Centenares de organizaciones de América Latina, el Caribe y Europa presentaron en Lima sus alternativas al modelo neoliberal, apuntalando las bases para establecer un nuevo internacionalismo.

Entre los días 13 y 16 de mayo, coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC), se celebró en Lima (Perú) la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3.

Como respuesta a las políticas neoliberales y la agenda comercial de la UE en América Latina y el Caribe, y las Cumbres de Jefes de Estado de ambos continentes como escenario, surge en 2004 la red "Enlazando Alternativas". Lo novedoso es que nace en un marco geopolítico birregional, articulando movimientos, redes y organizaciones sociales y políticas del campo y la ciudad de América Latina y Europa. Sigue además lo aprendido en la resistencia contra el ALCA y los TLC en América, que tiene las Cumbres de los Pueblos (a partir de 1998) como espacios de convergencia. Pero las cumbres oficiales (cada 2 años) y las alternativas no son más que momentos visibles de procesos políticos paralelos antagónicos. La Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3 en Lima fue impulsado por organizaciones europeas y latinoamericanas, de carácter campesino, ecologista, indígena, sindical, feminista, de derechos humanos, de solidaridad, de migrantes, de ONG y otros. Su leit motiv es una integración birregional completamente alternativa a la actual, que se caracteriza por el saqueo de las transnacionales europeas de los recursos latinoamericanos y la diáspora de miles de latinoamericanos a ciudades europeas.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido en la Cumbre los Pueblos celebrada en Lima, justo hace unos días? Como siempre, se requería dedicación, algo de dinero, y evitar las dificultades de gobiernos incómodos con la construcción política de los movimientos sociales. También era necesario que culturas políticas muy diferentes aprendieran a trabajar transnacionalmente. Todo un reto. El resultado fue una Cumbre de los Pueblos exitosa si la valoramos en asistencia (8.000 personas), en número y amplitud temática de talleres autogestionados (más de 100), o en la repercusión mediática en el propio Perú. Simultáneamente, la Cumbre ha constituido un espacio en el cual los actores sociales y políticos peruanos de la sociedad civil tales como los movimientos indígenas, obreros-urbanos, estudiantes y tantos otros han podido confluir.

Cabe una valoración menos positiva al considerar la reacción del Gobierno de Alan García, del partido APRA. A pesar de formar parte de la familia socialista, éste ha venido comportándose como cualquier otro gobierno ultraliberal, cuyo esfuerzo prioritario es atraer las inversiones extranjeras mediante la venta del país, especialmente de la minería, combinado con fuertes dosis de represión de cualquier resistencia social mediante excusas antiterroristas, como ilustran los casos de Cajamarca y Piura. No en vano el Perú es una de las mecas mundiales de los conflictos ambientales de las grandes explotaciones mineras de oro, plata, cobre, molibdeno, etc.

El Tribunal Permanente de los Pueblos

Una veintena de multinacionales europeas, entre ellas siete españolas, fueron juzgadas por el TPP en Lima, en el transcurso de la audiencia sobre las empresas transnacionales europeas y las políticas neoliberales en América Latina. Decenas de testigos expusieron ante el tribunal cómo se ha desarrollado la entrada en América Latina de las empresas transnacionales de origen europeo y qué ha significado para las poblaciones y ecosistemas de la región.

En concreto, se mostraron las características de esa suerte de nuevo colonialismo basado en la extracción a toda costa de los recursos naturales, con los efectos que tiene sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas, como quedó claro con los casos de la minera Majaz en Perú, la papelera Botnia en Uruguay y la petrolera Repsol YPF en Argentina, Bolivia y Ecuador. Se puedo exponer, asimismo, cómo el saqueo del continente se fundamenta en la creación de grandes infraestructuras -lo cual fue ilustrado con el caso de la empresa alemana Thyssen Krupp, que está construyendo un macrocomplejo industrial para la exportación de acero en la bahía de Sepetiba, en Río de Janeiro, y está destruyendo así el modo de vida de cientos de pescadores artesanales de esa zona-, en la producción para la exportación -que se desarrolla con graves efectos sobre los derechos laborales, como en el caso de la empresa noruega Camposol en Perú, que ha despedido a muchas trabajadoras para tratar de impedir la sindicalización- y en la privatización de los servicios públicos, sobre todo del agua -con los casos de Aguas de Barcelona en México y Proactiva (FCC) en Colombia- y de la electricidad, con las acusaciones a Unión Fenosa en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.

Además, para mantener el modelo hace falta que entren en juego los bancos, que financian proyectos muy agresivos social y ambientalmente -como el Santander con las represas del río Madera, en Brasil, y el BBVA con el proyecto gasífero de Camisea, en Perú-, así como los mecanismos que apuntalan una arquitectura legal que favorece los intereses de las corporaciones transnacionales, como se vio con el caso de la demanda que el consorcio Telecom/Telefónica ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) porque considera que el Gobierno de Bolivia está dañando sus negocios.

Con todos estos elementos, el jurado del TPP, presidido por François Houtart, emitió su dictamen y decidió “sancionar moral y éticamente y denunciar a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo por graves, claras y persistentes violaciones a los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias y personas de los pueblos de América Latina y el Caribe”.

Hay que destacar el significado que iniciativas de este tipo tienen a la hora de fortalecer el trabajo en red de los colectivos sociales. Es el espacio para reunir a organizaciones de afectados y a grupos europeos que luchan por la justicia social y ambiental, para poder levantar así estrategias de resistencia transnacionales desde los pueblos. También intenta visibilizar los principales instrumentos de la presente arquitectura institucional internacional que habilitan ese saqueo, y en particular los llamados Acuerdos de Asociación entre la UE y distintas sub-regiones latinomericanas. En definitiva, además de servir para defender los derechos de las mayorías del planeta, los tribunales de los pueblos son una herramienta para globalizar la solidaridad, ya que son un medio para coordinar las dinámicas de denuncia y resistencia.

- Pedro Ramiro, David Llistar y Tom Kucharz son miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina, Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción, respectivamente.

Este artículo ha sido publicado en el semanario Directa, nº 95, 28 de mayo de 2008
Fuente: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
http://www.omal.info