Necesitamos un cambio profundo para conquistar la justicia social, el progreso y la libertad que anhelamos. Desde la independencia, el Estado fue botín e instrumento del militarismo, las clases y grupos dominantes; un aparato excluyente, opresor y corrupto, ajeno a una democracia ciudadana y social sin verdadero control sobre la autoridad. No puso la economía al servicio de la gente sino de las transnacionales y grupos de poder. No asumió soberanía sobre nuestros recursos naturales y la renta que generan, ni reconoció nuestro carácter de país diverso, multicultural y plurinacional.

Lograr este cambio exige refundar la república, como han comprendido otros pueblos hermanos. Convertir el malestar y la frustración en una visión de Nuevo Perú, en voluntad de acción, fuerza social y política unitaria para romper las trabas que impiden el cambio. Un candado central es la Constitución fujimorista. Fraudulenta, construye un Estado para los “dueños del Perú”, ajeno a las mayorías y atado de manos para tomar las medidas que requerimos frente a nuestros problemas. Veamos.

La huelga de los pueblos amazónicos, retomada el 9 de abril, después de 7 meses de suspensión para dialogar. Defienden sus territorios, los bosques y aguas, los recursos naturales que García pretende entregar a grandes transnacionales, atropellándolos.

El Congreso los mece. No derogan los DL inconstitucionales. Ningunean los pronunciamientos de los obispos católicos de la Amazonía, la Defensoría, connotados estudiosos e intelectuales, gobiernos locales y regionales o los paros de frentes regionales como Loreto, Amazonas y Cusco, y la jornada nacional de lucha del 27.

¿No podemos los ciudadanos recuperar la autoridad que delegamos en García y el Congreso si actúan de espaldas al país? ¿No podemos revocar el mandato que le dimos a quien incumple sus promesas o a quienes protagonizan escándalos diarios? No, porque la Constitución y las leyes de participación ciudadana no permiten un real control, solo se revoca a alcaldes y autoridades regionales, pero no congresistas ni Presidente.

Se atropella las tierras de comunidades nativas y campesinas, sus derechos y la consulta previa que los convenios internacionales exigen. Claro, esta Constitución no establece un Estado pluricultural, multiétnico y multinacional, ni garantiza, por tanto, los derechos, instituciones y procedimientos para que los pueblos originarios del Perú diverso sean reconocidos y representados.

En 8 años de altos precios de los minerales, nos dejaron migajas. La Constitución actual llevó a privatizarlo todo, a que el Estado sólo pueda intervenir en actividades económicas de manera “subsidiaria”, cuando el negocio no interesa a empresarios privados. Fujimori remató nuestros recursos naturales y servicios a manos de transnacionales. Lo siguió Toledo –hasta el “arequipazo”– y García quiere concesionar puertos, aeropuertos y la Amazonía. Ni siquiera anulan el contrato a los miserables de la refinería de La Oroya que envenenan a los niños al no aplicar el programa ambiental suscrito en el contrato para no afectar sus ganancias, y el gobierno se los alarga otra vez. Es un Estado sin soberanía, “subsidiario”.

Urge que el Estado controle nuestros recursos naturales y se apropie de una parte sustantiva de la renta que generan, que proteja el medioambiente al explotarlo. Eso exige otra Constitución (otro gobierno y Congreso). Esta Constitución, además, establece los “contratos ley” de estabilidad tributaria: a las transnacionales que los firman se les garantizan que no les moverán los impuestos y los privilegios que obtienen por 20 o 30 años. En momentos de altos precios, por esos contratos, empresas como Cerro Verde (o Yanacocha y Southern) “reinvirtieron” sus utilidades sin pagar impuesto a la renta, quitándoles cientos de millones de canon a las regiones. El Estado no puede hacer una reforma tributaria, ni en épocas de sobreganancias –para captar más recursos para educación, salud o el agro–ni en momentos críticos, pues no puede cobrar más a los que más ganaron.

No puede definir el uso del gas de Camisea, porque el concesionario tiene derechos reales (de propietario) sobre el gas extraído y puede negarse a vender gas a las empresas que generan electricidad, pues quiere exportarlo, aunque ello encarece la luz en el Perú. ¿Y el Estado? Amarrado.

En medio de la crisis, quieren quitarles el 20% de preferencia a las empresas peruanas en las compras del Estado, por los TLC y porque la Constitución dice que se trata igual a nacionales y extranjeros.

Sube el pollo aunque el maíz ha bajado. Pan y fideos no bajaron aunque se desplomó el precio del trigo, pero el Estado no puede regular los precios. Tampoco regula el Salario Mínimo Vital ni aumenta sueldos y salarios porque, por Constitución, eso lo resuelve el mercado sin intervención estatal. Ni protege a cientos de miles de despedidos porque la Constitución destruyó los derechos laborales.

Así, quien ofrece un Gobierno de cambio y no plantea con una Constituyente, uniendo las fuerzas para ganar las elecciones e imponerla, solo hará firulete.

Publicado en La República, 01 de junio de 2009

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090601/19/pagina/1634