La igualdad de género es una preocupación del gobierno de Michelle Bachelet. Se ha avanzado en una política de Estado con mayor participación, reformas a la legislación sobre violencia intrafamiliar, y un esfuerzo dirigido a superar el colapso de los Juzgados de Familia y a reformar el Código Civil. Pero aún se mantienen muchas de las viejas lacras sexistas.
 
Entre las discriminaciones de piel dura se pueden citar la poca participación femenina en la fuerza laboral; diferencias de 30 por ciento y más en los salarios; el 92 por ciento de las víctimas de violencia son mujeres; un régimen matrimonial que establece que es el hombre quien administra los bienes; publicidad sexista, medios de comunicación que invisibilizan a la mujer; femicidios y desprotección a mujeres violentadas, etc. “Temas de protección social y de igualdad de género que fueron visibilizados gracias a que hoy tenemos una Presidenta. Poner como prioridad los derechos de las mujeres es un tema de justicia y una necesidad”, dice la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Laura Albornoz Pollmann, abogada de la Universidad de Chile.

El año pasado 42 mujeres fueron asesinadas en Chile. En lo que va de este año la cifra llega a 56. El aumento de femicidios evidenció la dramática situación que viven las mujeres en los Tribunales de Familia chilenos. Entre 2005 y 2006 ingresaron más de 500 mil causas judiciales. Al 1º de octubre, la cifra se había elevado a 800 mil. La Región Metropolitana lleva la delantera con un 33,23 por ciento. Estadísticas del Poder Judicial para 2003 y 2004 indicaban que sólo en los juzgados de menores existía un incremento de un 3,2 por ciento anual. Si se hubiera calculado igual variación para 2005 y 2006, se habría concluido que se superaría la proyección calculada. Eso, sin incluir que los Juzgados de Familia también instruyen divorcios y violencia intrafamiliar. La dotación de personal se hizo en forma gradual, y hoy los juicios demoran tanto o más que antes. Ninguno de los proyectos que tipifica el femicidio como delito tiene urgencia.
La justicia vive un colapso que es parte de la cultura del maltrato.
 
La ministra Albornoz comenta: “Es insólito que el femicidio no genere protestas pero sí lo haga el Transantiago. Hay también más preocupación por la delincuencia que por el asesinato de mujeres”. La justicia pareciera actuar con desidia e indiferencia. Sólo una de cada 20 denuncias de mujeres violentadas se concreta en la detención del agresor. No hay políticas suficientes para resguardar la vida e integridad de las mujeres y sus hijos.
 
Oficialmente se reconoce que van 56 mujeres asesinadas en 2007, aunque no hay datos confiables. Femicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo: el protagonista es el machismo y la relación desigual de poder entre hombres y mujeres.
 
La ministra Laura Albornoz dice: “Acoso, violaciones, torturas, incesto, abusos, maltratos físicos y emocionales, culminan con la muerte. En forma histórica el maltrato de la mujer ha sido tolerado socialmente. Esta historia es más antigua que el hilo negro. La estructura patriarcal permite que se toleren conductas que incluso las mujeres aceptan, incluyendo discriminaciones que llevan a la muerte. Aunque los medios de comunicación exacerbaron el femicidio, sin embargo han jugado un rol en su visibilización y hoy son más rigurosos en su tratamiento. Organizaciones de mujeres reivindicaban el tema, pero nunca lo escuché con fuerza en el discurso político. Se luchó por la recuperación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, pero el maltrato a la mujer siguió subestimado y tolerado culturalmente. Se aceptaba la agresión y el abuso de poder. Es verdad que ahora hay una ley. Pero considerar la violencia contra la mujer como un delito, recién es de octubre del 2005. En 1995 se intentó legislar y no hubo apoyo para sancionar el maltrato como un delito. Lamentablemente ha pasado con todos los temas vinculados al género. Cuando se legisló sobre el acoso sexual algunos parlamentarios dijeron que a la mujer le gusta que la piropeen, que el latino es así, que es nuestra cultura, etc. La violencia contra la mujer -por otra parte- atraviesa a la sociedad entera. Afecta a todos los estratos, a indígenas, profesionales, etc. Es en el ámbito privado -en el espacio de las relaciones íntimas- donde ocurre con mayor frecuencia el femicidio. Es la culminación de años de violencia en el seno de la pareja”.
 
Tribunales de Familia no dan abasto
 
Los Juzgados de Familia están colapsados por exceso de causas. Se prometieron juicios que durarían tres meses, con mayor transparencia y demandas en forma directa, sin necesidad de abogados. Hoy se reconoce que no se dotó al sistema de los recursos que necesitaba. La mujer que presenta una demanda debe esperar 15 a 20 días para que se fije una fecha para la audiencia preparatoria que tendrá lugar de seis a ocho meses más tarde. A un mes de inaugurado el sistema, los juzgados estaban colapsados, con largas colas de mujeres esperando para ser atendidas. Se invirtieron más de 120 millones de dólares en implementar 60 tribunales y hay 258 jueces exclusivos. Se dictaron leyes de matrimonio civil, violencia intrafamiliar y otras. Se aumentó en cinco veces la dotación de magistrados dedicados al tema. Se afirmó que el proceso oral simplificaría los casos de pensiones alimentarias, visitas, tuición, divorcios, medidas de protección, filiación, etc. La ley se aprobó en 2004 y los juzgados iniciaron su trabajo en octubre de 2005. A los tres meses estaban colapsados: ingresaron cientos de miles de causas. Se pensaba en 160 mil, pero en 2006 excedían las 400 mil, la mayoría por pensión de alimentos y violencia intrafamiliar.

Se ha avanzado en algunas leyes como la de pensiones alimentarias, pero los Juzgados de Familia están colapsados. “Las mujeres -dice la ministra del SERNAM- hacen largos recorridos en tribunales para conseguir justicia, particularmente desde que entraron en vigencia los Tribunales de Familia, en octubre de 2005. Hay un empantanamiento del que nos hemos hecho cargo presentando reformas legales que están siendo discutidas en el Congreso. Cuando se dictó la ley los recursos fueron mal calculados. En esto hubo también una discriminación de género, pues el 70 por ciento de los usuarios de los Tribunales de Familia son mujeres. En la actualidad, si el demandado incumple el fallo, la sanción puede llegar hasta el presidio. Pero las leyes no cambian de inmediato las conductas. Se establecieron medidas de apremio más perentorias: arresto, suspensión de la licencia de conducir, retención de impuestos. El día de mañana tendrán que pensarlo dos veces si intentan no cumplir con la pensión alimentaria que ha fijado el Tribunal”.
 
-¿En qué ha avanzado una política social para proteger a la mujer?

-Se ha posicionado el tema de género con una mirada centrada en los derechos de la mujer, no como anteriores políticas sociales que se orientaban a la atención asistencial. La mujer se visibiliza de verdad en la agenda pública durante este gobierno. Se incorpora en el discurso de la presidenta y de su gobierno. Se ha luchado contra los resquemores que provoca romper algunos esquemas tradicionales de hacer política. Se ha logrado posicionar una “agenda de la mujer” y hay mayor percepción de la temática de género. Se ha traducido en avances y reformas legales como la ley de filiación, de matrimonio civil, el rol activo de SERNAM, la tipificación de delitos como el acoso sexual, varias reformas en materia laboral como la ley de amamantamiento, el fuero maternal para las trabajadoras de casas particulares, etc. Hoy se reconoce que las mujeres tenemos necesidades diferenciadas a las de los hombres y eso no va contra la aspiración de la igualdad de oportunidades.
 
Discriminación laboral y sociedad conyugal
 
-¿Qué ocurre con la discriminación laboral? Aún no se remunera a las mujeres de la misma forma que a los hombres y hay respecto a ellas exigencias muy severas.

-La brecha salarial no es la principal discriminación laboral. Lo es la informalidad, el trabajo precario, el insuficiente acceso al mercado de trabajo. Las mujeres de los quintiles más pobres tienen una tasa de participación en el trabajo del 22 por ciento. Sin embargo, el 45 por ciento de los hogares indigentes son encabezados por mujeres. No sólo por razones de igualdad de género se debe incorporar a las mujeres al empleo. Si tenemos más mujeres en el mercado de trabajo habrá menos pobreza, menos familias desamparadas, menos vulnerabilidad. Algunos siguen pensando que la mujer es menos rentable como trabajadora, que es incumplidora, y que pasa preocupada por los niños. La discriminación no sólo opera por diferencia de salarios. Pocos saben que las mujeres tenemos en promedio 11,8 años de estudios versus 10,7 de los hombres. La sociedad carga con prejuicios y estereotipos respecto a las mujeres. Esos prejuicios son una tremenda limitante para superar las discriminaciones laborales o la violencia.
Hoy nos sorprende cómo en el discurso público se tardó tanto en incorporar la violación de derechos humanos más común y tolerada: el 92 por ciento de las víctimas de maltratos son mujeres. Reciben 30 por ciento menos de salario que los hombres por el mismo trabajo y sufren “castigos” por la maternidad aunque hay un discurso que la protege. No es frecuente que se contrate mujeres embarazadas. Aunque el test de embarazo fue prohibido por ley, algunas empresas siguen exigiéndolo. En el currículum opera la misma discriminación respecto de mujeres y hombres. Pero en el caso de la mujer se añade el factor género. Si la mujer estudia en liceos municipales o vive en una comuna popular, no la contratan. Las mujeres que no tienen redes familiares no pueden acceder -o les cuesta más- a trabajos de calidad. La presidenta Bachelet instruyó a la Administración Pública a exigir un “currículum ciego” a las postulantes a un trabajo. No se detalla origen o comuna donde vive, estado civil y, por cierto, tampoco la apariencia física. Desde hace un año estamos tratando de integrar en forma voluntaria a estas buenas prácticas laborales y de equidad de género a la empresa privada.
Las mujeres sufren “castigos” por la maternidad. Aunque hay un discurso que las protege, no es frecuente que se contrate a mujeres embarazadas.
 
-El SERNAM acogió denuncias de trabajadoras de supermercados que eran obligadas a usar pañales para no abandonar sus puestos y eran revisadas desnudas al finalizar su jornada laboral. ¿Existen otras denuncias de esa índole?

-Recibimos denuncias respecto a los supermercados Santa Isabel y a empresas salmoneras. Pedimos a las Inspecciones del Trabajo una investigación al respecto. Más que obligarlas a usar pañales, no tenían permiso para ir al baño. Muchas mujeres utilizaban pañales pero no se había formalizado ninguna denuncia. Lo mismo en empresas salmoneras. El presidente de SalmónChile me invitó a visitar las salmoneras, aunque imagino que no voy a estar en contacto con aquellas trabajadoras que sufren discriminación. Posiblemente sólo me muestren la cara bonita de la medalla. Sin embargo, una mesa de trabajo en la X Región examinará si ocurren situaciones de discriminación. Parlamentarios de la comisión especial de la industria del salmón señalan que no hay conclusiones de abusos ni denuncias concretas. La fiscalización está radicada en las Inspecciones del Trabajo. La directora regional del Trabajo de la X Región no tiene en su poder ninguna denuncia. No pudo comprobar que trabajadoras de las salmoneras hayan sido obligadas a usar pañales. Tampoco lo comprobó la Inspección del Trabajo de la XI Región.
 
-La ley de amamantamiento amplió el permiso de las madres que trabajan en empresas con sala cuna ¿Se ha visto un mejoramiento? ¿Ha habido fiscalización?

-Independientemente del tamaño de las empresas, se extendió el derecho a amamantar a todas las madres. Un derecho que, por una pobre interpretación de la Dirección del Trabajo, sólo se otorgaba a quienes laboraban en empresas con más de 20 mujeres. La nueva ley, por otra parte, pone un piso interesante para la negociación colectiva. Las trabajadoras pueden pactar mejores modalidades laborales y obtener el reconocimiento de sus derechos de protección a la maternidad. Ha habido fiscalización. La ley es conocida por más mujeres de las que pueden hacer uso de ella. Aún falta avanzar en que más trabajadoras hagan uso de sus derechos.
 
-El Estado chileno fue denunciado ante organismos internacionales por la discriminación que sufren las mujeres casadas bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal que otorga al marido la facultad de administrar los bienes. Un proyecto proponía derogar la sociedad conyugal por discriminatoria. ¿Qué ha sucedido?

-Ese proyecto lleva once años en el Congreso. Lo mismo ocurre con el proyecto de cuotas de la participación política de la mujer. Nos dicen que se aprobará después de la reforma del sistema electoral binominal. Entre los excluidos de la política, las más excluidas hemos sido las mujeres. El Sernam impulsó la derogación de la sociedad conyugal y se pidió urgencia para el proyecto. Está en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Los senadores están concordando dejar vigente la sociedad conyugal como régimen alternativo. Quieren que modifiquemos el régimen de comunidad de los gananciales que plantea el gobierno y permitir que no exista un solo régimen legal sino que todos sean optativos. Esto debiera derogarse porque establece que el jefe de la familia es el hombre por el sólo hecho de ser hombre. Hay consenso de que es inviable un régimen que designe un jefe por su sexo, aunque a juicio de algunos esto protege a la mujer casada que no tiene trabajo remunerado. El gobierno insistirá en que exista un régimen igualitario y que esto prime si las partes nada dicen al contraer matrimonio. Así la sociedad conyugal desaparecerá por inutilización.
 
En Santiago, Arnaldo Pérez Guerra
Rel-UITA
28 de diciembre de 2007