Amnistía Internacional (AI) acoge con satisfacción el acuerdo de renovar otros tres años el mandato integral de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresa su aprecio por la labor de la Oficina en Colombia para mejorar el respeto por los derechos humanos en el país.

Pese a que se han producido mejoras en la situación de la seguridad en algunas grandes ciudades, lo que ha desembocado en la reducción del número de secuestros y de homicidios de civiles relacionados con el conflicto, la situación de los derechos humanos sigue siendo grave, sobre todo en ciertas regiones, como Nariño y Arauca, y en las zonas rurales. Todas las partes del conflicto –grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad– siguen siendo responsables de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario reiterados y generalizados, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los defensores y otros activistas de derechos humanos continúan siendo blanco de ataques. La crisis de los derechos humanos en Colombia sigue caracterizándose por la impunidad, a pesar de los recientes avances en algunos casos emblemáticos y de larga duración. Al mismo tiempo que expresa su satisfacción por estos avances, AI reitera su preocupación por el hecho de que los perpetradores de la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos, especialmente los autores intelectuales, siguen sin responder de sus actos ante la justicia.

La presente declaración ofrece una perspectiva general de los motivos de preocupación de AI en Colombia, así como recomendaciones para el 7º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (del 3 al 28 de marzo de 2008).

Las fuerzas de seguridad. Preocupa especialmente a AI el creciente número de informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. Además, estas presentaron con frecuencia a las víctimas, en su mayor parte campesinos, como "guerrilleros muertos en combate". La mayoría de los casos de ejecución extrajudicial han sido remitidos a la justicia militar, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional de 1997 que establece que los casos de derechos humanos en los que estén implicadas las fuerzas de seguridad deben ser tramitados por el sistema de justicia ordinaria. El sistema de justicia militar suele cerrar estos casos sin hacer ningún intento serio de que los responsables rindan cuentas de sus actos. A la organización le preocupa el hecho de que el gobierno no está garantizando la exclusión total de estos casos de los tribunales militares, con arreglo a reiteradas recomendaciones de la ONU.

Los grupos guerrilleros. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violando el derecho internacional humanitario, incluidos el homicidio deliberado de civiles y la toma de rehenes. AI condenó la muerte en circunstancias no aclaradas, el pasado mes de junio, de 11 de los 12 diputados del Valle del Cauca secuestrados por las FARC en 2002. La organización reitera su llamamiento a los grupos guerrilleros para que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que aún tienen en su poder.

 A AI le preocupan asimismo la disputa que mantienen las FARC y el ELN en el departamento de Arauca, que ha desembocado en la muerte de cientos de civiles en los últimos años, y el uso continuo de minas antipersona por los grupos guerrilleros, que ha causado numerosas víctimas. Las FARC han sido también presuntamente responsables de muchos homicidios de candidatos a las elecciones locales que se celebraron en octubre.

Los grupos paramilitares. AI no comparte la opinión del gobierno colombiano de que los paramilitares han dejado de actuar en el país y de que gran parte de la violencia que afecta actualmente a Colombia se debe sólo a las bandas criminales de narcotraficantes. Aunque algunos grupos paramilitares están actuando como bandas criminales, y parte de la violencia consiguiente está relacionada con disputas entre estos grupos, hay indicios de que muchos grupos paramilitares tradicionales siguen actuando en numerosas regiones del país. Pese a que el número de homicidios atribuidos a los paramilitares se ha reducido en los últimos años, la cifra sigue siendo elevada. AI también ha recibido datos que indican que estos grupos siguen actuando en connivencia con las fuerzas de seguridad.

 El proceso de Justicia y Paz. El proceso de Justicia y Paz sigue sin cumplir las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Con sólo alrededor de 20 unidades de investigación para manejar miles de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares, el proceso avanza con gran lentitud. Es probable que los planes del gobierno de tratar a los paramilitares colectivamente, en lugar de individualmente, como ha hecho hasta ahora, contribuyan aún más a la impunidad.

 Aunque algunos de los líderes paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz han revelado algunos datos sobre personas a las que han matado, la información sobre la identidad de sus víctimas y el paradero de sus cuerpos sigue siendo poco concreta. Entre el 2006 y finales del 2007 se exhumaron más de 1.100 cuerpos de numerosas fosas comunes, pero en su mayoría fueron descubiertos como resultado de información facilitada por paramilitares de base que no participan en el proceso de Justicia y Paz. La mayor parte de los cuerpos sigue sin identificar.

De los cuatro millones de hectáreas de tierras que se calcula han robado los paramilitares, sólo se ha devuelto a sus legítimos propietarios una mínima parte. Asimismo, estas escasas devoluciones de tierras fueron resultado de investigaciones realizadas fuera del proceso de Justicia y Paz. Además, las investigaciones sobre los lazos que unen a cientos de funcionarios del Estado a los paramilitares se deben en su mayor parte a la labor de las oficinas del Fiscalía General de la Nación y del Procurador General de la Nación, y a la Corte Suprema de Justicia, así como a la de periodistas y grupos de derechos humanos, y no son resultado del proceso de Justicia y Paz. Suscitan especial preocupación las amenazas recibidas por, y los homicidios de, victimas y de las personas que las representan en este proceso, como Yolanda Izquierdo y Carmen Cecilia Santana Romaña.
 
La población civil. La población civil sigue soportando la peor parte del conflicto, sobre todo los miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y los campesinos. Muchos de ellos viven en tierras que tienen importancia económica y estratégica para las partes del conflicto. AI sigue sintiendo preocupación por el elevado número de víctimas de desplazamiento forzado; algunos cálculos indican que más de 130.000 nuevos civiles fueron desplazados por el conflicto en el primer semestre del 2007. A AI le preocupa especialmente la grave situación humanitaria de Nariño, donde los combates entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han provocado el desplazamiento de miles de civiles y todas las partes han cometido abusos graves contra los derechos humanos.

Durante las últimas visitas de AI a Colombia, los delegados de la organización recibieron también numerosos testimonios sobre el reclutamiento forzado de menores, que continúa produciéndose, tanto por parte de la guerrilla como por la de los grupos paramilitares. AI también recibió información sobre el reclutamiento por grupos paramilitares y bandas criminales de mujeres y niñas para ejercer la prostitución, por ejemplo en el departamento de Putumayo. Algunas de ellas han sido asesinadas. A AI le preocupan asimismo los atentados indiscriminados con bombas que se han cometido en varias zonas urbanas, como Cali y Buenaventura, algunos de los cuales las autoridades han atribuido a las FARC.

 Activistas pro derechos humanos. Defensores de derechos humanos, sindicalistas y activistas comunitarios siguen siendo víctimas de ataques, sobre todo de los paramilitares. Preocupan especialmente a AI el robo, el pasado año, de información confidencial de las oficinas de varias organizaciones no gubernamentales, y el aumento de las amenazas por correo electrónico contra numerosas organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. Continúan perpetrándose ataques físicos contra defensores de derechos humanos. El ataque contra Yolanda Becerra, de la Organización Femenina Popular, en Barrancabermeja en noviembre del 2007, y el homicidio en abril del 2007 de Judith Vergara, activista comunitaria de Medellín, son sólo dos ejemplos destacados de estos ataques.

AI expresa su satisfacción por la llegada de una representación permanente de la Organización Internacional del Trabajo y la creación de unidades especiales de la Fiscalía General de la Nación para investigar los homicidios de sindicalistas, pero sigue preocupándole el número, aún elevado, de ataques contra sindicalistas y los escasos enjuiciamientos de autores de dichos ataques. En el 2007 fueron asesinados alrededor de 39 miembros de sindicatos.

La comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar en los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos. La postura que ha adoptado la comunidad internacional en varias cuestiones de derechos humanos ha sido a menudo clara y constructiva, y ha sido especialmente encomiable en el caso de los defensores de derechos humanos y los sindicalistas. El Consejo de Derechos Humanos debe asumir la situación de Colombia en su 7º periodo de sesiones ocupándose críticamente del gobierno colombiano, sobre todo en relación con las cuestiones aún pendientes, como el cumplimiento completo de las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos:

 Por consiguiente, AI pide al Consejo de Derechos Humanos, reunido en su 7º. periodo de sesiones, que:

• exprese su preocupación por la grave situación humanitaria y de derechos humanos que continúa afectando a Colombia;

• inste a todas las partes del conflicto a que cumplan totalmente las recomendaciones de la alta comisionada, incluida las formuladas en todos sus informes anteriores;

• ponga en marcha un proceso con plazos y parámetros para vigilar el cumplimiento de estas recomendaciones; e

• inste al gobierno de Colombia a que colabore plenamente con el Consejo y sus mecanismos.