Estamos a tiempo de lograr que se integre una Corte Suprema de Justicia y una Corte de Apelaciones que escojan lo rescatable entre los postulados para ser magistrados de las cortes. El Congreso de la República tiene en sus manos, en el margen que las comisiones de postulación lo permitieron, el destino de la justicia, la cual sin duda es anterior y superior al derecho.

Por eso, nos corresponde a todas y todos fiscalizar a los y las profesionales que tendrán el privilegio de determinar qué es lo justo y a quién corresponde la razón, aplicar las fórmulas para dirimir las controversias o dictar las absoluciones y las condenas a los sindicados por hechos delictivos. Somos la sociedad la que se encuentra en manos de los y las abogadas que ocuparán los cargos desde donde se debe inclinar la balanza de la justicia.

Por otro lado, en la Constitución Política de la República y en las convenciones de derechos humanos, especialmente la que se refiere a la discriminación contra la mujer, se reconoce explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, aunque hay muchos adelantos, en este aspecto Guatemala todavía reporta un saldo negativo. Datos de Convergencia Política de Mujeres muestran que en los últimos 15 años la Corte Suprema de Justicia ha estado integrada por dos magistradas —el 15 por ciento— y 11 magistrados —el 31 por ciento—.

Se impone entonces la exigencia de elevar el número de mujeres a seleccionar para ocupar los cargos de magistradas en el Organismo Judicial, sin dejar de analizar debidamente sus perfiles, independencia, imparcialidad, planes de acción y honorabilidad, tomando en cuenta sus credenciales profesionales y éticas.

Las abogadas en Guatemala han tenido que realizar muchos más esfuerzos que los hombres para abrirse espacios y, aunque el hecho de ser mujer no garantiza tener sensibilidad de género, es imperativo que los cargos a elegir tengan un sesgo de equidad. Eso también es justicia.

Las organizaciones de la sociedad civil, que han desempeñado un trabajo intenso, consecuente e inédito en el país en relación con este tema, son un legítimo ente fiscalizador del trabajo de las y los diputados.

El objetivo debe ser garantizar la idoneidad para estos cargos jurisdiccionales que está definida por la capacidad técnica, la independencia y autonomía de voluntad, la moral y ética profesional, la fortaleza de personalidad, entre otras cualidades.

Los diputados (as) tienen la oportunidad de actuar en concordancia con los intereses nacionales y elegir a los mejores candidatos, o bien, consumar la componenda para definir a los ungidos, repartiéndose el botín de magistraturas para garantizar intereses sectoriales, legales e ilegales.

Hay dos aspectos reivindicados por la sociedad civil que deben ser resueltos. Uno es evitar el voto secreto, para evidenciar por quién votan, obligando a los diputados (as) a que asuman públicamente su responsabilidad. Y el otro, rechazar la tentación de esas componendas para repartirse entre ellos las magistraturas. La forma de operativizar esos arreglos espurios es eligiendo por planillas, que concretan este contenido siniestro.

Exijamos y apoyemos un proceso legislativo transparente y correcto.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA.

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