Gobierno condena a desplazados por la guerra a ser peones de finca
15/02/2008
- Opinión
Bogotá
El Gobierno colombiano tiende a convertir a los desplazados por la guerra en peones de finca y persiste en la idea de negarles la posibilidad de recuperar las tierras que abandonaron de manera forzada y el derecho a ser propietarios.
A esa conclusión llega Jorge Rojas, director ejecutivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), al ser consultado por la Agencia de Prensa IPC sobre el debate que ha planteado el intento del Ministerio de Agricultura de entregarle a empresarios privados la finca Carimagua, ubicada el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, argumentando que ni el Gobierno ni los desplazados tienen los recursos necesarios para adecuar las 17.000 hectáreas de tierra que posee el predio.
“Todo esto indica que el Gobierno tiene la idea de que los campesinos desplazados deben ser peones o jornaleros de los grandes proyectos macroeconómicos antes que propietarios de tierras, y los descalifica por pobres, que no es su culpa, por brutos, que no es cierto, y le da prioridad a unos empresarios que tienen muchos recursos, no sabemos de dónde, y que tienen mucho conocimiento y posibilidades de trabajo”, asevera Rojas.
Tras la denuncia sobre el cambio de destinación de las tierras, hecha por el periódico El Tiempo en su edición del domingo 10 de febrero, diversos sectores sociales no gubernamentales y organismos de control del Estado se pronunciaron en contra de la decisión y lograron por lo menos que se suspendiera la adjudicación de la finca Carimagua, programada para el 21 de febrero, y se estudiaran las posibilidades que están en juego: entregárselas a las comunidades de desplazados o a la empresa privada.
“El hecho de que se revierta la decisión administrativa de adjudicación de la finca Carimagua no quiere decir que se revierta la política de atención al desplazado”, señala Rojas, pero destaca que este predio y la discusión que ha generado marca un punto muy alto en el debate público sobre la efectividad o no de las políticas de atención a los desplazados por la guerra, en particular aquellas que tienen que ver con la tenencia de la tierra.
“Esta discusión evidencia el problema de la tierra en relación con la población desplazada. Aquí nos olvidamos de la esencia misma del conflicto y que la crisis humanitaria está centrada en la tenencia de la tierra. Este debate nos lleva a repetir lo que ya se ha dicho una y mil veces: el problema central de este conflicto es la tenencia de la tierra, el desplazamiento forzado y su apropiación violenta”, explica Rojas.
Por lo menos así lo demuestra el informe Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, el cual fue entregado a la Corte Constitucional a finales de enero de este año para establecer el estado de las políticas de atención a la población desarraigada y el goce efectivo de derechos. Según las encuestas realizadas en 50 municipios del país a 6.616 hogares en situación de desplazamiento forzado registradas desde 1999, el 73% del total encuestado y registrado proviene del campo y sufrieron el despojo y el destierro.
Otro aspecto que refuerza la idea de Rojas son los registros del Gobierno nacional para la protección de tierras. Según Codhes, se tiene un registro de 1 millón 700 mil hectáreas declaradas en riesgo; eso quiere decir que la población desplazada ha logrado convencer a las autoridades locales que su finca no se puede vender, permutar u ocupar por razones del desplazamiento.
La pregunta es: ¿cuántas hectáreas han sido protegidas? “No sabemos”, responde el director ejecutivo de Codhes, pero evidencia la dimensión general del problema; no obstante, es una muestra de lo que está en disputa, pues según agencias estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, Acción Social y Codhes, entre 5 y 7 millones de hectáreas han sido objeto de despojo violento y han cambiado de dueño en los últimos años en el país.
En Colombia, el grado de concentración de la tierra es muy alto: tan sólo el 4% de la población posee el 65% de las mejores tierras en el país, y esa concentración está asociada a formas violentas de apropiación. A juicio de Rojas, “este gobierno representa en buena parte a los apropiadores, llámense ganaderos, latifundistas, terratenientes, narcotraficantes o paramilitares”.
El contrataste lo ofrece el bajo volumen de adjudicación de tierras a población desplazada por parte del Gobierno nacional provenientes de tierras baldías del Estado o de extinción de dominio. Registros estatales a julio de 2006 indican que en los últimos cinco años de gobierno se han entregado efectivamente a la población desplazada 118.000 hectáreas a 3.070 familias durante este gobierno.
“Ese es todo el resultado de la gran redistribución de tierras a la población desplazada que el gobierno ha anunciado insistentemente. Falta ver la calidad de esas tierras, falta ver la sostenibilidad de los desplazados en esas tierras y falta ver si todos los que han recibido esas tierras son desplazados”, expresa Rojas, y advierte que no hay una intencionalidad real de la actual administración de adjudicar tierras a la población desplazada. “Lo paradójico es que cuando se presenta una oportunidad de revertir esta situación, con 17.000 hectáreas en Carimagua, el Gobierno cambia de opinión y argumenta que esas tierras no son aptas y prioriza a los empresarios por encima de los desplazados”, señala el directivo de Codhes.
Sigue el desarraigo
El problema es que el drama del desplazamiento continúa. Codhes estima que 524 mil familias se desplazaron de manera forzada entre 1999 y 2007. De ellas, 490 mil familias abandonaron tierras. “Lo que resulta paradójico es que de por lo menos 2,3 millones de personas registradas como desplazadas en el sistema oficial, el 55% de ellas se desplazaron en los últimos cinco años, es decir durante la vigencia de la política de seguridad democrática que impulsa el gobierno de Uribe Vélez”, señala Rojas.
Algo está fallando puesto que sigue habiendo desplazados en Colombia. De acuerdo con el informe Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, los grupos paramilitares no han dejado de ser agentes desplazadores en el país. La encuesta advierte que que el 37% del total de los hogares le atribuyen su desarraigo a estos grupos, seguidos de las Farc con el 30%, el resto se distribuye entre el Eln y agentes desconocidos.
Adicionalmente, la geografía del desplazamiento en el país está variando, dada la dinámica del conflicto armado. En los años 80, las zonas de expulsión estaban concentradas en amplias regiones del Magdalena Medio, Urabá antioqueño, Córdoba y, en menor proporción, varias zonas de los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo; durante la década del 90 emerge el desplazamiento en los departamentos de Chocó, Sucre, Cesar y Magdalena; en la actual década, el conflicto se traslada a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.
“En este momento estamos ante una situación de expansión del conflicto, con la consecuente crisis humanitaria, hacia los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. Desde hace un tiempo estamos sosteniendo que estas regiones serán el escenario fuerte del conflicto en poco tiempo”, prevé el director ejecutivo de Codhes. El problema es grave si se tiene en cuenta que por lo menos el 65% de los habitantes de esos cuatro departamentos es indígena y, según Rojas, en esos territorios ampliamente selváticos hay más colonos de lo que el Gobierno sospecha.
“Nuestra lectura es que hay un control militar de las FARC de amplias zonas de esos cuatro departamentos; hay presencia de grupos paramilitares, no sé si son de la nueva o vieja generación, pero los mismos grupos haciendo las mismas cosas con sus mismos aliados; hay muchos cultivos de coca; hay fronteras permeables para el contrabando; selva suficiente para esconder a todos los actores del conflicto, y una creciente militarización. Aún no es una zona de alta confrontación, pero vamos hacia allá, esos son los nuevos límites de la expansión de la guerra”, afirma Rojas.
La situación se vislumbra dramática para quienes afrontan hoy y vivirán mañana el desplazamiento forzado por culpa de la guerra, puesto que el conflicto armado tienen una mayor dinámica que la promulgación de leyes para proteger a la población civil de los efectos de la confrontación, en particular sobre la tenencia de la tierra. De no mediar una legislación favorable a los desarraigados, el Gobierno colombiano persistirá en convertirlos en peones de finca.
Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co
El Gobierno colombiano tiende a convertir a los desplazados por la guerra en peones de finca y persiste en la idea de negarles la posibilidad de recuperar las tierras que abandonaron de manera forzada y el derecho a ser propietarios.
A esa conclusión llega Jorge Rojas, director ejecutivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), al ser consultado por la Agencia de Prensa IPC sobre el debate que ha planteado el intento del Ministerio de Agricultura de entregarle a empresarios privados la finca Carimagua, ubicada el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, argumentando que ni el Gobierno ni los desplazados tienen los recursos necesarios para adecuar las 17.000 hectáreas de tierra que posee el predio.
“Todo esto indica que el Gobierno tiene la idea de que los campesinos desplazados deben ser peones o jornaleros de los grandes proyectos macroeconómicos antes que propietarios de tierras, y los descalifica por pobres, que no es su culpa, por brutos, que no es cierto, y le da prioridad a unos empresarios que tienen muchos recursos, no sabemos de dónde, y que tienen mucho conocimiento y posibilidades de trabajo”, asevera Rojas.
Tras la denuncia sobre el cambio de destinación de las tierras, hecha por el periódico El Tiempo en su edición del domingo 10 de febrero, diversos sectores sociales no gubernamentales y organismos de control del Estado se pronunciaron en contra de la decisión y lograron por lo menos que se suspendiera la adjudicación de la finca Carimagua, programada para el 21 de febrero, y se estudiaran las posibilidades que están en juego: entregárselas a las comunidades de desplazados o a la empresa privada.
“El hecho de que se revierta la decisión administrativa de adjudicación de la finca Carimagua no quiere decir que se revierta la política de atención al desplazado”, señala Rojas, pero destaca que este predio y la discusión que ha generado marca un punto muy alto en el debate público sobre la efectividad o no de las políticas de atención a los desplazados por la guerra, en particular aquellas que tienen que ver con la tenencia de la tierra.
“Esta discusión evidencia el problema de la tierra en relación con la población desplazada. Aquí nos olvidamos de la esencia misma del conflicto y que la crisis humanitaria está centrada en la tenencia de la tierra. Este debate nos lleva a repetir lo que ya se ha dicho una y mil veces: el problema central de este conflicto es la tenencia de la tierra, el desplazamiento forzado y su apropiación violenta”, explica Rojas.
Por lo menos así lo demuestra el informe Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, el cual fue entregado a la Corte Constitucional a finales de enero de este año para establecer el estado de las políticas de atención a la población desarraigada y el goce efectivo de derechos. Según las encuestas realizadas en 50 municipios del país a 6.616 hogares en situación de desplazamiento forzado registradas desde 1999, el 73% del total encuestado y registrado proviene del campo y sufrieron el despojo y el destierro.
Otro aspecto que refuerza la idea de Rojas son los registros del Gobierno nacional para la protección de tierras. Según Codhes, se tiene un registro de 1 millón 700 mil hectáreas declaradas en riesgo; eso quiere decir que la población desplazada ha logrado convencer a las autoridades locales que su finca no se puede vender, permutar u ocupar por razones del desplazamiento.
La pregunta es: ¿cuántas hectáreas han sido protegidas? “No sabemos”, responde el director ejecutivo de Codhes, pero evidencia la dimensión general del problema; no obstante, es una muestra de lo que está en disputa, pues según agencias estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, Acción Social y Codhes, entre 5 y 7 millones de hectáreas han sido objeto de despojo violento y han cambiado de dueño en los últimos años en el país.
En Colombia, el grado de concentración de la tierra es muy alto: tan sólo el 4% de la población posee el 65% de las mejores tierras en el país, y esa concentración está asociada a formas violentas de apropiación. A juicio de Rojas, “este gobierno representa en buena parte a los apropiadores, llámense ganaderos, latifundistas, terratenientes, narcotraficantes o paramilitares”.
El contrataste lo ofrece el bajo volumen de adjudicación de tierras a población desplazada por parte del Gobierno nacional provenientes de tierras baldías del Estado o de extinción de dominio. Registros estatales a julio de 2006 indican que en los últimos cinco años de gobierno se han entregado efectivamente a la población desplazada 118.000 hectáreas a 3.070 familias durante este gobierno.
“Ese es todo el resultado de la gran redistribución de tierras a la población desplazada que el gobierno ha anunciado insistentemente. Falta ver la calidad de esas tierras, falta ver la sostenibilidad de los desplazados en esas tierras y falta ver si todos los que han recibido esas tierras son desplazados”, expresa Rojas, y advierte que no hay una intencionalidad real de la actual administración de adjudicar tierras a la población desplazada. “Lo paradójico es que cuando se presenta una oportunidad de revertir esta situación, con 17.000 hectáreas en Carimagua, el Gobierno cambia de opinión y argumenta que esas tierras no son aptas y prioriza a los empresarios por encima de los desplazados”, señala el directivo de Codhes.
Sigue el desarraigo
El problema es que el drama del desplazamiento continúa. Codhes estima que 524 mil familias se desplazaron de manera forzada entre 1999 y 2007. De ellas, 490 mil familias abandonaron tierras. “Lo que resulta paradójico es que de por lo menos 2,3 millones de personas registradas como desplazadas en el sistema oficial, el 55% de ellas se desplazaron en los últimos cinco años, es decir durante la vigencia de la política de seguridad democrática que impulsa el gobierno de Uribe Vélez”, señala Rojas.
Algo está fallando puesto que sigue habiendo desplazados en Colombia. De acuerdo con el informe Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, los grupos paramilitares no han dejado de ser agentes desplazadores en el país. La encuesta advierte que que el 37% del total de los hogares le atribuyen su desarraigo a estos grupos, seguidos de las Farc con el 30%, el resto se distribuye entre el Eln y agentes desconocidos.
Adicionalmente, la geografía del desplazamiento en el país está variando, dada la dinámica del conflicto armado. En los años 80, las zonas de expulsión estaban concentradas en amplias regiones del Magdalena Medio, Urabá antioqueño, Córdoba y, en menor proporción, varias zonas de los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo; durante la década del 90 emerge el desplazamiento en los departamentos de Chocó, Sucre, Cesar y Magdalena; en la actual década, el conflicto se traslada a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.
“En este momento estamos ante una situación de expansión del conflicto, con la consecuente crisis humanitaria, hacia los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. Desde hace un tiempo estamos sosteniendo que estas regiones serán el escenario fuerte del conflicto en poco tiempo”, prevé el director ejecutivo de Codhes. El problema es grave si se tiene en cuenta que por lo menos el 65% de los habitantes de esos cuatro departamentos es indígena y, según Rojas, en esos territorios ampliamente selváticos hay más colonos de lo que el Gobierno sospecha.
“Nuestra lectura es que hay un control militar de las FARC de amplias zonas de esos cuatro departamentos; hay presencia de grupos paramilitares, no sé si son de la nueva o vieja generación, pero los mismos grupos haciendo las mismas cosas con sus mismos aliados; hay muchos cultivos de coca; hay fronteras permeables para el contrabando; selva suficiente para esconder a todos los actores del conflicto, y una creciente militarización. Aún no es una zona de alta confrontación, pero vamos hacia allá, esos son los nuevos límites de la expansión de la guerra”, afirma Rojas.
La situación se vislumbra dramática para quienes afrontan hoy y vivirán mañana el desplazamiento forzado por culpa de la guerra, puesto que el conflicto armado tienen una mayor dinámica que la promulgación de leyes para proteger a la población civil de los efectos de la confrontación, en particular sobre la tenencia de la tierra. De no mediar una legislación favorable a los desarraigados, el Gobierno colombiano persistirá en convertirlos en peones de finca.
Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co
https://www.alainet.org/fr/node/125732?language=en
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