“Que un Juzgado haya declarado responsable al Estado por omisión en la masacre de El Chengue y que tenga que pagar una indeminización por eso, bueno, eso es importante. Pero eso no revive a nuestros muertos, ni esclarece la verdad de lo que pasó allí ni tampoco da claridad sobre que va a pasar con nuestra reparación”.

Así se expresó Marco Oviedo Meriño, sobreviviente de la masacre de El Chengue, departamento de Sucre, tras conocer el reciente fallo en primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el cual se obliga a la Nación a cancelar una millonaria indemnización a 12 familias sobrevivientes de una de las más cruentas masacres perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la Costa Norte colombiana.

Según el fallo, se hallaron méritos suficientes para considerar que hubo responsabilidad por omisión por parte de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001, cuando un comando armado del bloque Héroes de los Montes de María de las Auc incursionó en este corregimiento del municipio de Ovejas y asesinó con sevicia a 28 campesinos, desplazó a más de 100 familias e incineró todas las viviendas del casco urbano.

Entre el acervo probatorio del que dispuso el Juez para dictar sentencia se encuentran varios informes de inteligencia militar que dan cuenta de la presencia de las Auc en la zona y cómo venían cometiendo asesinatos selectivos, desplazamientos y masacres en territorios aledaños al Chengue, por lo cual la acción armada era “previsible y anunciada”. En consecuencia, las instituciones imputadas, en este caso la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa, deberán indemnizar con 300 salarios mínimos, equivalentes a 138 millones de pesos, a 12 familias víctimas que entablaron demanda por estos hechos.

Por ser fallo en primera instancia, deberá cursar trámite ante el Tribunal Administrativo de Sucre dado el recurso de apelación interpuesto por la Armada Nacional. De surtir este trámite y mantenerse la decisión inicial, ésta sería la primera condena que recibe la Nación de una serie de demandas que cursan en distintos tribunales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CidH) que fueron instauradas por quienes perdieron sus familiares en El Chengue.

Si bien hay optimismo entre los apoderados de los demandantes por lo que pueda ocurrir ante el Alto Tribunal, entre las víctimas de la masacre persiste el escepticismo, pues aseguran que sentencias de carácter administrativo como esta podrían quedar como “paños de agua tibia” si no se avanzan en las investigaciones de tipo penal.

“Hay una serie de sentimientos encontrados. Por un lado, hay que esperar que pasa con la decisión y, de otra parte, todavía falta saber mucha verdad sobre el hecho, los procesos de las otras familias avanza muy lento y sobre reparación colectiva no se habla nada”, afirmó Marco Meriño, quien al momento de la tragedia era un menor de edad y ahora lidera el Movimiento Víctimas Chengue 17 de enero.

Julia Meriño, otra de las sobrevivientes de la masacre, siente que la decisión inicial no responde a las expectativas reales de las víctimas. “Yo me alegro por las familias que van a recibir ese dinero, pues sé que están en pésimas condiciones, pero las víctimas pensamos que el dinero no es todo lo que hay exigir. Sobre los los autores intelectuales de este horrible hecho no se sabe nada, eso está en la impunidad. Nadie nos dice por qué nos hicieron esto a nosotros”.

Pero si los sobrevivientes del hecho sienten que no se avanza en materia de verdad y justicia frente a este crimen, en el tema de reparación su desconsuelo es mayor. “Esta bien que indemnicen a las 12 familias, pero, ¿el resto? Ese día asesinaron a 28 de nuestros paisanos y desplazaron a más de 100 familias y para ellas no ha llegado ningún tipo de ayuda y ahora viven prácticamente en la calle en ciudades como Sincelejo, Barranquilla y Montería. Me pregunto hasta cuándo tendrán que esperar”, dijo Meriño.

Situación de abandono

El reclamo de las víctimas por una reparación integral y colectiva se hace más vehemente luego de conocer el fallo. Y no es para menos. El 17 de enero de 2008, decenas de familias sobrevivientes de El Chengue asentadas en los municipios de Ovejas, San Onofre, Colosó, entre otros, decidieron visitar el sitio de la tragedia con el fin de honrar a sus seres queridos desaparecidos mediante un sencillo homenaje.

Ese día, los chengueros allí presentes le manifestaron a las autoridades gubernamentales su intención de retorno, para lo cual solicitaron créditos blandos para emprender de nuevo proyectos agrícolas y recuperación de caminos veredales, auxilios económicos para reconstruir salones comunales, escuelas, puestos de salud y las viviendas destruidas por la acción de los paramilitares.

“Pero ya vamos para siete meses de la propuesta y nadie se ha manifestado. Seguimos igual, pasando muchas necesidades y sin poder acceder a ningún tipo de ayuda. Nos prometieron un subsidio por parte de la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Agencia Usaid y Acción Social, pero, por lo menos yo, sólo lo recibí una sola vez y hay quienes ni lo han recibido”, agregó Julia.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Capítulo Sucre, también consideró que frente al derecho de reparación integral y colectiva que tienen los víctimas del paramilitarismo en este departamento está quedando en entredicho, no obstante la importancia de la sentencia.

“Se planteó una indemnización económica para unas cuantas familias, pero no se plantea la indemnización moral. La petición que han hecho comunidades como la de El Chengue, Ovejas, San Onofre, donde también se registraron cruentas incursiones armadas de los paramilitares, es que en esos territorios se realicen reparaciones colectivas que involucren aspectos más de tipo simbólico y cultural, pues allí se arrasó prácticamente con toda una comunidad”, sostuvo Ingrid Vergara, líder del Movice en Sucre.

Su planteamiento va incluso más allá, pues asegura que así como hubo omisión por parte del Estado en la perpetración de esta y otras masacres, también hubo una fuerte injerencia de políticos de la región que vieron en el paramilitarismo el instrumento perfecto para consolidar su proyecto político.

“Para nadie es un secreto que políticos de la Costa Norte fueron autores intelectuales de masacres que tuvieron lugar en la región, bien para someter al electorado o bien para despojar de la tierra a los campesinos. Nosotros exigimos que se cuente esa verdad, que hasta ahora no ha aparecido en las versiones libres de los ex jefes paramilitares que rinden versión libre aquí en Sincelejo”, añadió Vergara.

Por lo pronto, las demandas que cursan en distintos tribunales nacionales e internaciones seguirán su curso, pues las víctimas de Sucre sienten que sólo descansarán cuando les respondan la pregunta que desde hace años no los deja en paz: “¿por qué a nosotros?”.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia.
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