Itagüí, Antioquia: en máxima alerta por disputa entre bandas criminales

26/10/2008
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Como una bomba de tiempo a punto de estallar califican los habitantes de Itagüí la situación de orden público que actualmente se registra en algunos barrios de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

La disputa por el control de actividades ilegales y el dominio territorial que vienen librando bandas delincuenciales en barrios como Santa María No 1 (conocido como El Guayabo), El Tablazo, Las Acacias, Calatrava, Playa Rica y La Unión, ha generado una serie de muertes violentas a lo largo del año que lo ubica como el segundo municipio (sin contar a Medellín) más violento del Valle de Aburrá

Según cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de 2008 se cometieron 51 homicidios en este municipio, 17 menos que los registrados en la localidad de Bello. Para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, la cifra es preocupante si se tiene en cuenta que Itagüí cuenta con una población cercana a los 250 mil habitantes; es decir, la mitad de residentes de Bello.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), en 35 de estos homicidios se evidencian móviles relacionados con el ajuste de cuentas entre bandas de delincuencia organizada.

Además, el Observatorio reporta la desaparición en extrañas circunstancias de Jonh Denis Gómez (febrero); Gustavo Alberto Echavarría Ocampo (marzo); Ricardo Lisbey Ocampo Álvarez (abril); Jonh Jairo Gómez Herrera (junio); Oscar Andrés Villada Villada (julio) y Juan Camilo Trejos (agosto).

Más allá de las cifras, los relatos de pobladores de varios barrios consultados por la Agencia de Prensa IPC dan cuenta de prácticas de control territorial, imposición de normas sociales y administración de justicia en algunos sectores itagüiseños, muchas de las cuales fueron usadas en su momento por el Bloque Cacique Nutibara, que operó en este municipio entre el 2001-2003 y que tras su desmovilización se creían erradicadas.

“Aquí no puede entrar nadie desconocido porque al momento lo están parando los ‘muchachos’ para interrogarlo, para preguntarle quién es, de dónde viene y para dónde va. En las noches, ellos se ubican en las terrazas a vigilar con sus celulares quién entra quién sale”, relató una pobladora del barrio Calatrava, quien pidió reserva de su nombre.

Por el control de lo ilícito

Esta confrontación tiene a los habitantes de estos barrios en permanente tensión, situación que se hace más evidente en horas de la noche. “Aquí en Calatrava, después de las 10 de la noche no se ve a nadie en la calles; bueno, ve los muchachos en sus motos, son los únicos”, dijo la pobladora.

La historia de María Moncada da cuenta del punto crítica que ha alcanzado la disputa entre bandas. El pasado 12 de septiembre un hombre de aproximadamente 45 años de edad ingresó a su negocio, un café Internet ubicado en el barrio Calatrava y le propinó varias puñaladas que le ocasionaron su muerte.

La tragedia conmocionó a vecinos y familiares, pues afirman se trataba de una mujer dedicada a su hogar y a su trabajo. No obstante, personas allegadas a María sospechan que el móvil de su muerte podría radicar en la relación sentimental que desde hacía varios meses sostenía con un reconocido miembro de una banda delincuencial que opera en este barrio.

“El hombre que la mató vive en el (barrio) Tablazo. Desde hace varias semanas los de allá están en guerra con los de Calatrava”, afirmó una vecina de María. Al parecer, el compañero sentimental de la víctima ha sido objeto de varios atentados a lo largo de este año de los cuales ha salido ileso. “Como no lo han podido ‘cazar’ le dieron a la novia”, agregó.

Los testimonios de esta pobladora, así como de otros habitantes del barrio El Tablazo, dan a entender que el origen de la disputa entre bandas radica en el control de actividades ilegales, como la venta de alucinógenos, cobro de vacunas a locales comerciales y, principalmente, el cobro del servicio de vigilancia, práctica extendida en la mayoría de barrios de Itagüí.

Se trata del pago que se da en los barrios y sectores céntricos del municipio a jóvenes que se autonombran vigilantes quienes a su vez dicen que “se comprometen a preservar el orden público del sector”.

“Aquí todos los domingos pasan pidiendo entre 5 mil y 10 mil pesos, dizque para el vigilante, pero no sé que es lo que vigilan. La semana pasada me atracaron a las 6:00 de la mañana cuando salía para la Universidad”, contó una pobladora del barrio El Tablazo, quien añadió que aunque el pago es voluntario, “es mejor no entrar en peleas y pagar”.

“No sé si eso es legal, tampoco conozco de retaliaciones a gente que no haya pagado, pero sí conozco personas que las han atracado en la calle y les han dicho: ¿se dio cuenta lo que pasó? Es mejor pagar la vigilancia ¿no cree?”, manifestó la pobladora de El Tablazo.

Según su testimonio, a mediados de este año los cobros comenzaron a ser más frecuentes. La razón: integrantes de una banda de otro barrio se atribuyeron el control de la seguridad, lo que detonó una confrontación que comenzó a gestarse luego de la captura, en mayo pasado, de Alirio de Jesús Roldán, alias el Cebollero y la posterior extradición, en el mismo mes, de los 14 ex jefes paramilitares retenidos en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí

“Luego de esos antecedentes es que se viene viviendo una disputa entre bandas que no se daba hace mucho tiempo. Puede ser coincidencia, pero lo cierto es aquí, durante mucho tiempo, las bandas estuvieron al servicio del paramilitarismo y ahora no cuentan con un ‘patrón que los aglutine”, conceptuó Carlos Andrés Cardona, director la Corporación Nueva Gente, que trabaja el tema de los derechos humanos en este municipio.

Control hegemónico

Por su parte, en los barrios La Unión y Playa Rica, sus habitantes señalan que allí, los integrantes de la reconocida banda “La Unión” son prácticamente “dios y ley”. “Si algo pasa en el barrio, para eso está la gente de la Unión. Ellos intervienen en la solución de pleitos vecinales, cobro de deudas vencidas y mantiene el control del orden público”, indicó un residente del barrio Playa Rica.

“Aquí el ambiente es tenso porque nadie puede cuestionar a esa gente, ni siquiera la Policía. Simplemente ellos son la ley” expuso el poblador. De acuerdo con su testimonio, en este barrio de la Comuna 5 se volvieron habituales las grandes fiestas, con cierre de vías incluido y hasta altas horas de la noche, en las que predomina el ruido, la presencia de lujosos vehículos y gente armada.

“Pero muchas veces llega La Policía, habla con el ‘duro’ de la cuadra, que por aquí le dicen (alias) Tiquio, y salen y se van. No pasa nada”, narró el residente. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por la Agencia de Prensa IPC dicen no conocer denuncias sobre el control social ejercido por la banda la “Unión” y, por el contrario, desestiman el poder que ésta pueda tener.

“En este momento hay 19 de sus integrantes capturados. Es, quizás, el grupo armado que más se ha combatido. Tampoco tenemos denuncias concretas de que ellos tengan un control sobe el barrio y si la gente los busca para dirimir conflictos, eso se sale de nuestras manos”, manifestó Carmen Elvira Zapata Rincón, Personera delegada en lo penal de Itagüí.

De igual forma, Víctor Hugo Pérez, secretario de Gobierno Municipal, expresó que el mismo Gobierno Nacional, a través de la Policía Nacional, viene adelantado acciones dirigidas a desarticular la mítica banda, de la que se dijo en su momento estuvo al servicio de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, hasta hace poco máximo líder de la llamada “Oficina de Envigado” y quien ahora se encuentra en negociaciones con la justicia norteamericana.

“Pero no sólo contra la ‘Unión’, sino contra todas estas bandas que vienen desestabilizando el orden público en barrios como El Tablazo y el sector del Guayabo. Reconocemos que hay bandas que se están enfrentando, pero también hay que decir que La Policía extremó sus controles y la situación ha mejorado en los últimos días”, advirtió el Funcionario.

Frente al tema del cobro por el servicio de vigilancia, el Secretario de Gobierno fue tajante en su apreciación: “es una actividad ilegal”. Si bien el Funcionario reconoció que ésta es una práctica muy frecuente en Itagüí, señaló que es muy difícil de combatir por cuanto no hay denuncias concretas por parte de la comunidad y por ende, una actividad compleja de judicializar.

“Nosotros hemos capturado muchachos con libreta en mano haciendo los cobros por la llamada vigilancia, pero nos toca dejarlos en libertad porque mientras no haya denuncias, la justicia no puede actuar. El otro problema es la que comunidad es condescendiente con ese fenómeno”, arguyó.

Por lo pronto, los itagüiseños esperan que las acciones que adelanten la Fuerza Pública y la Administración Municipal ayuden a mejorar la convivencia en estos barrios, pues en varios de ellos no quieren volver a vivir la pesadilla de la guerra urbana que padecieron durante el dominio paramilitar.

Agenica de Prensa IPC, Medellín, Colombia
www.ipc.org.co
https://www.alainet.org/fr/node/130508?language=en
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