Medellín

Con el uso de emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por parte de uno de los miembros del Ejército que participó en la Operación Jaque, que logró el rescate de 15 personas retenidas por las FARC, se cometieron graves infracciones al derecho internacional humanitario y al Código Penal colombiano.

Así lo interpretaron varios juristas especialistas en el tema consultados por la Agencia de Prensa IPC, tras conocer la declaración del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien aceptó que uno de los oficiales que participó en la operación uso un chaleco con los emblemas del CICR.

“Un oficial, equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja”, admitió el Presidente, quien en anteriores ocasiones, había negado el hecho, consecuente con las versiones que dieron el Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y la cúpula militar y policial.

La sede en Colombia del CICR reaccionó a las declaraciones del presidente Uribe y mediante un comunicado le recordó al Gobierno nacional “que el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado”.

De acuerdo con Elkin Ramírez, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, (Codhesel), lo hecho durante la llamada Operación Jaque con relación al uso de los emblemas del CICR responde claramente a una grave infracción del derecho internacional humanitario (DIH).

A su juicio, las justificaciones entregadas por el mandatario colombiano no son aceptables: “decir que el oficial actúo sin conocimiento de los mandos militares no es excusable, puesto que existe la responsabilidad por omisión. Además, cabría preguntarse: ¿qué hacía un miembro de la fuerza pública con una insignia en sus bolsillos? Todo indica que hubo premeditación”.

Ramírez también resaltó que la Operación Jaque, llevada a cabo el 3 de mayo pasado por fuerzas especiales helicotransportadas, fue una acción militar y no un rescate humanitario, “lo que significa que no hay un argumento sólido para salvar las responsabilidades políticas y judiciales”.

Dicen las normas

En las normas nacionales e internacionales, el uso fraudulento del emblema del CICR, así como de otras insignias, está tipificado como Perfidia, y según los acuerdos existentes, su infracción, contemplada como delito de guerra, puede ser llevada a la Corte Penal Internacional, cuya competencia entrará a regir en el 2009.

Los métodos pérfidos, uno de los cuales es simular que se posee un estatuto de protección, están consagrados en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, que forman parte del derecho internacional humanitario, del cual Colombia es signatario, y contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, y protegen a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden luchar (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra).

El artículo 38 del Protocolo I, Adicional a los Convenios de Ginebra, que entró en vigencia el 8 de junio de 1977, establece que “queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o señales establecidos en los Convenios o en el presente Protocolo”.

El actual Código Penal Colombiano recoge la normatividad internacional y castiga esa acción. De acuerdo con el artículo 143, “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas”, entre otros, “incurrirá por esa sola conducta en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

No obstante las normas citadas, el Presidente de la República le solicitó al general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, que no se sancione al oficial que utilizó el emblema del CICR. Además, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, descartó, por lo menos de manera parcial, la relación del hecho con el delito de perfidia.

“Para que se pueda hablar de perfidia es necesario que se actúe con el propósito de atacar o hacer daño al adversario, y como todos hemos visto, en esa operación no se actuó con ese propósito”, explico el funcionario. Y agregó: “no hay los elementos las condiciones, las exigencias, de las normas internacionales y nacionales para hablar del delito de perfidia”; sin embargo, aclaró que su despacho analizará las circunstancias.

Para el abogado Elkin Ramírez, las palabras del Presidente y del Fiscal imparten una absolución anticipada por la forma como actuó el oficial del Ejército, “pero es necesario precisar que esos pronunciamientos no son de jueces. Ello debe resolverse en el marco de un proceso penal, cuya decisión está en manos de un juez de la República”.

Consecuencias

Más allá del procesos penales que puedan o no iniciarse contra el oficial del Ejército, algunos observadores plantean serias consecuencias tras esta infracción. Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), planteó dos aspectos concretos: de un lado es un mal mensaje por cuanto ratifica que el fin justifica los medios, y de otro, debilita las acciones humanitarias.

“El Presidente nos tiene acostumbrados a dar el golpe y luego admitir el error y salir a pedir disculpas. Así ocurrió con Ecuador en marzo pasado y ahora pasa de nuevo”, explicó el analista.

Desde su perspectiva, esta actitud presidencial es un mal mensaje a la opinión pública nacional e internacional por cuando indica que “el gobernante puede violar la ley o inventarse las leyes para adelantar sus acciones. Eso es una manera de violar el estado social de derecho”.

Agregó que esta infracción también debilita las acciones humanitarias que emprende no sólo el CICR sino otras organizaciones neutrales en Colombia, “pues podrían ser considerados como blancos militares”. Además, si ello ocurre, quienes resultan afectadas son las víctimas de la guerra, puesto no recibirán la atención debida, sobre todo en áreas de alta confrontación bélica.

El jurista Eduardo Carreño, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, coincidió con González Posso y reiteró que “lo ocurrido pone en débil posición a los miembros del CICR, cuyas acciones son de amplio reconocimiento por parte de los combatientes en el país, pues a futuro existe el riesgo de que no se les crea”.

El debate jurídico y político que abrió la aceptación presidencial es de grandes proporciones, pero dados los fines alcanzados por la Operación Jaque, es poco probable que trasciendan las responsabilidades políticas y jurídicas. Este país se viene acostumbrando a que el fin, en últimas, justifica los medios.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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