En un ambiente caldeado tras la aprobación de la Ley de Víctimas, Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias entregará este jueves 18 de junio su informe de la visita realizada a Colombia, en un acto que tendrá lugar a las 11:00 de la mañana en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ciudad de Bogotá.

Allí, Alston consignará sus observaciones sobre la situación de las ejecuciones extrajudiciales en el país y de paso, formulará recomendaciones preliminares al Gobierno colombiano a fin de que cese esta práctica atroz al interior de las Fuerzas Militares.

En su recorrido por los departamentos de Meta, Santander y Antioquia, el Relator Especial sostuvo sendas reuniones in situ con las máximas autoridades departamentales y nacionales, con altos mandos militares, con organizaciones no gubernamentales y con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que le permitirá tener un panorama amplio y detallado de la problemática en la región.

Entre los aspectos que más enfatizaron los defensores de derechos humanos, las víctimas y los órganos de control en cada una de las regiones visitadas por el Relator Especial fue el alto grado de impunidad que pesan sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, a lo que se le suma la inoperancia de la justicia ordinaria para avanzar en las investigaciones.

La Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental de la ciudad de Medellín que ha documentado más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia entre 2002 y 2008, logró entregarle al representante internacional varios casos que demostrarían la lentitud del sistema judicial, lo que va en detrimento del derecho de las víctimas a la justicia.

“Nosotros le entregados varios casos donde no se observa ningún tipo de avance en las investigaciones. Si bien en su momento consideramos que fue un avance que los casos de violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de los militares sean investigados por la justicia ordinaria, hoy sentimos que no fue ganancia alguna porque los procesos no avanzan”, sostuvo Liliana Uribe, abogada de esta Corporación.

A este reclamo se suma lo ocurrido este martes 16 de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde en último debate fue aprobado el Proyecto de Ley 157 de 2008, conocido como Ley de Víctimas, a través del cual se dictan medidas de protección a las víctimas de violaciones de la legislación penal, de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto colombiano.

Tal y como fue aprobado el articulado, el Estado queda exento de reparar a las víctimas de los llamados crímenes de Estado, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, y en caso tal, éstas sólo serán reparadas cuando medie una sentencia judicial; además, obrará el principio de solidaridad más de no responsabilidad; es decir, el Estado reparará por un acto solidaria más no porque sea responsable.

“Es un desconocimiento grave del derecho de las víctimas de agentes del Estado de acceder a una reparación, por lo menos en igualdad de condiciones a otras víctimas como son los de la guerrilla o los paramilitares (…) El problema es que en un sistema de impunidad tan fuerte como el que existe en el país, donde sólo en el 7% de casos de homicidios tiene alguna sentencia, estamos frente un 93% que quizás se van a quedar sin reparación y sin reconocimiento”, explicó Alberto Yepez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Balance negro

Y es que en materia de acceso a la justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, Philip Alston no se llevará el mejor concepto.

Por lo menos así lo sienten en Antioquia, departamento que lidera las estadísticas de casos documentados de personas asesinadas y, posteriormente, presentadas como “miembros de grupos al margen de la ley dados de baja en combates con la Fuerza Pública”.

Si bien la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía ha dictado resolución de apertura de procesos en 72 casos de hechos ocurridos en este departamento, ha logrado trasladar de la Justicia Penal Militar cerca de 50 más y ha dictado medida de aseguramiento contra 402 miembros del Ejército, sólo se han producido dos sentencias condenatorias, de ellas, una en primera instancia.

“El problema es que las Fiscalías Seccionales no cuentan con los recursos para darle celeridad a las investigaciones”, explicó la jurista de la Corporación Jurídica Libertad, quien enfatiza en las graves implicaciones que tiene la impunidad en una región como Antioquia.

Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia señala que en este departamento se presentaron 220 casos de muertes violentas de civiles atribuibles a miembros de la Fuerza Pública durante 2008, lo que significó un alarmante incremento con relación al 2007 cuando se registraron cerca de 450 casos.

Aunque las autoridades departamentales reconocen que falta mayor celeridad en los procesos judiciales, sienten que gracias a las medidas tomados por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Defensa, se ha logrado reducir al máximo el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados.

“Él tiene que entender que este es un tema muy complejo y en todo caso, debe ser la Fiscalía quien dé respuesta de la lentitud de los procesos. Por nuestra parte, con gran tranquilidad, le pudimos contar al Relator Especial que en lo que va de este año, y desde octubre de 2008, no se ha registrado ninguna denuncia por ejecuciones extrajudiciales (…) Para nosotros era muy importante eso: mostrar que la tendencia en Antioquia va en descenso”, señaló Carlos Vallejo, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Gobernación de Antioquia.

Lo anterior es refutado por Uribe, quien advierte que la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos (Cceu), coalición que agrupa a más de 20 organizaciones no gubernamentales de todo el país, recibió nueve denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el territorio nacional entre octubre y diciembre de 2008 y cerca de siete denuncias en lo que va corrido del año.

“Se sigue vulnerando el derecho a la vida y eso es algo en lo que le enfatizamos bastante al Relator. Ojalá haya tomado atenta nota de lo que le informamos”, sentenció la jurista.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co