Para el gobierno bolivariano, se trata de ataques de los dueños del latifundio mediático. Para la SIP y la oposición conservadora del continente y Europa, en Caracas habría una dictadura que ataca a la “prensa libre”.

Las batallas que se libran en Venezuela en la prensa gráfica, radial, televisiva y por Internet tienen que ver con la propiedad de esos medios, pero sobre todo con la propiedad y distribución de la economía. Y en esta medida se trata de una lucha política, por más que uno de los sectores en pugna, el empresariado privado, dirá que lo suyo es un apostolado. Sus intereses económicos serían puros, no contaminados por la política, que –en cambio- atribuyen al gobierno de Venezuela.

Hoy hay un conflicto por la adjudicación de licencias de radio y televisión en Caracas, pero por sobre todo una larga e inacabable lucha por el control de la economía, la cultura y el poder.

Aún los críticos más acérrimos de Hugo Chávez no pueden rebatir que hay progresos en lo económico-social. El último dato fue provisto por el titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri. Al difundir los resultados preliminares del primer semestre de 2009 de la Encuesta de Hogares por Muestreo, afirmó: "la pobreza se ha venido reduciendo en los últimos 10 años de manera importante, de un 49 por ciento en 1998 a un 26,4 por ciento en 2009".

Hasta ahora esa oposición no ha podido descalificar al INE del mismo modo como la de Buenos Aires tacha de basura todo lo que publique el Indec. A lo sumo busca minimizar los logros chavistas diciendo que obedecen al uso dispendioso de la renta petrolera. ¿Por qué no lo habrán hecho los gobiernos de adecos y copeyanos, de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes también podrían haber empleado en función social esa renta?

El odio de la oligarquía contra Chávez buscó inutilizar la petrolera estatal Pdvsa mediante un brutal lock out a fines de 2002 y principios de 2003, con perjuicios millonarios para el fisco. Fue luego que fracasara en abril de aquel año el golpe de Estado auspiciado por George Bush y José María Aznar.

Venezuela se convirtió en el segundo país latinoamericano libre de analfabetismo en 2005, con ayuda de facilitadores y pedagogía cubana. Y mejoró el nivel de vida de su gente más humilde con los programas de salud, educación, etc. Como lo primero es la comida, el gobierno subsidia la alimentación mediante los mercados alimentarios (Mercal). En los últimos meses Chávez intervino arroceras y fábricas de leche en polvo propiedad de Cargill porque no producían normalmente o elevaban sus precios. Y acaba de hacer otro tanto con dos empresas que detentaban el 80 por ciento de la producción de café.

Pero no se crea que el proceso bolivariano sólo se ocupa del estómago. Ha puesto en órbita un satélite con tecnología china, que mejora sus comunicaciones y educación en lugares alejados, y está a la cabeza de la producción del software libre en computación.

Tiren contra Chávez

El curso antiimperialista del Palacio de Miraflores le ha granjeado poderosos enemigos dentro y fuera del país. Al interior, quedó dicho que en 2002 se unieron fracciones militares, empresariales de Fedecámaras, políticos de la vieja república y dueños de los medios de comunicación para dar un golpe.

Los perdidosos de ese putsch siguen alimentando su sed de revancha, que creyeron alcanzar cuando el oficialismo perdió su única elección en once años, al poner en consideración una reforma constitucional. Después se vio que Chávez recuperaba la mayoría electoral que disfruta desde fines de 1998.

Esa oposición ha contado con el beneplácito de la embajada norteamericana y el Departamento de Estado, la DEA y el Comando Sur con asiento en La Florida. Estos han coincidido en calificar a Chávez de peligro para la democracia en la región. Las críticas principales han girado en torno a las confiscaciones de propiedades extranjeras, su compra de armamentos a Rusia, Brasil y China; su supuesta tolerancia con el narcotráfico y hasta la amistad con la guerrilla de las FARC.

En esas campañas no importó que Venezuela alcanzara récords de incautación de droga, interceptada luego de haberse roto los acuerdos con la DEA. Los informes estadounidenses siguieron con el latiguillo de que Caracas no presta colaboración para erradicar ese flagelo…

Desde la óptica del imperio, agitar contra el líder venezolano sirve para justificar sus pactos con Alvaro Uribe e implantar en suelo colombiano 7 bases militares. Estas servirán para atizar la guerra civil colombiana contra la guerrilla pero, llegado el caso, podrían emplearse para operaciones bélicas contra Venezuela. ¿Qué tiene el vecino que Washington apetece? Las primeras reservas mundiales de petróleo, pues en 2010 se certificarán 316.000 millones de barriles de la Faja del Orinoco.

Libertad de empresa

Desde EE UU también se cuelga a Chávez el sambenito de violador de “la libertad de prensa”. Eso figura en los informes del Departamento que ahora conduce Hillary Clinton, en ciertos reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y sobre todo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El titular de ésta, Enrique Santos Calderón, es el director del diario colombiano El Tiempo, de la familia del vicepresidente de Colombia Francisco Santos Calderón. Hay un ataque coordinado contra Chávez: un Santos Calderón lo cuestiona por las licencias no renovadas de radios y emisoras de TV; otro de la misma familia lo denuncia de que habría entregado armas a las FARC.

Este último argumento es de más fácil refutación porque las armas antitanques de origen sueco supuestamente halladas en 2008 en un campamento fariano habrían sido robadas en Venezuela hace quince años, cuando Chávez no era gobierno.

No es tan fácil de refutar la campaña internacional que pinta la acción bolivariana como agresión contra “la prensa libre”. Es que ese ejército patronal está nutrido por la SIP y el grupo de diarios de América, la CNN y Fox, el grupo español Prisa con el madrileño El País y numerosas publicaciones y radios en Latinoamérica, las grandes agencias noticiosas, etc. Dentro de Venezuela juegan en ese equipo más del 80 por ciento de los medios, incluyendo a Globovisión y los periódicos El Universal, El Nacional, Tal Cual y Últimas Noticias.

¿Qué afirman estos detractores privados? Lo mismo que repiten sus colegas monopolistas de Buenos Aires: “Quieren revocar las licencias de 240 radios en Venezuela”. Así tituló Clarín el 17/7, agregando que además de esas radios privadas serían afectadas 45 emisoras de televisión. Ese es el total de compañías en infracción a la ley pero las sanciones cayeron sobre una cifra bastante más módica.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “notificó el pasado viernes 31/7 el cierre de 34 estaciones por funcionar de manera ilegal por fallecimiento del titular a quien fue otorgada la concesión, el vencimiento de la misma, improcedencia de solicitudes de cambio de títulos y extinción” (despacho de Prensa Latina). La no renovación también afectó a 2 emisoras de TV, de modo que los números son elocuentes sobre la “inflación” de las denuncias. La más afectada fue CNB, con radios en Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal y Coro.

Yendo al fondo del asunto, Conatel y el ministro Diosdado Cabello tienen el deber de inspeccionar el grado de cumplimiento de las firmas privadas y sancionar posibles infracciones a la ley. Y por lo visto esos capitalistas tienen muchos jugadores en “offside”. El gobierno está dispuesto a cobrarles todas las infracciones, de allí la salida del aire de esas emisoras y las cinco sanciones administrativas y multas a Globovisión, el canal golpista de 2002, presidido por Guillermo Zuloaga y Federico Ravell. Como es obvio, Chávez necesita contrarrestar las mentiras de esa coalición privada, e informar sobre los cambios promovidos por el “socialismo del siglo XXI”. Por eso estimula a medios públicos como VNT, Vive TV, TVes y Telesur.

¿Cómo enfocan los medios privados la lucha política? Fernando Buen Abad, Vicerrector de la Universidad Abierta de México, decía en una entrevista para el ministerio de Información de Venezuela: “(en 2002) los medios de comunicación calificaban a los simpatizantes del gobierno como ´hordas chavistas´ y a quienes apoyaban la oposición como ´sociedad civil en pie de lucha´”. Los que miraban televisión en Argentina durante el lock out sojero de 2008 tienen la sensación de que esta película de “piqueteros” malos y “ciudadanos” buenos ya la vieron.

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