El departamento de Antioquia ocupó el deshonroso primer lugar en el país en ejecuciones extrajudiciales con 67 casos reportados durante el 2007, de acuerdo con los registros consignados en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) de Bogotá.

El asunto es preocupante no sólo a nivel departamental sino nacional, pues según sus registros, la ocurrencia de esta práctica criminal aumentó en un 81,6% durante el 2007, cuando se presentaron 545 casos, con respecto al año 2006, cuyos registros alcanzaron 300 casos. Tales acciones son atribuibles a miembros de la fuerza pública y a grupos paramilitares, cuyo accionar recibe apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, por lo que se considera que están bajo su responsabilidad.

También es motivo de inquietud los responsables de este tipo de crímenes. El Ejército es señalado por las comunidades, especialmente rurales, de perpetrar 204 ejecuciones sumarias en diversas regiones del país. El Banco de Datos de Cinep reporta 261 casos bajo responsabilidad de grupos paramilitares que aún operan en el país y registra 19 casos en los que participaron tropas combinadas de unos y otros.

Dentro de estos casos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado y fuerzas ilegales a su servicio, se registran tres motivaciones específicas: persecución política, cuyos casos sumaron 468; abuso de autoridad, 34 casos; e intolerancia social, renglón en el que se registraron 43 ejecuciones extrajudiciales.

Después de Antioquia, se ubican los departamentos de Santander, con 57 casos; Córdoba, con 44; Chocó, con 41; y Huila, con 38 casos. Las ejecuciones extrajudiciales se han presentado en 20 departamentos más, con lo cual se constata que esta modalidad de violación del derecho a la vida afecta al 78% del territorio nacional.

En cuanto a los municipios antioqueños, el Banco de Datos de Cinep registra ejecuciones extrajudiciales en 14 poblaciones, siendo Medellín la ciudad que más casos reporta, con 12 ejecuciones; seguida de Turbo, en el Urabá antioqueño, con 8. Después se ubican Segovia, Apartadó, Yolombó, Sonsón, Bello, Mutatá, Montebello, Itagüí, La Ceja, Angostura, Chigorodó y Puerto Berrío.

De unos y de otros

Las evidencias contenidas en las diversas historias reseñadas por Cinep ilustran el carácter generalizado y sistemático que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública y al paramilitarismo, cuyo accionar, pese a la negativa del Gobierno nacional, aún continúa en diversas regiones del país.

Por ejemplo, versiones recogidas por defensores de derechos humanos en zona rural de Remedios, municipio del Nordeste antioqueño, le atribuyen a miembros del Ejército la muerte de un campesino. Los hechos ocurrieron el sábado 6 de enero de 2007 cuando “tropas adscritas al Plan Especial Energético y Vial 8, del Ejército Nacional, ejecutaron a Heriberto Correa, campesino de la vereda Santa Marta, quien fue sacado de su finca El Coquito y trasladado al caserío de esta vereda en donde lo ejecutaron”.

Otro reporte indica que militares del Batallón Contraguerrilla 8, adscritos al Comando Operativo 3 del Ejército ejecutaron a un joven de quien sólo se sabía su apellido, Acevedo, en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Nariño, oriente antioqueño. Según el relato, la víctima fue presentada por los militares ante los medios de información como un guerrillero del Frente 47 de las Farc, conocido con el alias de Iván y muerto en combate. No obstante, los pobladores de la vereda manifestaron que el joven era un líder comunal y no era un insurgente, desvirtuando la versión oficial.

Una de las ejecuciones sumarias que más ha inquietado a la población del Nordeste antioqueño fue la de Carlos Mario García, de 21 años de edad, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros e integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y de Cahucopana, ocurrida el martes 27 de marzo de 2007. Del crimen se sindica a tropas del Batallón Calibío de la Brigada 14 del Ejército, que presentaron al campesino como guerrillero muerto en combate.

Al conocer los hechos, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y de Cahucopana emitió un comunicado en el que presentaron la versión de la comunidad, que precisa que Carlos Mario pertenecía a esta Asociación, no era guerrillero y su muerte no fue en combate.

“Tropas del Batallón Calibío capturaron ilegalmente a dos jóvenes en la vereda Ojos Claros, uno de los cuales escapó. Ambos jóvenes se encontraban bajando madera por el río Tamar, de éstos hechos fue testigo la comunidad, que observaron que el joven fue detenido vivo", indicó el informe de la Asociación Campesina.

El Banco de Datos señala a grupos paramilitares, aún en actividades delictivas, como responsables de varias ejecuciones sumarias, entre ellas la ocurrida el miércoles 17 de enero del año pasado en Medellín. De acuerdo con el informe de Cinep, presuntos paramilitares torturaron y ejecutaron al comerciante Abel Mosquera Sánchez, oriundo de Itsmina, Chocó, quién había trabajado por varios años en la capital antioqueña: Abel había regresado a esta ciudad a trabajar de nuevo y cobrar un dinero. El 15 de enero fue desaparecido. Dos días después, pasadas las 6 de la tarde, su cuerpo fue hallado en el parque del barrio Pilarica, empacado en tres bolsas negras, descuartizado con motosierra.

Este hecho, según el Banco de Datos, se suma a una serie de sucesos con total semejanza de modo que ocurrieron a lo largo del territorio nacional en el primer semestre del año pasado. Para este centro de investigación, esto evidencia la reactivación de las “escuelas de tortura” que harían parte de una nueva fase del paramilitarismo en Colombia.

Un caso similar se presentó en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, el domingo 10 de junio 10 de 2007. Según versiones de pobladores de la zona, “paramilitares ingresaron de forma violenta al lugar de residencia de Marina Paneso Ramírez, ubicada en la vereda El Osito y se la llevaron por la fuerza, siendo ejecutada a través de múltiples lesiones producidas por machetazos. El cuerpo de la víctima, que contaba con 50 años, fue encontrada en zona rural de esta población”.

¿Qué está pasando?

Los investigadores en derechos humanos no tienen una explicación concreta que dé cuenta del incremento de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país. Para el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, esta práctica reiterada por parte de miembros de la fuerza pública sería una respuesta a la presión a la tropa por resultados de los altos mandos castrenses. Al no tener resultados concretos frente a la insurgencia, optan por sacrificar a la población más vulnerable, que es la campesina, para presentarlos como “positivos” en la lucha contra la guerrilla.

Otra hipótesis esbozada apunta a señalar que las ejecuciones perpetradas por grupos paramilitares hace parte de su proceso de “reingeniería”, que implica que detrás de las desmovilizaciones quedaron varios miembros de esas organizaciones ilegales sin procesos pendientes con la justicia y se reincorporaron a la fuerza pública como soldados profesionales, por lo que estarían operando bajo las dos caras: como Ejército y como paramilitares.

El incremento de las ejecuciones extrajudiciales en el país tiene preocupadas a las autoridades civiles departamentales, quienes justamente se reunieron este miércoles 1 de abril con oficiales de la IV Brigada y de la VII División del Ejército para tratar el tema y buscarle soluciones.

El abogado Gustavo Montoya, integrante de la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, explicó los términos de la reunión, la primera de carácter oficial de esta administración: “En este encuentro se habló del tema con los oficiales del Ejército y se acordó constituir una mesa alterna al Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en la que participarán funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía, la Gobernación y los militares para elaborar un protocolo a través del cual le haremos seguimiento a los casos reportados”.

Este protocolo servirá para adelantar el seguimiento de por lo menos 65 casos que tiene reportados la Gobernación de Antioquia desde mayo del año pasado a marzo de este año, lo que revela que hay una ocurrencia sistemática en el departamento que aún no cede. Se tratará de establecer diversos datos, como el nombre de la víctima, el contexto de los hechos, situación de los procesos penales, si están siendo investigados por la justicia penal militar o la ordinaria, qué brigadas y batallones estarían comprometidas, así como los oficiales, suboficiales y soldados.

Se trata entonces de entender un fenómeno cuya recurrencia está preocupando no sólo a las comunidades afectadas, entre ellas las campesinas, sino a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, que exigen justicia y reclaman la no repetición de estos lamentables violaciones a la vida.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia (www.ipc.org.co)