El Partido de la Liberación Dominicana-PLD y el Partido Revolucionario Dominicano -PRD (los dos componentes del sistema bipartidista), como ha dicho el destacado intelectual Andrés L. Mateo, son dos “compañías por acciones”. Pero esto es más grave porque cada uno de ellos cuenta con un propietario mayoritario de las mismas: Leonel Fernández (presidente del PLD y actual presidente del país) y Miguel Vargas Maldonado (candidato a la presidencia y presidente del PRD).

 

La privatización de esos partidos políticos ha sido un componente básico de la neo-liberalización del capitalismo dominicano, fenómeno común a ese modelo de dominación en todo el continente.

 

Todo ha estado en venta a partir de su reinado: empresas estatales, servicios públicos, salud, educación, seguridad social, playas, montañas, ríos, tierras, minas, seres humanos, partidos, afiliados y candidaturas.

 

Todo se puede comprar y en verdad compra más el que tiene más, quien a la vez se apropia de casi todas las “acciones” en cada uno de esos renglones.

 

Pero además todo se vale para ser propietario en grande. La procedencia del dinero no importa, lo que importa es disponer fácilmente de grandes fortunas parta controlar empresas y partidos convertidos en negocios privados.

 

Así las cosas el capitalismo se torna cada vez más mafioso y la política del sistema también. Igual los políticos que la ejecutan.

 

Eso le ofrece a esos señorones “todas las posibilidades” de manipular a conveniencia las instituciones electivas y no electivas del Estado.

 

Y esto se ha producido en nuestro país -y en muchos otros- convirtiendo secretarias y ministerios, curules, tribunales y altas jerarquías policiales y militares en alcancías particulares y/o mecanismos de apoyo de los jefes políticos del orden clientelar establecido; convirtiendo las empresas constructoras contratistas del Estado en cárteles del ramo, asociándose políticos y militares a los cárteles de la droga, montando empresas propias de suministros y servicios al Estado, vendiendo concesiones de recursos naturales, apropiándose de las mejores tierras y playas, negociando préstamos con los bancos privados, concediéndoles privilegios y exoneraciones a los grupos oligarquía, montando negocios particulares a través de testaferros y auspiciando toda suerte de fullerías mayores.

 

Todo esto, usando el poder del dinero sobre los organismos estatales y su personal, le permite hacer leyes y constituciones a imagen y semejanza de esas pandillas institucionalizadas y el lumpen-empresariado que se aferran al neoliberalismo en decadencia.

 

Eso es lo que ha pasado con los resultados de la “Asamblea Revisora” de la Constitución bajo las órdenes de los dos principales propietarios del sistema político tradicional; nueva especie de caudillos a papeletazos sucios (¿post-modernos?).

 

Ellos, Leonel Fernández y Miguel Vargas, pactaron al margen de las bases y de los organismos de sus partidos los acuerdos para confeccionar la peor constitución de la historia republicana del país, la más conservadora, la más privatizadora, la más neoliberal y antidemocrática.

 

Conectados con la cúpula empresarial –incluidos el consorcio que dirige el magnate contrarrevolucionario venezolano Gustavo Cisneros, la neo-oligarquía mafiosa de Santiago (segunda ciudad del país, el grupo Fanjul de la claque cubano-americana y el grupo Hazoury dueño del paraíso turístico Cap-Cana y socio del magnate estadounidense Donald Trump- y contando a su favor con la corrompida partidocracia congresual, dejaron al pueblo sin derechos colectivos.

 

 Sacaron de un plumazo del texto constitucional todo lo que podría limitar la voracidad del gran capital privado y concederle a la sociedad acceso a su patrimonio y a su dignidad humana (a las fuentes de agua, al uso de las playas, al libre acceso y la libre expresión en el ciberespacio, al aborto terapéutico, a los avances de la ciencia y la técnica, a la protección de la salud pública, a los resultados de la investigación fito-genética, a la conservación y desarrollo de la biodiversidad como patrimonio social, a los derechos de los consumidores, a todas las variantes de la propiedad pública y/o social social…), incluida la negación “al derecho a una administración honesta y transparente”. Y es que si la deshonestidad es la norma, todo artículo constitucional que la afecte debe ser pulverizado en favor de la mayor impunidad de esas claques.

 

 Todo esto en dirección a montar un sistema jurídico-político, una institucionalidad, un estado y un modelo económico-social, absolutamente controlado y al servicio de los viejos y los nuevos ricachones, de las fortunas tradicionales y transnacionales, de las familias del alcurnia y de las nuevas mafias político- empresariales, del generalato y los funcionarios enriquecidos al vapor.

 

Un sistema en el que la lógica egoísta de la gran propiedad privada, de la corrupción a favor de las elites o cúpulas, de la apropiación de todas la riquezas activas y potenciales del país por los detentadores del poder político y económico y de las grandes ganancias y grandes usurpaciones del producto colectivo, aplaste el interés público y la producción de riqueza con fines sociales.

 

Y dentro de ese sistema, junto a esa dinámica esencial, una altísima concentración de todos los poderes establecidos: sobre la propiedad y la economía, sobre los medios de comunicación y de producción de ideologías; sobre las decisiones políticas a nivel de Estado, partidos, gobierno central, poder legislativo, poder judicial, jerarquías eclesiásticas, sistema educativo, sistema de salud, cultura…Un creciente proceso de fusión del poder del don dinero, los partidos hegemónicos y satelizados con los gobiernos y el Estado; y, además, una absoluta preeminencia -moderna y post-modernamente tiránica-dictatorial- de los nuevos caudillos del sistema clientelar y de la corrupción privada y estatal que lo acompaña.

 

Esto, claro está, ha tenido un costo político elevado para sus propulsores y beneficiarios: el costo de un descrédito no total, todavía no generalizado, pero cada día mayor y con mayores posibilidades de ser potenciado hasta convertirlo en torrente incontenible.

 

La desfachatez de estos señores ha provocado una creciente indignación. En forma descarada, ante los ojos de mucha agente, han confeccionado una Constitución- nada más y nada menos que el sustento legal de todo el sistema y sus instituciones- a la medida de sus ilimitadas ambiciones, perversidades políticas y afanes de lucro.

 

Una parte significativa de la sociedad ya ha captado los peligros que conlleva esa contrarreforma, ese retroceso constitucional. Y está mucho más indignada que antes y más proclive a protestar, a luchar, a clamar y movilizarse contra tan ominosa situación.

 

Sin proponérselo Leonel Fernández y Miguel Vargas, los/as legisladores/as subordinado/as y deshumanizados/as, las mafias políticas y empresariales, la oligarquía y las corporaciones extranjeras depredadoras -articuladas a esos dos nuevos jefes políticos autoritarios- han creado una situación mucho más propicia para desconocer la Constitución neo-conservadora que en breve habrá de surgir de las sesiones de la Asamblea Nacional y de todas esas confabulaciones; mucho más propicias para impugnarla desde la opinión y movilización popular y nacional, para desobedecerla en todo lo que ella niega los derechos del pueblo y el poder patrimonial de la sociedad dominicana sobre sus recurso y riquezas.

 

 Este es el lado bueno de algo sumamente malo: el pueblo dominicano no tiene de otra que no sea desconocer, impugnar y desobedecer una Constitución que no es la suya; está obligada para no perecer a luchar tesoneramente por invalidarla y reemplazarla a través de una Asamblea Constituyente por elección y con participación popular.

 

No olvidemos que la decisión de atribuirle ilegalmente funciones revisoras de la Constitución vigente a la actual Asamblea Nacional Legislativa, por demás plagada de corrupción y politiquería, desconoció arbitraria y despóticamente la consulta en la que la mayoría de la sociedad se pronunció a favor de la Constituyente.

 

Esa no es mi Constitución, esa no es nuestra Constitución, esa no es la Constitución del pueblo dominicano. Esa es la Constitución de las corrompidas cúpulas políticas y empresariales que aspiran a darle rango constitucional a su ambición de adueñarse de todo el país, de todo lo que pertenece a nuestra sociedad y nuestra Nación, de todas sus riquezas naturales, históricas, culturales, económicas y sociales.

 

¡Y eso no podemos, no debemos, permitírselo jamás¡