Una orden de desalojo emitida el pasado 24 de febrero por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) podría generar un desplazamiento masivo en el corregimiento La Danta, territorio del municipio de Sonsón que limita con la localidad de Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño.

La situación la viven cerca de 150 familias asentadas en el predio denominado La Honduras, ubicada en la vereda La Linda de este corregimiento, que fuera propiedad del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria e incautada por parte de la DNE en la década de los 90.

Por decisión del Gobierno nacional, este terreno deberá pasar a manos del fondo de reparación de las víctimas del conflicto armado que manejará Acción Social, obligando a los campesinos a abandonar, a más tardar el 20 de marzo, unas tierras que han habitado y trabajado por espacio de 11 años.

La historia del predio muestra que en su momento fue parte de los extensos latifundios que el abatido capo del narcotráfico tuvo en todo el Magdalena Medio y que fueron perseguidos por la justicia colombiana para aplicar el recurso de extinción de dominio.

Pero este pedazo de tierra de 332 hectáreas de extensión, también fue refugio de decenas de familias desplazadas que huían de la creciente violencia que se apoderó de la región en los años 90, producto de la confluencia de grupos paramilitares, células guerrilleras y narcotraficantes.

Así lo recuerda Francisco Giraldo, uno de los primeros desplazados que se asentó en La Honduras. El miedo y el constante asedio de los grupos armados ilegales hicieron que Francisco y otras 10 familias abandonaran sus pertenencias en la vereda Rioclaro, municipio de Puerto Triunfo, hace ya más de 12 años.

“Nos fuimos todos para la Alcaldía (de Puerto Triunfo) a ver en qué nos podían ayudar. Lo que nos dijeron fue que nos podíamos acomodar temporalmente en estas tierras, que eran de Pablo Escobar pero que llevaban varios años desocupadas”, dice Francisco.

Y así lo hicieron. Las tierras de Escobar Gaviria se convirtieron desde aquel momento en “refugio humanitario” que fue creciendo a medida que el conflicto se agudizaba en el departamento. En el año 2000, por ejemplo, llegaron decanas de familias provenientes del corregimiento Aquitania, municipio de San Francisco; en el 2003, unas 315 familias procedentes de las Veredas Campo Alegre, San Francisco, Mulato Alto y La Hermosa de Sonsón se albergaron en la Honduras.

Un buen número de los recién llegados se quedó a vivir allí, dada las condiciones de seguridad y al hecho de que nadie reclamó la propiedad sobre el predio. Incluso, la Alta Consejería para la Reinserción a la Vida Civil ubicó en estos predios a un grupo desmovilizados del bloque Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para que adelantaran proyectos productivos relacionados con la ganadería.

Pero todo cambió la semana pasada. “Durante todo este tiempo nadie nos molestó, nadie nos dijo que teníamos que entregar esta tierra”, comenta Francisco, quien además de la preocupación que le produce el hecho de un nuevo desplazamiento, siente una gran angustia al ver cómo el trabajo de estos años “se echará a perder”.

“Cuando nosotros llegamos esto era un ‘rastrojero’. ¿Qué nos pusimos a hacer? Lo que sabemos hacer: trabajar la tierra. Tenemos sembrado cacao, yuca, plátano, cítricos y algo de ganadería y, si nos echan de aquí, todo eso se va a perder”, cuenta con tristeza el labriego.

El tiempo apremia

Las consultas y las acciones legales por parte de los campesinos que ayuden a evitar el desalojo no se han hecho esperar. El alcalde del municipio de Sonsón, Jesús Antonio Giraldo, ya autorizó la realización de un censo que luego será enviado a la DNE, con el fin de demostrar la antigüedad de los pobladores en el predio y su dependencia económica del mismo.

Por su parte, representantes de la comunidad de La Honduras adelantan contactos con la Defensoría del Pueblo de Antioquia, a fin de conocer la jurisprudencia que en materia de tierras y extinción de dominio existe en el país.

No obstante, los campesinos reconocen que la situación es complicada y temen lo peor. “Nosotros somos concientes que la tierra era de un narcotraficante y que no tenemos ningún título que nos ampare, pero creemos que por los años que llevamos aquí y con lo que hemos construido algún derecho podemos reclamar”, manifiesta Fabio Ciro, miembro de la Asociación de Familias Campesinas y Desplazadas del Sector Honduras (Afacadehon), organización que nació a principios de 2008 como fruto de un proceso comunitario de varios años que buscaba, precisamente, iniciar los trámites de legalización de sus tierras.

“Hace varios años solicitamos la electrificación del terreno y la construcción del acueducto y nos dimos cuenta de una serie de dificultades de orden legal que teníamos que comenzar a solucionar. Fue entonces cuando nos organizamos y nació la Asociación”, añade Ciro.

Luego de su creación, la primera tarea encomendada a Afacadehon fue iniciar un periplo por instituciones gubernamentales para conocer la situación del predio y los derechos que los asistía.

“Fuimos al Incoder y nos dijeron que esa finca nunca ha figurado bajo su jurisdicción y que siempre ha pertenecido a la DNE. Enviamos una carta el 14 de junio de 2008 a la DNE preguntándole si podía asignarnos estos predios, dado el tiempo que llevamos asentados aquí y la respuesta fue la orden de desalojo”, agrega Fernando Henao, representante legal de Afacadehon.

La esperanza de la Asociación se centra ahora en dos posibilidades: que el municipio de Sonsón pida formalmente el predio a la DNE o ser tenidos en cuenta como primeros postulantes, bien sea a través de venta, subasta o destinación de bienes objeto de incautación, tal como lo dispone el decreto 1461 de 2000.

Sin embargo, ambos casos encierran una serie de condiciones difíciles de solucionar en el corto y mediano plazo. “La mayoría de las personas allí residentes pertenecen al municipio de Puerto Triunfo, pero el predio están en jurisdicción de Sonsón. Si la DNE nos cede el terreno, esas personas tendrían que ser atendidas por nosotros y el presupuesto es bastante corto”, explica el Alcalde de Sonsón.

“Tampoco tenemos mucha claridad sobre cómo sería el proceso de postulación, pues el funcionario de la DNE que vino a notificarnos nos dijo que para acogernos a esta Ley teníamos que presentar un proyecto productivo antes del desalojo y eso no se hace de la noche a la mañana y hasta el momento nadie nos da claridad sobre este tema”, indica Ciro.

La Agencia de Prensa trató de esclarecer el asunto con la Dirección Nacional de Estupefacientes pero no obtuvo respuesta. También consultó con autoridades del Departamento, pero señalaron no tener claridad sobre esta situación.

Por lo pronto, los campesinos residentes de La Honduras esperan que, por lo menos en esta ocasión, los plazos no se cumplan y les permitan continuar con sus vidas como hasta ahora lo han hecho, pues como dice Francisco Giraldo, “lo único que tiene el campesino para dejarle a sus hijos es la tierra y si me toca irme de aquí, ¿Qué les voy a dejar?”.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia

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