Amnistía Internacional está preocupada por la reciente ola de violencia policial hacia mapuches menores de edad, en las comunidades de Esteban Yevilao, en Tirúa y de José Guiñón, en Ercilla.

La cifra de niños víctimas sigue en aumento: en la comunidad “Esteban Yevilao” –según informes- Carabineros allanaron una vivienda y amenazaron a cuatro niños apuntándolos con armas; o cuando una niña de siete días de vida resultó intoxicada con una bomba lacrimógena lanzada al interior de su vivienda.

Ambas regiones cuentan con una alta presencia policial. Amnistía Internacional ha recibido noticias de una aparente “militarización” de las comunidades a causa de actividades desproporcionadas de control del orden público, y el uso de fuerza excesiva en respuesta a las protestas de algunos mapuche. Mientras que Amnistía Internacional reconoce el deber del Estado de hacer frente a actos delictivos, enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando los derechos humanos y sin recurrir a fuerza excesiva o uso de legislación inapropiada.

Chile ratificó la Convención del Niño que establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. El Estado de Chile tiene la obligación de proteger y velar por los derechos de todos los niños y niñas en Chile.

Amnistía Internacional recuerda al Gobierno, algunas de las recomendaciones presentadas a la Presidenta Bachelet en noviembre 2008:

* Asegurar que las actividades policiales en las comunidades indígenas se atengan a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y también que mecanismos eficaces sean aplicados para investigar quejas sobre el uso de fuerza excesiva.

* Trabajar de forma constructiva con los pueblos indígenas para avanzar en la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que éste instrumento consagre, refuerce y no plantee detrimento de las normas internacionales existentes para la protección de sus derechos, como la declaración adoptada recientemente por las Naciones Unidas.