Medellín

Los hechos de violencia ocurridos durante este año en Medellín muestran un amplio espectro en sus modalidades delictivas que reflejan sevicia y se amparan en la impunidad.

Desapariciones colectivas, asesinatos con armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, acuchillamientos, descuartizamientos, torturas y asfixia mecánica son las caras de la violencia urbana que plantean que la discusión no pasa por las cifras sino por las maneras como se atenta contra el derecho a la vida en la capital antioqueña.

Las cifras de homicidios siguen siendo bajas si se consideran los inicios de la década del 90: de acuerdo con la Policía Metropolitana, entre el 1 de enero y el 15 de junio de este año se han cometido 309 homicidios, un 14% más que el mismo periodo del 2007, cuando ocurrieron 270, circunstancia muy lejana de la registrada en 1991, cuando se presentaron 6.349 casos homicidios.

Si bien ese incremento del 14% inquieta a la comunidad, lo que tiene alertada a las organizaciones defensoras de derechos humanos son las modalidades delictivas que se vienen registrando. Según el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), en por lo menos 126 asesinatos se revelan altas dosis de sevicia, impunidad y falta de explicaciones concretas y satisfactorias por parte de las autoridades locales civiles y policiales.

Inquieta al Observatorio la selectividad de varios asesinatos: diez personas vinculadas al negocio de compraventa de carros y de autopartes; 15 taxistas; 20 mujeres, en su mayoría mayores de 30 años de edad y varias de ellas afrodescendientes, así como 24 reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

También es motivo de preocupación tres casos de desapariciones colectivas ocurridas en los primeros meses del año que involucraron a nueve personas, de las cuales aparecieron asesinadas tres. De las seis restantes, tres comerciantes y tres obreros de origen afrodescendiente, no se sabe nada.

En los crímenes destacados por el Observatorio del IPC resalta un conjunto de asesinatos ocurridos en el primer trimestre, pues dado el perfil de las víctimas tendrían connotaciones políticas: un egresado de la escuela de ciencias políticas de la Universidad Nacional a quien se le relacionó con la guerrilla de las Farc; dos reinsertados del Eln que trataban de rehacer su vida en el barrio Belén Zafra fueron sacados de su lugar de vivienda por un comando armado y los asesinaron, y una pareja de esposos que fueron confundidos con desmovilizados de la guerrilla del Eln

Un aspecto sustancial en ese grupo de 126 asesinatos ocurridos en la ciudad durante el primer semestre es la utilización de arma de fuego en 102 de ellos, en los cuales fue reiterado el uso de pistolas 9 milímetros con silenciador en varias de las incursiones sicariales, arma que es de uso privativo de la fuerza pública,.

Foco de violencia

Los diversos modus operandi que revelan los hechos delictivos que cobraron la vida de 309 personas durante el primer semestre de este año en Medellín llevan a pensar que no hay explicaciones únicas que determinen qué está pasando en la ciudad y por qué se están elevando los casos de homicidios.

Las autoridades han hablado de “reacomodamiento” de las llamadas “bandas emergentes al servicio del narcotráfico”, y también han relacionado algunos crímenes con la intolerancia ciudadana, riñas callejeras, motivaciones pasionales y violencia intrafamiliar.

Desde diversos sectores sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos se ha insistido en la permanencia del proyecto paramilitar, que atenta contra aquellos sobre quienes se sospecha son guerrilleros o afines a la subversión, hacen parte de organizaciones sociales de carácter reivindicativo, consumidores de drogas ilegales, ladronzuelos e indisciplinados sociales.

Centrando el análisis en los 126 asesinatos registrados por el Observatorio del IPC, y aceptando como explicación genérica la del “reacomodamiento” de bandas al servicio del narcotráfico, se viene tejiendo la hipótesis de que la lucha hoy en la ciudad es por alcanzar el monopolio de la criminalidad y continuar con la línea de regulación delincuencial que en el pasado tuvo el hoy confeso narcotraficante y ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, extraditado a los Estados Unidos en mayo pasado.

Esa confrontación implicaría controles territoriales y el dominio de aquellos negocios, legales e ilegales, que permiten el flujo de capitales relacionados con el narcotráfico, tanto en su relación con la producción y comercialización de la coca como en la irrigación de sus ganancias; y a una escala más barrial, el monopolio de la captura de recursos para el financiamiento de las estructuras ilícitas a través de las llamadas “vacunas” o cobros extorsivos a comerciantes, transportadores y moradores, así como el acceso a dineros del Estado por la vía de contratos comunitarios.

Hasta septiembre del año pasado, la reducción de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá estaba ligada a los efectos de la desmovilización de las Auc y al monopolio de la criminalidad que mantuvo durante los últimos cuatro años alias don Berna a través de sus redes, conformadas por reinsertados bajo su mando, varios de los cuales juegan aún en la legalidad y en la ilegalidad a la misma vez, y por aquellos que no hicieron parte del proceso de desmovilización y permanecieron en la clandestinidad.

Su poder en la ciudad y en el Valle de Aburrá, conquistado a sangre y fuego durante los últimos 20 años, se empezó a diluir a partir del 24 de agosto del año pasado cuando fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Desde ese momento, se inició un forcejeo entre los herederos de su poder en la llamada “Oficina de Envigado” para monopolizar la actividad criminal.

Tal “desorden” delincuencial llevó a vislumbrar las dificultades que afrontaría Alonso Salazar en su administración, que comenzó el 1 de enero de 2008, pues era previsible que encontrara una ciudad con diversas estructuras delincuenciales disputándose el control territorial y luchando por el monopolio de la criminalidad. Circunstancia que marca una diferencia con la administración del ex alcalde Sergio Fajardo e impacta los índices delictivos, en particular el de los homicidios.

La situación no es fácil para la Alcaldía de Medellín. De un lado, las comunidades reclaman mayor seguridad; de otro, las alertas que genera el incremento de homicidios y los modos en que se expresa la violencia requieren intervenciones no sólo de índole policivo y coercitivo, sino de una verdadera política pública de convivencia ciudadana que desmonte imaginarios asociados al poder de los grupos armados ilegales y le ofrezca a las poblaciones más vulnerables espacios para su transformación social, económico, político y cultural.

Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

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