la de la Alcaldía de Medellín, que a través de su Secretario de Gobierno, Gustavo Villegas, ordenó levantar la Galería de la Memoria, evidencian que la política de gobierno es ocultar la verdad sobre los crímenes y los criminales y de paso acallar la voz de las víctimas”, expresaron los asambleístas a través de una declaración política difundida este fin de semana por el capítulo Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Los hechos que suscitaron este cuestionamiento ocurrieron el martes 4 de septiembre, durante la inauguración oficial de la VI Jornada de Derechos Humanos y Contra la Impunidad, cuando funcionarios de Espacio Público procedieron a levantar una novedosa Galería de la Memoria, instalada a lo largo del Pasaje Carabobo, que consistía en una serie de ladrillos adornados con carteles fúnebres en los cuales se leían los nombres de víctimas de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y asesinatos selectivos cometidos en Antioquia durante los últimos 10 años.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gobierno, argumentó que la decisión de levantar la Galería de la Memoria se tomó porque en el permiso solicitado por los organizadores del evento había especificado que era hasta las 4 de la tarde y pasada esa hora aún continuaban los ladrillos en el pasaje Carabobo.

En su declaración política, las víctimas de crímenes de Estado, rechazaron “la actitud negligente, estigmatizadora, displicente e ilegal de las diferentes autoridades con respecto a la dignidad y derechos de las víctimas de los crímenes de Estado, que se ha evidenciado, entre otras, en el seguimiento y hostigamiento por parte de integrantes de inteligencia militar, la no investigación por las acciones de paramilitares, presuntamente desmovilizados, que hostigan, fotografían y amenazan a los integrantes del movimiento de víctimas. A ello se suma la orden de la administración municipal y departamental de prohibir los actos de memoria en la plazoleta del Palacio de Justicia o en otras partes de la ciudad”.

La Séptima Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado también repudió la negativa del Gobierno nacional de reconocer la existencia del conflicto social y armado “y su insistencia en acudir a estrategias de criminalización de la protesta social y la oposición política”.

Asimismo, refutó la propuesta de reconciliación nacional basada en el perdón a los victimarios y olvido de los crímenes: “Las víctimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos y por el contrario reafirmamos nuestro convencimiento de que la garantía de no repetición del terror es el reconocimiento de los mismos y la existencia de un gobierno democrático que no se sirva de los métodos de represión para gobernar”.

Alegaron las víctimas de crímenes de Estado que no se sienten respaldadas por la Ley de Justicia y Paz que se aplica a los paramilitares desmovilizados, y consideraron que este marco jurídico tiene como finalidad “burlar a la sociedad en general y en particular a las víctimas en sus derechos a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral. Por lo tanto, sentamos una vez más nuestra voz de rechazo a todas las iniciativas que pretendan favorecer a los victimarios”.

Además, rebatieron la pretensión de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de ser la vocera de las víctimas “y adelantar propuestas que no garantizan el pleno reconocimiento de nuestros derechos”.

La Séptima Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado también fue el escenario para discutir sobre las nuevas estructuras paramilitares que operan en el país y denunciar su accionar: “ellas continúan sembrando el terror en campos y ciudades ahora con la denominación de “águilas negras” o “grupos emergentes”. Por tanto, exigimos al gobierno nacional, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que no pretendan ocultar dicha continuidad al hablar de bandas aisladas, desarticuladas, cuyos crímenes son presentados como hechos aislados”.

Del rechazo a la propuesta

Pero la declaración política no sólo incluye denuncias y rechazos. En ella se ratificó el compromiso de continuar en la salvaguarda de la memoria histórica de las víctimas de crímenes de Estado, el esclarecimiento de los hechos en su verdad integral: “Asimismo, seguiremos en la exigencia de la sanción y castigo a todos los responsables y el logro de la reparación por todos los daños sufridos”.

Adicional a ello, desde Antioquia se invitó a todas las víctimas de crímenes de Estado para que se sumen y fortalezcan el Movimiento Nacional de Víctimas: “La articulación y la resistencia, son la única garantía que podrá hacer posible el reconocimiento de nuestros derechos”. Quienes respaldaron este pronunciamiento se comprometieron a continuar en el desarrollo de diversas estrategias, entre ellas dinamizar la Comisión Ética Internacional, la realización del catastro alternativo para la restitución de las tierras y la búsqueda de los desaparecidos.

Por último, La Séptima Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado hizo un llamado a todos los movimientos y organizaciones sociales, nacionales e internacionales, y a la sociedad en general, “a que se solidaricen y nos acompañen en la legítima exigencia de nuestros derechos al Estado colombiano, a que persistamos en la movilización permanente de denuncia y exigencia para que Nunca Más se comentan crímenes de Estado”.

Agencia de Noticias IPC

Medellín, Colombia

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