El historial de Estados Unidos en materia de discriminación racial será objeto de escrutinio en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial la semana que viene, cuando el organismo encargado de velar por el cumplimiento del tratado examine el informe periódico del gobierno estadounidense.

Los días 21 y 22 de febrero está previsto que se reúna en Ginebra el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial con el propósito de examinar los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Estados Unidos, en los que el gobierno de este país explica cómo ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el tratado de garantizar la protección de las personas frente a la discriminación basada en la raza, el color de piel, el origen étnico o la nacionalidad.

Amnistía Internacional entregó un documento informativo al Comité en noviembre de 2007, en el que la organización ponía de relieve los motivos de preocupación surgidos en el curso de su trabajo desde que el Comité sometió a consideración el informe inicial de Estados Unidos presentado en 2001.

En su documento, Amnistía Internacional señalaba que la discriminación sigue impregnando numerosos ámbitos a pesar de que la Constitución estadounidense garantiza igual protección de la ley. Algunos de los asuntos que preocupaban a la organización eran: la aplicación de criterios raciales en las labores destinadas a hacer cumplir la ley; el trato discriminatorio de las personas de nacionalidad extranjera detenidas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; el porcentaje desproporcionado de personas pertenecientes a minorías étnicas o raciales entre la población reclusa estadounidense, y las disparidades de índole racial en el sistema de justicia de menores y en la aplicación de la pena de muerte.

Además, la organización expresaba en este documento su preocupación por el trato discriminatorio que sufrían las personas de nacionalidad no estadounidense recluidas por el ejército estadounidense en Guantánamo y otros lugares en el contexto de la “guerra contra el terror”, asunto que no se menciona en el informe presentado por Estados Unidos, y por el hecho de que los ciudadanos extranjeros que eran calificados de “combatientes enemigos ilegítimos” podían ser juzgados por comisiones militares no ajustadas a derecho, cuya actuación los privaba de recibir el mismo grado de justicia que las personas de nacionalidad estadounidense acusadas de los mismos delitos.

Por último, el informe expresaba preocupación por los obstáculos en el acceso a la justicia que encontraban las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos, que sufrían niveles desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual, y por el trato recibido por los afroamericanos residentes en Nueva Orleans que tuvieron que desplazarse a causa del huracán Katrina.