Apenas conocida la sentencia, Keiko Fujimori la llamó hija del odio y la venganza, declaró que el Poder Judicial no servía para nada, y –sin derramar una lágrima– anunció que, de gobernar el Perú, lo indultaría. Su programa de gobierno tiene un eje: indulto al criminal sentenciado a 6 años por allanar una casa para robar los vladivideos, suplantando a un fiscal con su edecán militar, y a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Y claro, entendemos que reorganizará el Poder Judicial y el Ministerio Público para restituir a los Rodríguez Medrano y a las Blanca Nélida Colán, los jueces sin rostro y los que cobraban en las salitas del SIN, terminando con los San Martín, Príncipe y Prado, con los Peláez y Guillén, con los juicios públicos y televisados, con los veedores internacionales y las sentencias motivadas y sustentadas.

“¿Está probado…? Lo está”. Millones escuchamos, conmovidos, la lectura de la sentencia que, luego de 160 sesiones, condenó a Fujimori a 25 años de cárcel por asesinato y secuestro agravados. El lenguaje complicado de los jurisconsultos, un dialecto inentendible, se sustituyó por un lenguaje directo y comprensible para sustentar una sentencia sin precedentes para un presidente de la República acusado de gravísimos abusos de poder. Todos la entendieron, menos los fujimoristas. Pero la Corte Suprema de Chile ya había preanunciado este resultado al acordar –por unanimidad– que estos casos tenían indicios más que razonables para extraditarlo al Perú. El llamado al pueblo a salir a las calles, ese mismo día, se evaporó, mientras los “guardianes del Chino” se dispersaban por acción de un pequeño núcleo de la CTP aprista. Al día siguiente, una convocatoria en el Campo de Marte, moviendo decenas de buses, terminó en el Anfiteatro del Parque de la Exposición (¿cedido por Castañeda?) donde apenas caben 3,500 personas.

Y es que la sentencia fue contundente. Evidenció que el Grupo Colina se formó en el régimen de Fujimori, como un destacamento de las FFAA, sujeto a una cadena de mando (el SIN, dependiente por ley de Fujimori, la Dirección de Inteligencia del Ejercito y el Servicio de Inteligencia del Ejercito), bajo la dirección –sin resolución expresa, pero con mando real– de Vladimiro Montesinos, asesor, cogobernante y siamés de Alberto Fujimori a quien este, cómplice, ni mencionó en su teatral alegato de inocencia en la corte.

Quedó claro que Colina era financiado con presupuesto del SIN para operaciones especiales de inteligencia, con armamento, vehículos, locales operativos, personal auxiliar e inmunidad operativa provistos por los mandos militares. Que sus miembros fueron felicitados por el mismo Fujimori y ascendidos por su recomendación. Que recibían pagos extraordinarios y su jefe operativo, Santiago Martin Rivas, vivía –al igual que Fujimori y Montesinos– en el SIN. Que realizaron más de 50 operativos criminales como los de Barrios Altos y La Cantuta, y que –según Hermoza Ríos– lo ocurrido en La Cantuta se informó a Fujimori. Que secuestraban gente –como Gorriti y Dyer– en los sótanos del Pentagonito, donde se encontró restos de un crematorio con un dedo humano. Que “juzgaron” a los Colina en una pantomima judicial del fuero militar y luego los indultaron –a iniciativa del fujimorismo– garantizándoles impunidad. La sentencia señala que esto dependía de la misma cúpula que manejaba el país a su antojo: Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos.

Keiko Fujimori quiere tapar este quemante sol con un dedo y se lanza a la presidencia alrededor de una solución central a los problemas del Perú: “Indulten a mi papito”. Pero Fujimori debe enfrentar otros procesos judiciales: los de la corrupción, otra dimensión del abuso de poder cometido durante su gestión. Los US$ 15 millones de dólares entregados, en maletas sacadas del Banco Central, a Montesinos para que se vaya del país, con aval del Ministerio de Defensa, de Boloña en Economía y del premier Federico Salas, que además se “restituyeron” con otro monto similar extraído de otra fuente pública. Las compras de congresistas tránsfugas para contar con un Congreso sumiso y corrupto como el que Keiko quisiera para su gestión. La ilegal compra de CCN, canal de TV de cable vinculado a Expreso. Y el espionaje telefónico con que perseguían o chantajeaban a la oposición para domesticarla y manejar al país como su chacra. A las sentencias anteriores, se sumarán ahora solo algunos casos de la generalizada corrupción de su gestión y el uso del dinero público para aceitar la mafia en el poder y resolver sus problemas internos. ¡Cómo quisiera Fujimori que la Sala que lo juzgara la presidiera Rodríguez Medrano y que su fiscal fuera Blanca Nélida Colán!

Vota Keiko y lograrás un indulto, pulcro y justo. De paso, podrías reavivar el moribundo neoliberalismo para enfrentar la crisis económica (privatizar lo que queda de empresas públicas y destruir lo que queda de derechos laborales, rienda libre a la minería sobre el agua, el medioambiente y las tierras comunales, cerrar el banco agrario, manos libres a las AFP…), corromper las FFAA y contar con un Poder Judicial, un Congreso y medios de comunicación amaestrados, llenos de Medrano, tránsfugas, Bozzo, Baily y Althaus: con Keiko en Palacio, Fuji y Vladi en el poder. ¡El paraíso!

La República, 13 de abril de 2009