Las víctimas de la violencia paramilitar en Medellín vuelven a perder espacios de expresión, esta vez por orden de la Presidencia de la República, que prohibió cualquier actividad pública, concentración o movilización durante las sesiones en esta ciudad de la XXXVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que inician este domingo y finalizan el martes 3 de junio.

La decisión afecta el acto simbólico denominado “Sin dignidad y libertad para los pueblos, no hay democracia” programado para el próximo martes 3 de junio por un conjunto de organizaciones sociales no gubernamentales que agrupan y trabajan con personas afectadas por la violencia paramilitar y que se realizaría en la plazoleta central del centro administrativo La Alpujarra como colofón al encuentro anual de países americanos.

Los permisos correspondientes habían sido tramitados ante la Alcaldía de Medellín desde abril pasado, se finiquitaron durante una reunión celebrada el viernes 23 de mayo entre los organizadores del evento y el Secretario de Gobierno de la ciudad, Jesús Ramírez, y se ratificaron mediante carta fechada el 29 de mayo pasado firmada por Carlos Andrés Pérez Múnera, Subsecretario de Orden Civil.

No obstante, este viernes 30 de mayo, los organizadores recibieron una llamada de funcionarios de la Alcaldía de Medellín que les anunciaron el retiro del permiso para el acto simbólico y la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad pública, concentración o movilización, sustentando su decisión en una “orden presidencial”.

Este tipo de situaciones no es nuevo para el conjunto de organizaciones sociales que, desde Medellín, acompañan el trabajo de las víctimas del paramilitarismo. El más reciente ocurrió durante las jornadas de víctimas de crímenes de Estado en septiembre del año pasado. En esa ocasión, la Alcaldía levantó la galería de la memoria, conformada por cientos de adobes que representaban a los muertos y desaparecidos durante el conflicto armado, con el argumento de que el permiso tenía restricciones horarias.

“Es un irrespeto”

Adriana Arboleda, abogada del Colectivo de Abogados Semillas de Libertad (Codhesel), quien hace parte del grupo organizador, explicó que el acto simbólico, como evento alterno a la actividad oficial de la Asamblea, busca mostrar a las víctimas y su situación en la ciudad, el departamento y el país, frente a los temas de verdad, justicia y reparación, aprovechando la presencia de los delegados de la OEA.

“Nuestro propósito es aprovechar que la Asamblea de la OEA discutiría el tema de la democracia para mostrar cómo se siguen incumpliendo los derechos de las víctimas, que tiene que ver con democracia”, dijo Arboleda.

Prohibir un acto como el programado por las organizaciones de víctimas, a juicio de Arboleda, es una manera de “criminalizar la opinión y la expresión de las víctimas”.

“Además, es obvio lo que hay detrás de esa prohibición: mostrar a Medellín como una ciudad sin problemas, cuando lo cierto es que está paramilitarizada, con altos niveles de exclusión social, donde no es posible que se respeten las víctimas y sus expresiones públicas”, precisó la abogada de Codhesel.

Igual sentimiento expresó Amparo Mejía, presidenta de la Corporación Madres de la Candelaria - Línea fundadora, que agrupa a más de 500 mujeres afectadas por la pérdida violenta de sus esposos, hermanos, hijos y familiares cercanos en hechos asociados al conflicto armado que vive el país.

“Me parece que la decisión es una falta de respeto con las víctimas, con la libre expresión”, recalcó Mejía y agregó que si bien el Alcalde de Medellín y la Presidencia de la República quieren mostrar “la Medellín soñada”, la intensión de las víctimas es mostrar “el día a día de la realidad antioqueña”.

“Si las autoridades hablan de todo lo bonito que tiene la ciudad y el departamento, nosotras, como madres, esposas, hermanas e hijas de muertos y desaparecidos por la violencia queremos hablar del dolor que representamos en Medellín y Antioquia, eso es lo que queremos expresar”, reiteró Mejía.

Y ese día a día del que habla Amparo Mejía, que se obstinarán en mostrar el 3 de junio, así los permisos hayan sido retirados, se refleja en niños y niñas reclamando a sus padres, y en unas comunidades exigiendo justicia. Por eso, al decir de esta líder social, “Medellín y Antioquia, no es como la pintan en la OEA”.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia. www.ipc.org.co