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Los mismos derechos para todos

17/02/2010
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Todos somos diferentes, pero muchos no lo perciben. En un aula escolar, unos son hábiles en matemáticas, otros en letras; unos son más sociables y sensibles a percibir las características de los demás, tienen una inteligencia emocional, mientras otros tienen gran tonicidad muscular y habilidad deportiva o una motricidad fina que les permite hacer maravillas con las manos, una inteligencia diferente. Unos tienen gran capacidad de concentración, mientras otros abstraen e imaginan. Cada uno tiene habilidades y capacidades distintas, y las combina y desarrolla de diferente forma. Cada uno es único.
 
Las personas con discapacidad somos adicionalmente diferentes porque tenemos alguna disfunción más notoria y esta se acentúa o aminora según como nos trate nuestro entorno social.
 
Es distinto no poder caminar y moverse en silla de ruedas en una ciudad con rampas y ascensores, con servicios higiénicos de puertas amplias e inodoros en cuyos cubículos puede girar una silla de ruedas, en la que los buses reciban pasajeros al ras de la acera y los teléfonos públicos estén a la altura de una silla, que una ciudad en la que solo hay escaleras, aceras sin rampas, edificios sin ascensores y microbuses que no permiten subir sillas de ruedas. La disfunción se diluye o se acentúa según el caso, la independencia de la persona es diferente. Si hay instrumentos diferentes para necesidades diferentes es una cosa, y cuando se estandarizan los instrumentos y procedimientos sin tomar en cuenta las diferencias es otra. Una sociedad para todos tiene que atender las diferencias.
 
Quienes tienen problemas auditivos, la pasan distinto si los noticieros, las telenovelas y las películas de la TV tienen debajo los diálogos o lo que dice la locutora, que cuando ello no ocurre (como en el Perú). El derecho a informarse, a la cultura y a la diversión es accesible en un caso y no accesible en el otro. ¿Complicado de resolver? La verdad que no. Hay que percibirlo y tener la voluntad de atenderlo: garantizar a todos el mismo derecho con diferentes instrumentos.
 
También en el campo educativo: escuelas, maestros y material pedagógico accesibles a las necesidades del alumno. Un alumno vidente-oyente, por un lado, y un invidente o un sordo, por otro, no usan el mismo material y el mismo lenguaje: uno usa lenguaje oral y material escrito, como los libros impresos; el otro requiere adicionalmente de textos en braille y de libros orales o de una grabadora. El que tiene problemas auditivos, se siente más cómodo con lenguaje de señas en el aula para entender al profesor y poder tomar sus notas.
 
La discapacidad es un tema que rebasa lo médico y se extiende al campo sociopolítico. Su incidencia es transversal a la sociedad y a como esta actúe. Por ello, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD) —ratificada por el Perú el 31 de diciembre del 2007 y vigente internacionalmente desde el 3 de mayo del 2008— establece que las PCD tienen exactamente los mismos derechos que los demás y que los estados deben garantizar los instrumentos y políticas para que ello sea realidad, adecuando sus leyes y programas de acción.
 
Por la convención, los estados se obligan a recoger información censal y estadística sobre la prevalencia y ubicación de diversas discapacidades en el territorio nacional (el Perú no lo ha hecho en los últimos censos y recién lo introduce en la Encuesta de Hogares) y a hacerla accesible y pública. Se comprometen a consultar las normas y políticas sobre discapacidad a las PCD y sus organizaciones, con un criterio participativo (lo que no ocurre aquí adecuadamente) y a hacer accesible la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, las comunicaciones y la tecnología, el deporte y la expansión, el derecho a la vida independiente y a la dignidad a las personas con discapacidad motriz, sensorial, intelectual y mental. Todos tienen derechos.
 
Los estados deben informar cada dos años de sus avances en el cumplimiento de la convención y las organizaciones de PCD pueden hacer lo propio, ante el flamante Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Para contribuir al objetivo de implementar la convención en el Perú, para adecuar sus normas y políticas a ella, hemos presentado una iniciativa legislativa ciudadana elaborada por Sociedad y Discapacidad, organización que dirijo y en cuyo nombre suscribo, consultada y corregida por la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (Confenadip), cuyo presidente la suscribe, que busca recoger la firma de 51.000 ciudadanos y ciudadanas para presentarla al Congreso como un tema que propone toda la sociedad y no un solo grupo político. La ONPE ya entregó el kit para recoger las firmas y en diversos puntos iniciaremos esta cruzada para construir un Perú para Todos.
 
- Javier Diez Canseco es Ex congresista
Diario El Comercio, Miércoles 17 de Febrero del 2010
https://www.alainet.org/fr/node/139481?language=en
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