Medellín

La comunidad indígena Emberá Katío que habitan en el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño, temen perder 20 mil hectáreas de tierra de sus resguardos, que tuvieron que abandonar hace más de diez años por presión de los grupos armados ilegales.

Explotadores de maderas y nuevos colonos, ajenos al entorno indígena, han venido lucrándose de unas tierras que ancestralmente les han pertenecido a los Emberá Katío y por ley hacen parte de los resguardos Chontadural-Cañero, Coribibedadó-Silencio y Jaiquerazabi que, en total, abarcan 42.437 hectáreas, de las cuales 20.000 están en riesgo de ser apropiadas por extraños.

“Aunque son nuestros resguardos, allá ha entrado mucha gente no indígena a sacar la madera. Mucha gente se quiere adueñar de nuestras tierras; incluso, hay gente que aparece con documentos de compraventa, eso quiere decir que alguien está vendiendo nuestros predios. Cada vez se nos crecen los problemas en ese sentido en nuestra comunidad”, expresó Carlina Borja, representante de los Emberá Katío.

Ataviada con sus vestimentas tradicionales, esta líder indígena llegó desde Mutatá, tras recorrer 230 kilómetros, para hablar ante la Audiencia Pública de Víctimas, que se realizó en Medellín en el marco de la XVII Campaña de Derechos Humanos-Antioquia, y a la que asistieron diversas autoridades nacionales, entre ellas el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín y defensores de derechos humanos de diversas organizaciones no gubernamentales.

Consultada por la Agencia de Prensa IPC sobre el problema de tierras que viven sus comunidades, Carlina explicó que los más afectados por la expropiación y explotación indebida son los resguardos de Chontadural Cañero, que tiene 9.850 hectáreas, pero el 70% ha sido vulnerado, y de Jaiquerazabi, que con 32.482 hectáreas, tiene un 40% intervenido.

“Todo eso viene sucediendo porque el Gobierno lo está permitiendo, pues está dejando que otras personas no indígenas titulen nuestras tierras con el argumento de que no las estamos trabajando y están abandonadas. Los colonos que llegan las trabajan y después les dan la posesión. Pero los indígenas no dejamos de trabajar esas tierras y las abandonamos porque quisimos. Nos fuimos de allí porque nos estaban matando”, manifestó Carlina.

Los desplazamientos forzados, las masacres, las desapariciones forzadas, los bombardeos y la siembra de minas antipersona comenzaron en los resguardos de Mutatá en 1996. A partir de ese año, los indígenas iniciaron una migración desde las veredas El Porroso, Villa Arteaga, Surrambay, Mutatacito, Cañaduzales, Sabaletas, Bedo encanto, Jaiquerazabi, Los cacaos, Chontaduralito, Chontadural Cañero y Mongudó, hacia el casco urbano de la localidad, dejando tras de sí sus parcelas. En estos diez años, los efectos han sido nefastos: de 18 comunidades que había a mediados de la década del 90 hoy se redujeron a 12; y de 4.300 indígenas, sólo quedan en la región 2.295.

“Todas las comunidades Emberá Katío se desplazaron desde 1996. Por dos años estuvimos en el casco urbano, y a partir de 1998, la gente empezó a dispersarse. Muchos nos fuimos a vivir a diez minutos del pueblo, en las márgenes del río Mutatá; y otros se instalaron en Turbo, en Apartadó. Nuestro tejido se desarticuló, pero hemos venido trabajando para recuperarlo y comenzar a pensar en recuperar los territorios”, sostuvo la líder indígena.

Será un nuevo intento. En 1998, varias familias retornaron a la vereda El Porroso, pero a los dos meses de estar allí hubo un bombardeo e hirieron a varios indígenas y nuevamente se tuvieron que desplazar. Desde esa época no volvieron a retornar y aún temen regresar. Las veredas indígenas se convirtieron desde hace varias décadas en corredores estratégicos tanto para la guerrilla como para los grupos paramilitares.

“Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, lo hemos denunciado en repetidas ocasiones, pero siguen las violaciones de derechos humanos, la pérdida de derechos sobre nuestros territorios y a vivir como pueblos indígenas, a la autonomía y a la alimentación tradicional. Han quedado impunes las violaciones sexuales por integrantes de la fuerza pública. Cuando lo hemos denunciado, nos han mandado es a callar, y si nos ponemos a hacer vueltas, nos ofrecen plata para que callemos. Además, para nosotros preferimos el campo, nuestras parcelas. Es un crimen para nosotros vivir en las zonas urbanas”, se lamentó Carlina.

Pero no sólo tienen dificultades con la posesión de las tierras. Vivir fuera de su espacio ancestral les ha ocasionado problemas de nutrición, sobre todo en los menores de edad. Pasaron de consumir sus propios alimentos a comprarlos en las tiendas, lo que tiene efectos negativos en su seguridad alimentaria. Además, también se enfrentan a una vida laboral subordinada a los colonos. Sin parcelas propias, sin sus cultivos tradicionales, se han visto abocados a trabajar la tierra de otros por 12 mil pesos el día.

“Por eso hemos venido a esta audiencia pública, a que nos escuchen, a que nos tengan en cuenta. Nosotros los indígenas también hacemos parte de la sociedad; somos un pueblo que se resiste a perder sus costumbres y sus tierras. Queremos que nos respeten nuestras vidas, nuestros territorios, nuestra identidad cultural, que nos miren, que nos tengan en cuenta, que nos escuchen”, dijo con insistencia Carlina Borja, con la esperanza de ser escuchada.

Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co