Uno de los signos de los tiempos es la insatisfacción respecto a la democracia “realmente existente” que, con mayor o menor intensidad, se expresa aquí y allá, sobre la cual han llamado la atención pensadores de diverso signo.  Uno de ellos, José Saramago -el Premio Nobel de Literatura, autor del “Ensayo sobre la Lucidez” que justamente tiene como trama la voluntad ciudadana mayoritaria de cara al poder constituido-, en un artículo sobre el tema, señala: “No progresamos, retrocedemos.  Y cada vez se irá volviendo más absurdo hablar de democracia si nos empeñamos en el equívoco de identificarla únicamente con sus expresiones cuantitativas y mecánicas que se llaman partidos, parlamentos y gobiernos, sin atender a su contenido real y a la utilización que efectivamente hacen del voto que los justificó y los colocó en el lugar que ocupan”[1].

Estas preocupaciones, en esencia, son las que han puesto en movimiento a una diversidad de sectores ciudadanos que pugnan por una nueva democracia participativa, bajo la premisa que los males de la democracia tienen que curarse con más democracia, en oposición al pensamiento conservador que considera inviable tal planteamiento aduciendo que el exceso de demandas terminará provocando una sobrecarga del sistema y la consiguiente crisis de autoridad o de gobernabilidad –como suele decirse en el mundo institucional-, por tanto, que la solución es mantener una democracia restringida, pero apelando a la lucidez de las elites y a mejores mecanismos procedimentales.

Se trata, al decir de Pablo Oñate, catedrático de la Universidad de Valencia, de los demócratas insatisfechos, “que intentan influir en las anquilosadas estructuras del viejo sistema democrático liberal representativo para incrementar sus niveles de responsabilidad ante la ciudadanía (accountability), de receptividad y sensibilidad ante sus directrices, demandas e intereses (responsiveness) y los ámbitos abiertos a la participación colectiva socialmente activada y canalizada”[2].

Este cambio de paradigma, que ha afectado los diversos órdenes de los sistemas políticos occidentales, se expresa en la propia estructura de estas nuevas organizaciones, en la medida que “ya no es jerarquizada, rígida, burocratizada y centralizada, sino flexible, descentralizada, no jerarquizada y lo menos burocrática posible y procuran adoptar un nuevo estilo de funcionamiento más acordes con la nueva política: rotación en los puestos, no reelección o limitación de los mandatos, cuotas para alcanzar la paridad de sexos en los cargos representativos y ejecutivos, asambleismo y participación extensa en las decisiones”, acota Oñate..

Entre los cambios operados, cabe resaltar el que se refiere al hecho de que cada vez más la gente se aleja de los partidos políticos, al no sentirse representada, en la medida que son vistos más como integrantes del aparato del Estado que como canales de expresiones de la sociedad, por la prioridad que dan a sus funciones institucionales en desmedro de las que tienen que ver con la vinculación social.  Y ésta es precisamente una de las razones para que los partidos hayan dejado de ser el agente único de mediación política, ante el surgimiento de otros actores –particularmente los movimientos sociales- que se presentan en sus antípodas[3]. 

Nuevos protagonismos[4]

En América Latina, con el retorno constitucional se establecieron “democracias de baja intensidad”, “democracias incompletas” y otras denominaciones afines.  La expectativa inicialmente generada, pronto dio paso al desencanto, que ha ido en aumento, por cuanto en la región se adoptan las políticas de corte neoliberal diseñadas por el Consenso de Washington que han conllevado a una creciente concentración del poder y las riquezas, al empobrecimiento generalizado de las mayorías y al deterioro de sus condiciones de vida.  Esto es, las promesas de bienestar de las reformas económicas neoliberales no sólo que no llegaron, sino que, por el contrario, lo que se ha producido es una mayor desigualdad social, que ha colocado a los estratos medios en situaciones de exclusión.

El descontento de la población con las políticas neoliberales y el incremento de la desconfianza frente a la institucionalidad y los partidos políticos colocaron sobre el tapete el tema de la “gobernabilidad”, visto como el gerenciamiento de mecanismos de control y compensación social para evitar las repercusiones perturbadoras de las inequidades y desigualdades sociales, dejando de lado una cuestión central: el bloqueo de los canales institucionales para procesar las demandas sociales.  Y es, justamente, ese bloqueo el que ha dado pauta para que se proyecten movimientos sociales de los más diversos, y cada vez más politizados, que más allá de sus reivindicaciones específicas demandan reformas políticas profundas, con la mirada en la instalación de asambleas constituyentes que refunden la democracia.  De hecho, estos movimientos se han constituido como espacios que se sustentan en la construcción de ciudadanía, reivindicando derechos en contraposición al clientelismo y las dádivas o caridad de los poderes establecidos.

La irrupción de estos movimientos en la escena política latinoamericana parece estar llevando a que incluso dentro de los organismos multilaterales se trate de afinar los enfoques, como lo insinúa la revista IDEA del Banco Interamericano de Desarrollo, BID[5], cuando señala: “Los movimientos sociales han sido considerados tradicionalmente desviaciones de la norma; producto, básicamente, de la atomización, alienación y frustración social.  Pero un vistazo desde una nueva perspectiva permite captar individuos que son racionales, socialmente activos y bien integrados a la comunidad, pero ansiosos de hacer valer sus intereses a través de canales distintos a los que ofrecen las instituciones establecidas.  Dada la naturaleza en general pacífica y contenida de estos movimientos y el apoyo de los medios de comunicación, que contribuyen a darlos a conocer, legitimarlos y amplificarlos, los movimientos sociales se han convertido en un actor político complejo e influyente”.  La nota tiene como destaque: “Las protestas sociales se han convertido en un instrumento político poderoso, capaz de derrocar presidentes”.

En efecto, por acción de estos movimientos un buen número de mandatarios de varios países de la región han sido derrocados, en la mayoría de casos vinculados a escándalos de corrupción (un componente muy presente en los procesos de privatización), pero a ellos se debe también que en los últimos años el mapa político haya cambiado de color, ante la presencia de gobernantes que apuntan a cambios o cuando menos correctivos a las políticas dictadas por el Consenso de Washington, configurándose un escenario en el que se perfila una creciente, e inédita, reivindicación de autonomía de los gobiernos respecto a Estados Unidos, que abre la perspectiva de avanzar en la integración regional.

¿Dictadura mediática?

Este contexto, de obvia polarización social, ha repercutido sobre el sistema mediático, dando lugar a que se considere que los grandes medios prácticamente han pasado a ocupar el vacío que se ha creado por el descalabro de los partidos del establecimiento, como articuladores de este sector, lo cual ha redundado en su creciente pérdida de credibilidad.  De modo que el virtual “consenso mediático” (a imagen y semejanza del Consenso de Washington) establecido en la región entre esos grandes medios, también se ha visto afectado.

En este sentido la situación más relevante es la de Venezuela, donde el 11 de abril 2002 fue escenario de un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, quien, en un hecho inusual, fue restituido al poder por la reacción popular.  Como han coincidido en señalar un sinnúmero de analistas, se trató básicamente de un “golpe mediático”, por el rol que jugaron en estos acontecimientos los grandes medios, particularmente la TV.

Al analizar estos sucesos, Roberto Hernández Montoya (2003), sostiene: “La singularidad de la Venezuela de abril de 2002 es que lo esencial giró alrededor de los medios.  Fueron el campo de batalla y las armas de la batalla al mismo tiempo.  Los militares dieron el golpe a través de los medios desde el 7 de febrero… (pero) Asimismo ocurrió con la recuperación del poder por parte de Chávez.  También mediática... Pero fue mucho más, porque el 12 y el 13 para la recuperación del poder sí hubo desplazamientos no mediáticos; eso sí: mediante la participación de medios no tradicionales”.

Una situación parecida, con las particularidades del caso, se había registrado el 19 y 20 diciembre 2001 en Argentina, cuando las movilizaciones populares con sus “cacerolazos” forzaron la salida del presidente Fernando de la Rúa.  Luego, habría de repetirse en Bolivia, en la insurrección de octubre 2003 y en la de junio 2005, que propiciaron la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, respectivamente, como también en la rebelión ocurrida en Ecuador en abril 2005, donde el presidente Lucio Gutiérrez corrió similar suerte.  Pero también ha sido una constante en México y otros países.  De ahí que no le falta razón a Hernández Montoya cuando advierte: “Ya la amenaza no es de las dictaduras clásicas solamente, sino de la dictadura que instauran los medios, como han hecho en Venezuela”. 

En tal sentido, lo acontecido en los diversos procesos electorales registrados en Latinoamérica en el curso de 2006, resulta muy sintomático.  En Brasil, por decir algo, en el acto de celebración por la reelección del presidente Lula, apareció una tela que decía: “el pueblo venció a los media”, como denuncia al rol jugado por éstos en la campaña.  En efecto, diversos analistas - entre ellos el dueño de la empresa de encuestas Vox Populi, Marcos Coimbra- coinciden en señalar que los medios forzaron la realización del segundo turno, particularmente por la cobertura parcializada que realizaron en las vísperas del primer turno[6].

Ecuador: “Millones de voluntades derrotaron a millones de dólares”

Así tituló en portada la revista Vistazo tras los comicios presidenciales celebrados en Ecuador el 26 de noviembre de 2006, en los cuales el izquierdista Rafael Correa ganó la contienda con una inesperada ventaja (14 puntos) sobre su oponente, el hombre más rico del país, Álvaro Noboa Pontón.

En esta campaña, como viene sucediendo de un tiempo atrás, el peso mediático fue sustantivo en las estrategias de los candidatos.  Y es que, con el desplazamiento cada vez más acentuado de la política al campo de la comunicación, se ha configurado un escenario concentradamente mediatizado para las disputas electorales -de ahí el peso de las encuestas, del marketing, de los asesores de imagen, etc.; el lugar determinante que se le asigna a la televisión, la reformulación del discurso político bajo los códigos que priman en los medios, el predominio del “empaque” sobre el contenido, etc.-.  De modo que, si bien los trece candidatos presidenciales participantes en la lid recurrieron a formatos tradicionales de proselitismo (caravanas, marchas,  concentraciones, etc.), para relacionarse con el electorado, pero lo hicieron como un recurso para proyectarse mediáticamente o cuando menos buscando sacar materia prima para la elaboración de sus propias producciones de propaganda. [7]

Apoyándose en datos del Tribunal Supremo Electoral y Participación Ciudadana, el periodista Carlos Xavier Gutiérrez de la revista Vistazo (01/12/06) establece que, “Noboa gastó 6,9 millones (de dólares) en publicidad, y Rafael Correa 2,5 millones, pero además se gastó otro tanto en rubros diferentes.  Sin embargo la chequera más grande no ganó”.

Según el monitoreo de Participación Ciudadana[8],  se habría dado una cobertura equilibrada de los medios a los dos candidatos finalistas.  Sin embargo, tal equilibrio se desdibuja al tomar en consideración el tratamiento, los “ángulos” específicos de los diversos medios, la puesta en escena (recortes, montajes, etc.), comentarios, etc., en razón de los alineamientos que se registraron por parte de varios medios en esta campaña.  El más notorio, sin duda, el realizado por el Grupo Isaías a favor de Noboa, al extremo que sus actos de cierre de campaña pasaron casi por completo en los canales de televisión de este grupo, como segmentos del noticiero.

En su columna Teletoxia, del diario Hoy (18/11/06), Manolo Sarmiento, refiriéndose a dos entrevistadores del canal Gamavisión del grupo antes dicho, comenta: “El martes, cuando tuvieron en el set a su candidato, fue un deleite verlos entregarse en cuerpo y alma a la admiración del hombre adinerado.
Supongo que hasta Noboa ha de salir sorprendido de estas experiencias.  Noboa se ha de decir para sus adentros: ’estos muchachos realmente se pasan de buenas gentes’”.

Al día siguiente de las votaciones, Roberto Aguilar recurrió a un título lapidario para su columna: “La TV contra la democracia”[9].  Por lo preciso de sus palabras, nos extenderemos con esta cita:

“En lo que respecta a los medios, la campaña terminó de la peor manera posible: con la expectativa de un posible fraude orquestado por un grupo de canales de TV… Los temas de la agenda de Noboa se convirtieron en temas de la agenda informativa de muchos canales.  ¿Es el principio del fin de la credibilidad?  Parece que sí. (…)

¿Cómo se llegó tan bajo?  Es una larga historia.  Como la mayoría de las tragedias del Ecuador contemporáneo, empieza así: hubo una vez una gran crisis bancaria.  En 1999, los banqueros propietarios de canales, acusados de corrupción financiera, movilizaron su poder mediático en su defensa.  Fue la primera gran crisis de credibilidad de la TV.  Siete años después, la banca ha sido saneada, pero el sistema de propiedad de los canales quedó intacto.  La gran mayoría sigue vinculada a grandes grupos económicos.  El mayor de ellos: el grupo Isaías. (…)

En esta campaña, todos los grupos económicos representados en el mapa de propiedad de los canales de TV, todos, con excepción del Banco Pichincha, al que pertenece Teleamazonas, apoyaron la candidatura de Álvaro Noboa.  Al principio, este apoyo se expresó de la manera habitual.  Es decir que los voceros del Prian tuvieron micrófono abierto en canales como TC, vinculado a Isaías, o Telerama, del grupo Eljuri”.

De modo que, el supuesto establecido de que en las “democracias modernas” son los medios, y particularmente la TV, quienes dirimen la suerte electoral, simplemente falló.  Al contrario, todo parece indicar que el poder de los medios llega hasta los límites que establece la ciudadanía.

De los medios a los fines

Urgidos por las circunstancias,  en los medios del establecimiento se comienza tibiamente a hablar de su rol en la sociedad, cuestión tradicionalmente vedada en ellos.  Pero por lo general, y particularmente en los países con gobiernos que propugnan cambios, colocándose como paladines ante la “amenaza a la libertad de prensa, de expresión, de información” (todo en un mismo plano), y su rechazo al “totalitarismo”, para crear un clima de confusión.  Y en este plano su impacto no es menor, por la gravitación que tienen en la conformación de la llamada “opinión pública”, visibilidad social y configuración de actores sociales y políticos; pero también porque en el plano ideológico su autoprotección ha sido uno de los componentes mejor elaborados y desarrollados en términos de hegemonía, para “ganar las mentes y los corazones”.  Mas también hay voces que a su interior reconocen que se ha producido un bache entre los medios y los receptores, abogando por reajustes necesarios –no hay que perder de vista que las características de aquellos no están definidas ni dadas de una vez por todas, por el propio hecho que la ideología dominante para ser tal precisa renovarse-.

En todo caso, más que un bache, lo que la actual realidad presenta es un abismo, por la simple razón que el mundo mediático no logra sintonizar con las nuevas realidades sociales que se vienen tejiendo desde abajo.   Reconocerlas, simplemente conllevaría a asumir que su poder se diluye.  Una señal que evidencia este abismo es la desconexión con los movimientos sociales, siendo que la norma es ignorarlos y cuando en momentos críticos no se los puede obviar, lo que prima es la satanización, deslegitimación, etc.   O en el mejor de los casos, se da tribuna a tal o cual dirigente, cuando no de quienes los propios medios consideran son líderes, sobre todo para indagar los conflictos internos.   Sobre todo cuando en las dirigencias sociales se mantiene la actitud ambigua de fascinación y cuestionamiento a los media.

Sin embargo, en los últimos tiempos, las organizaciones y movimientos populares, por lo general han desplegado importantes esfuerzos en materia de comunicación.  Incluso, de a poco, van reconociendo que se trata de un espacio de disputa estratégica y que, por lo mismo, hay que reajustar la mira para pasar de los “medios” a los “fines”; esto es, de la visión instrumental a la política.  Y, consecuentemente, encarar el desafío de pensar en estrategias comunicacionales contra-hegemónicas como condición para desbloquear la capacidad de expresión de las fuerzas sociales históricamente sometidas que hoy pugnan por su liberación.

Y este es un dato importante pues la comunicación contrahegemónica precisa recuperar el sentido de la “comunicación en movimiento” y, por tanto, rescatar su interrelación con los procesos de organización social.  Debido a que la comunicación es un componente básico del convivir social, ella está íntimamente vinculada a la organización.  La interposición de la comunicación mediada por tecnología, ha conducido a que se disloque esa relación.   De ahí que la “otra comunicación” solo será tal si va de la mano de la nueva construcción cultural y social con sentido de humanidad.

En este sentido, el desafío pasa igualmente por la articulación de gama amplísima de expresiones sociales que pugnan por la democratización de la comunicación, tal el caso de los medios independientes, comunitarios, alternativos, etc.; los colectivos en pro del acceso universal y apropiación de las NTIC; las redes de intercambio para desarrollar el software libre; los organismos de monitoreo y/o presión frente a contenidos sexistas, racistas, excluyentes, etc. vehiculizados por los media; los programas de educación crítica de los media (media literacy); las asociaciones de usuarios para intervenir en la programación de los media; las redes ciudadanas y de intercambio informativo articuladas por intermedio de Internet; los investigadores críticos; las asociaciones de periodistas independientes; los colectivos de mujeres por una perspectiva de género en la comunicación; los movimientos culturales; las redes de educación popular; los observatorios en pro de la libertad de información; las asociaciones para oponerse a los monopolios; los movimientos en defensa de los media de carácter público; y un largo etcétera.

- Osvaldo León es comunicólogo ecuatoriano.  Es coordinador de la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI-.

Ponencia  presentada en el V Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, “En Defensa de la Verdad y contra la manipulación mediática”, Cochabamba, Bolivia, 22 y 23 de mayo 2007