El año 2007 inició con signos favorables para el proceso de integración regional, pero con el correr de los días, surgieron imponderables que atenuaron su ritmo, sin por ello anular el espacio destacado que este tema ocupó en las agendas nacionales. Según el calendario inicialmente previsto, en este diciembre debía celebrarse en Cartagena, Colombia, la Cumbre fundacional de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que posiblemente tendrá lugar en marzo entrante. Pero lo que si se concretó este mes fue la firma del acta constitutiva del Banco del Sur, el domingo 9 en Buenos.

La particular atención que mereció a inicios de año el tema de la integración tiene que ver con la iniciativa del presidente boliviano Evo Morales que permitió que, en la segunda semana de diciembre 2006, Cochabamba sea la sede tanto de la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), para dotar de una institucionalidad básica a este proceso que nació en Cusco en 2004 (en un camino parecido al de la Unión Europea), como de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos. Actividad interrelacionada con la primera pero con una dinámica propia, que contó con una amplia gama de movimientos sociales que reclaman participación en el proceso integrador con propuestas alternativas en los diversos temas en debate (1).

Camino a UNASUR

Los resultados alcanzados en el evento oficial, prácticamente quedaron prisioneros de la retórica con la que nació la CSN y que se mantuvo en la I Cumbre realizada en Brasilia (septiembre 2005), pero se aprobó una propuesta del mandatario venezolano Hugo Chávez para realizar una cumbre especial sobre energía. La cita tiene lugar en Isla Margarita, Venezuela (16-17 abril 2007), con participación de los jefes de Estado y de Gobierno (o sus representantes) de los 12 países suraméricanos, donde además de acuerdos en materia energética se decide transformar la CSN en UNASUR y designar una Secretaría Permanente, con sede en Quito.

Para avanzar en esta nueva etapa, se designó al ex presidente ecuatoriano, Rodrigo Borja, como secretario ejecutivo de la entidad, quien se comprometió a elaborar un estatuto orgánico fundacional de UNASUR para ser sometido a consideración de los presidentes de Suramérica antes de la próxima cumbre. A su juicio, se trata de articular las entidades subregionales de integración ya existentes y en operación, con el sentido de ir de lo subregional a lo regional.

En el cónclave de Isla Margarita se crea el Consejo Energético de Suramérica, integrado por los ministros de energía de cada país, con la tarea inmediata de formular una estrategia y un plan de acción que permitan la concreción de un tratado energético, a ser discutido en la próxima cumbre, bajo la premisa de que la integración energética regional, incluyendo inversiones conjuntas para el desarrollo de infraestructura, constituye una garantía de la sostenibilidad de la integración del subcontinente. En esta perspectiva, entre otros acuerdos, se contempla la cooperación entre las empresas petroleras nacionales, la cooperación técnica e investigaciones conjuntas para el desarrollo tecnológico, la cooperación en energías renovables y biocombustibles, etc.

Asimismo, los mandatarios también reconocen el acceso a la energía como un derecho de los pueblos, destinado a promover el bienestar de los seres humanos y a erradicar la pobreza y las asimetrías económicas. Esta puntualización tiene enorme importancia pues, entre los desafíos que enfrenta el proceso integracionista destacan, precisamente, las grandes asimetrías que existen entre países (por razones territoriales, demográficas, de recursos naturales, de energía, de niveles de desarrollo, de servicios; etc.) y las enormes disparidades sociales que les son comunes.

A renglón seguido, el 3 de mayo, tiene lugar en la capital ecuatoriana una reunión del presidente Rafael Correa con los Ministros de Economía, Finanzas o Hacienda de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela y Ecuador que concluye con la Declaración de Quito, que inyecta de nuevas perspectivas y dinamismo al proceso constitutivo del Banco del Sur.

Esta Declaración señala: “Los Ministros ratificaron la oportunidad histórica que tienen los países de América del Sur. Los pueblos dieron a sus Gobiernos los mandatos de dotar a la región de nuevos instrumentos de integración para el desarrollo que deben basarse en esquemas democráticos, transparentes, participativos y responsables ante sus mandantes”. Y además precisa: “Hubo coincidencia respecto a la necesidad de diseñar una nueva arquitectura financiera regional, orientada a fortalecer el papel del continente en el mundo financiero y comercial globalizado y beneficiar el aparato productivo que priorice las necesidades básicas de nuestros pueblos”. Luego de superar varios desacuerdos, el Banco del Sur quedó formalmente constituido el 9 de diciembre, en Buenos Aires, con un capital inicial de $ 7 mil millones.

Participación social

En el mes de abril (28-29), Venezuela también fue anfitrión, en Barquisimeto, de dos eventos marcados por el sentido de que “otra integración es posible”: la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Ámerica (ALBA) / Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y el I Encuentro de Movimientos Sociales ALBA/TCP. En esta cita, la interrelación entre los dos cónclaves fue más allá de lo que se insinuó en Cochabamba respecto a la participación social, ya que oficialmente se adoptó un esquema de funcionamiento que contempla un Consejo de presidentes seguido por un Consejo de ministros y, a la par, otro de movimientos sociales. Bajo estos parámetros habrán de conformarse las comisiones específicas referidas a los asuntos económicos, políticos, sociales, energéticos, medio ambiente, juventud y otros.

Es evidente que los países que hoy promueven el ALBA (Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) geopolíticamente tienen un peso muy relativo, pero que viene compensándose –en incidencia política- con una serie de iniciativas inéditas en materia de salud, educación, cultura, comercio justo, financiamiento, alimentación, telecomunicaciones, transporte, turismo, minería, industria, medio ambiente, energía, etc. Todo esto, con un ingrediente clave para lo que está estableciéndose como la nueva realidad insoslayable en la región: la auténtica participación social.

En términos general sin embargo, particularmente en el segundo semestre, el escenario regional se ha visto tensionado tanto por el rebrote de desconfianzas históricas, como por nuevos e inesperados impasses entre gobiernos que se han desparramado al escenario regional. UNASUR ha colocado nuevamente una cuestión de fondo: el propósito de la integración, lo cual remite a las opciones que se asumen desde el plano de la soberanía, entre quienes consideran que es inevitable el “Destino Manifiesto” y ponen por delante los tratados de libre comercio con el país del norte, y aquellos que apuestan a una integración basada en la solidaridad y la cooperación, superando el estrecho marco mercantilista. Para los primeros, UNASUR no debe ser más que una simple suma de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuya matriz común es neoliberal; los segundos quieren trascender hacia una visión más amplia.

Notas:

(1) Ver: “Integración: Nuevos rumbos”, América Latina en Movimiento Nº 414-15, año XXX, II época, Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Quito, 4 diciembre 2006.