Pese a que su tribunal electoral (ese que les ayudó tanto para que obtuvieran el "gane" del referéndum sobre el TLC), les indicó que las denominadas leyes de implementación no se votaron el 7 de octubre; el régimen de los hermanos Arias Sánchez pretende fundirlas en un solo proyecto para, de un porrazo, aprobarlas lo más rápidamente posible, cometiendo un nuevo acto de asalto a la democracia. Los escuderos gobiernistas en el parlamento, el partido de los casinos y las casas de apuestas, han tomado la iniciativa, dando la señal de salida de esa carrera loca hacia la confrontación social abierta.

Así tenemos que, entre varios proyectos de esa "agenda de implementación", la entrega del ICE y del INS, junto con la Caja (propiedad intelectual-medicamentos), se fundirán en un único proyecto de ley, al que ya podemos denominar el Megacombo. Es tal la desesperación de los grupos económicos poderosos de la campaña del miedo por realizar sus esperados negocios con ese suculento patrimonio público, que parece se decidirán por una iniciativa legal de semejante calibre. Sin duda alguna, esto constituye una provocación de incalculables proporciones contra la propia institucionalidad que ellos dicen defender y contra la misma paz social.

En consecuencia, nosotros estimamos que el derecho de rebelión contra semejante ataque a la civilidad no podrá ser eludido por la conjunción de fuerzas cívicas que, a lo largo de los últimos años y por diversas maneras, nos resistimos a la entrega de la Patria, a la voracidad mercantil del más rancio capital oligarca centroamericano que ya comanda los destinos de Costa Rica, en alianza de negocios con sus pudientes socios locales.

Y es que, efectivamente, los hermanos Arias Sánchez (particularmente el que funge como Presidente de la República), deben una explicación abierta a la ciudadanía de sus relaciones con personajes centroamericanos de gran poderío económico como el guatemalteco Dionisio Gutiérrez, el salvadoreño José Ricardo Poma, el panameño Stanley Motta, el nicaragüense Jaime Montealegre Lacayo, entre otros.

Todos ellos están presuntamente asociados en una firma de negocios denominada "Mesoamerica Investments", junto con el costarricense Rodolfo Jiménez Borbón (Grupo Nación GN S. A.). Este grupo de negocios, "Mesoamérica Investments" ya tiene inversiones en telecomunicaciones en los otros países centroamericanos y aspira a incursionar en Costa Rica, una vez que el "megacombo" (que incluye las leyes de implementación para la privatización-apertura del ICE), logren aprobación legislativa.

Estos datos, dados a conocer por la prestigiosa publicación periodística Semanario Universidad, explican una de las poderosas motivaciones de la monstruosa campaña del miedo desarrollada en los tres días antes del referéndum, en lo que constituye ya la más grande operación psicológica de propaganda mentirosa y manipuladora jamás desplegada en un proceso electoral costarricense.

Razón tenía el Presidente del Grupo TACA-Costa Rica, el Dr. Fernando Naranjo Villalobos, cuando en un correo interno dirigido a su personal indicó (el viernes 5, dos días antes del referéndum), que "lamentablemente si la decisión fuera No ratificar el TLC, TACA se vería obligada a revisar sus planes de expansión en el país para los años siguientes". Un claro ejemplo de lo que sucedió en muchas empresas privadas.

Indudablemente que estamos más que legitimados para ejercer el democrático y civilista Derecho de Rebelión, con el fin de oponernos a las denominadas "leyes de implementación del TLC", ahora que serían fundidas en un único proyecto, el megacombo.

- Albino Vargas Barrantes es secretario general Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Nota: El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de rebelión e instigación pública en perjuicio del Estado Costarricense y la tranquilidad pública.

El documento fue presentado el 25 de octubre por el abogado José Luis Vargas, presidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, al considerar que las declaraciones del funcionario de la ANEP, publicadas en el sitio Web del sindicato, "fomentan que las personas cometan actos de vandalismo y rebelión".