Colombia

Justicia no muestra avances en casos de desaparición forzada

10/08/2009

Opinión

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Si bien Colombia posee un marco normativo amplio y bien estructurado para investigar, sancionar y prevenir el delito de desaparición forzada, los resultados de la justicia en la práctica son muy pobres, lo que se traduce en una alta dosis de impunidad para los perpetradores y en la no cesación del sufrimiento para las víctimas.

Así lo expresaron los expositores presentes en el Seminario Internacional sobre Desaparición Forzada: pasos hacia la construcción de memoria histórica, que se desarrolla en el teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y que continuará este miércoles 12 de agosto.

El evento contó con la presencia de delegados internaciones de organismos multilaterales, de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de víctimas que este flagelo ha dejado en la ciudad.

Santiago Corcuera Cabezut, relator del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas, recordó cómo en julio de 2005, una delegación de este organismo realizó una visita oficial a Colombia y encontró que si bien el Estado había avanzado en la tipificación del delito de desaparición forzada y en adoptar una legislación interna acorde con el Derecho Internacional, no se observaban resultados tangibles en el esclarecimiento de dichos crímenes por parte de la justicia.

Lo anterior no sólo era visto por los perpetradores como un incentivo para seguir cometiendo crímenes de esta naturaleza sino que iba en detrimento del derecho de los familiares de las víctimas de acceder a la justicia, la verdad y a una reparación integral y que además, perpetuaba su dolor.

“Lo que observamos en su momento fue una falta de voluntad política para esclarecer estos crímenes y condenar a los culpables por parte del Gobierno colombiano así como una negativa para reconocer la existencia del conflicto armado interno. Si tu no reconoces que tienes un problema, pues mucho menos vas a hacer esfuerzos para superarlo”, señaló Corcuera Cabezut.

Incluso, el documento iba más allá, pues señalaba que la mejor señal de voluntad política por parte de la dirigencia nacional para las víctimas de este crimen sería el desmantelamiento de todas las estructuras paramilitares, responsables de la gran mayoría de casos de desaparición forzada, en muchas ocasiones con la aquiescencia, apoyo u autorización de las Fuerzas Militares.

“Es importante que el Gobierno colombiano acepte, y no eluda, las realidades de los vínculos que han tenido miembros de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares”, reseñó el Grupo de Trabajo en el documento final.

El informe reseñó un total de 1.150 denuncias de personas desaparecidas forzosamente entre los años 1981 y 2004. Sin embargo, el Relator manifestó su preocupación por el ato subregistro que existe al respecto. “El Grupo de Trabajo recibió noticias el año pasado de que hay un fenómeno de subregistro, que hay un número muy alto de desapariciones que no se denuncian y en ese sentido, conocemos muy poco de la realidad”, agregó.

Corcuera Cabezut recordó que la desaparición forzada es considerada como un delito de lesa humanidad, que es pluriviolatorio, por cuanto en su comisión se vulneran múltiples derechos, y también pluriofensivo, toda vez que los efectos psicosociales en la comunidad son permanentes.

“Es inhumano mantener a los familiares de las víctimas en esa incertidumbre permanente y en la medida en que no haya verdad, el crimen continúa cometiéndose”, recalcó el Relator.

Persiste el flagelo

Hoy, cuatro años después de la visita oficial del Grupo de Trabajo, las organizaciones defensoras de derechos humanos presentes en el evento consideran que en materia de impunidad, falta de voluntad política y desprotección de las víctimas, poco o nada ha cambiado.

Lo más preocupante, de acuerdo con Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice), es que el fenómeno persiste y que viene adquiriendo dimensiones bastante preocupantes.

“La Fiscalía investiga 50 mil casos de los últimos 20 años. Eso implica que hay 200 mil personas que han sido víctimas indirectas y que frente a eso hay un gran índice de impunidad”, manifestó Cepeda, quien agregó que existe todo un aparato subterráneo para ocultar la verdad sobre estos crímenes.

“Hemos descubierto que en muchas zonas rurales del país se presentaron casos de personas que fueron desaparecidas para expropiarles tierras. Muchos de estos procedimientos se quedan en un plano formal en la justicia donde además hay todo un aparato para acallar y para ocultar”, indicó Cepeda.

Por su parte, Adriana Arboleda, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel), expresó que ahora todos los esfuerzos de la justicia se están concentrando en la búsqueda de fosas comunes e identificación de cadáveres, aspecto que si bien es importante, poco aporta el esclarecimiento de los hechos.

“¿Qué se está haciendo? Establecer la verdad sólo a partir de lo que dicen los victimarios. En el caso de la desaparición forzada se avanza sólo hasta el punto de establecer cuántos son los desaparecidos, pero jurídicamente no se avanza en tratar de establecer quién lo hizo, por qué lo hizo y a quién benefició”, apuntó Arboleda.

Según la activista, situaciones como esta ponen a los familiares de víctimas de desaparición forzada en un plano de vulnerabilidad y desprotección en el plano normativo, pues además de no existir estrategias de búsqueda lo suficientemente serias, tampoco hay sensibilidad jurídica frente a su situación.

“Este crimen sólo se incorporó al ordenamiento jurídico en el año 2000. No hay herramientas que le permitan al operador de justicia diseñar estrategias de búsqueda. Ésta siempre está determinada por la información que de la víctima o el victimario y el sólo hecho de obligar a las víctimas a hacer una declaración civil por muerte presunta, es desconocer la existencia de este fenómeno”, apuntó Arboleda.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa

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