Medellín

“Aquí pasan un montón de cosas y nadie informa nada, ninguna institución toma cartas en el asunto, a nadie la importa”, exclama la religiosa Rosa Cadavid, de la congregación de la Madre Laura, quien desde más de 10 años acompaña a las víctimas de la violencia de la comuna 13 de Medellín.

Su lamento se fundamenta en el silencio que han guardado entidades municipales y organismos de seguridad frente a los recientes hechos de violencia que han afectado a sus pobladores, dejando en evidencia la desprotección en que se encuentran justo ahora que se está recrudeciendo la guerra entre bandas delincuenciales que hacen presencia en este populoso sector de la capital antioqueña.

El recuento de sucesos le da la razón a la hermana Rosa. Habitantes del barrio Las Independencias III le relataron a la Agencia de Prensa IPC su desconcierto por la suspensión del servicio de energía eléctrica que soportaron desde las 10 de la noche del pasado sábado 30 de mayo hasta las 2 de la tarde del día 2 de junio, situación que generó gran traumatismo.

Los pobladores señalan que en la noche de ese sábado se registró un intenso tiroteo a la altura de la carrera 113c con calle 39, que involucró a dos bandas del sector. Uno de los bandos disparó contra los transformadores de la energía, lo que generó una sobrecarga en el sistema que derivó en el corte del servicio público domiciliario y del alumbrado público.

Debido a la avería, cerca de 50 grupos familiares, en un radio de cinco cuadras, tuvieron que vivir en penumbras durante tres noches. Lo más preocupante, según uno de los habitantes que narró su caso, es que cuando los funcionarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM) llegaron al sitio del daño, fueron amenazados de muerte por hombres armados que impidieron la reconexión del servicio.

“Sólo hasta el lunes por la tarde subieron los de EPM y tuvieron que venir escoltados por la Policía”, contó un residente del barrio, quien pidió reserva de su nombre. La Agencia de Prensa IPC intentó contactar a funcionarios de la empresa prestadora de servicio, pero no obtuvo respuesta alguna.

“Peor que antes”

La situación que se registra actualmente en la comuna 13 de Medellín ha hecho que sus habitantes recuerden las turbulentas épocas en que el dominio de la zona se la disputaban, a “sangre y fuego”, las milicias de las Farc, el Eln, los Comandos Armados del Pueblo (CAP) y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Incluso, hay quienes se atreven a afirmar que están peor que antes de la Operación Orión, lanzada por organismos de seguridad a finales de octubre de 2002 para desterrar de allí a las milicias guerrilleras y aparentemente prevenir los altos niveles de violencia que se registraban en el sector. La comunidad está sumida en una profunda desesperación, pues lo que se vive actualmente no sólo parece superar el pasado, sino que está desbordando la capacidad de resistencia y tolerancia que históricamente han tenido.

Muestra de ello fue lo ocurrido el pasado jueves 28 de mayo cuando a eso de las 5 de la tarde varios hombres encapuchados detuvieron cerca de cementerio de La América un bus de servicio público que cubría la ruta hacia el sector de San Javier. Los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo, a excepción de un joven, quien fue asesinado en el interior del automotor y del cual se desconoce su identidad.

Los enfrentamientos entre bandas son la constante en la zona y, tal como lo narra un líder del barrio Las Independencias I, no hay límites entre los jóvenes cuando de liquidar al contrario se trata: “Ayer (miércoles 3 de junio) iba salir a una reunión a eso de las 9 de la mañana y no pude porque estos muchachos se enfrentaron a bala y cuando se les acabaron, comenzaron a tirarse piedras y palos, mejor dicho, con lo primero que iban encontrando. Fue algo muy impresionante”.

Pero si la comunidad padece por culpa de los violentos, capítulo aparte vive la población infantil y juvenil, quienes tienen que hacerle frente a las fuertes presiones de reclutamiento forzado por parte de las bandas, a los desplazamientos forzados, a las amenazas de muerte, a los abusos de la fuerza pública y, recientemente, a los asesinatos selectivos.

En la memoria de los habitantes del barrio Eduardo Santos, por ejemplo, aún pervive el recuerdo del niño Yesid Torres, de 13 años de edad, quien fue asesinado a sangre fría por miembros de un grupo armado ilegal cuando éstos cometían otro asesinato.

Ese día, integrantes de una banda merodeaban las calles del Eduardo Santos en busca de dos jóvenes que, supuestamente, habían hurtado unos materiales de construcción del sector conocido como La arenera.

Los jóvenes fueron “cazados” a eso de las 4:30 de la tarde por los hombres armados y conducidos hasta La arenera, donde fueron ajusticiados. En ese instante, Yesid y su hermano Juan Manuel, de tan sólo 9 años de edad, se encontraban en ese sitio, contando con la mala fortuna de ser testigos presenciales del asesinato.

De inmediato, los hombres armados abordaron a los niños y los amenazaron con matarlos si mencionaban palabra alguna del hecho. Luego de dejarlos en libertad, les dispararon por la espalda. Yesid murió en el lugar, mientras que su hermano fue herido y llevado a un centro asistencial.

Juan Manuel se encuentra ahora bajo protección de instituciones estatales. Sin embargo, la madre de los menores de edad tuvo que salir del barrio, pues fue amenazada por los autores del crimen, quienes ubicaron su residencia y le dieron orden perentoria de desalojarla, so pena de ser “ajusticiada”.

“Ella (la madre) ya tenía una experiencia de desplazamiento forzado. Fue una de las víctimas del incendio que produjeron los paramilitares en el 2001 en el barrio El Salado. Tiene mucho miedo, las amenazas han sido muy fuertes”, señaló la religiosa Rosa Cadavid.

Un detalle que consternó aún más a la comunidad fue la versión entregada por las autoridades y los medios de comunicación locales sobre la muerte de Yesid: la registraron como una “muerte producto de una bala perdida”.

Y es que al miedo que generan las balas de los grupos armados ilegales se suma la indignación por la indiferencia y la falta de acción que ha mostrado la Administración Municipal por estos hechos, máxime cuando diversas organizaciones no gubernamentales advirtieron con anticipación lo que estaba pasando en la comuna.

“Nosotros llevamos más de cinco años diciendo: ‘pilas que puede pasar esto, pilas que a los niños los están reclutando’ y no hicieron nada. Ahora, ellos son reclutados a la fuerza, los convierten en ladrones y luego viene la limpieza social sobre ellos mismos. Es un círculo vicioso. Me pregunto, si nadie quiere hacer nada: ¿en manos de quien vamos a quedar?”, sentenció la hermana Cadavid.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa