La “Nota de Copenhague”[1] establece en términos de financiamiento en el punto 8, lo siguiente: “El compromiso colectivo de los países desarrollados es proporcionar recursos nuevos y adicionales… en una cantidad próxima a 30.000 millones de dólares para el período 2010-2012, con un reparto equilibrado entre la adaptación y mitigación. La financiación para la adaptación será prioritaria para los países en desarrollo más vulnerables, como son los países menos adelantados, los pequeños estados insulares y África. En el contexto de las acciones de mitigación significativa y de la transparencia en la aplicación, los países desarrollados se comprometen con el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares al año en 2020 para atender las necesidades de los países en desarrollo. Estos fondos provendrán de una amplia variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas las fuentes alternativas de financiación. ... Una parte significativa de dicha financiación debe fluir a través del Fondo Verde del Clima de Copenhague.”

Esta cifra contrasta dramáticamente con las necesidades reales y urgentes. Según el Informe de Desarrollo Mundial de 2009 del International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), se necesitarán entre 140 y 175 mil millones de dólares anuales durante los próximos 20 años, para ayudar a los países en desarrollo a implementar medidas de mitigación necesarias para que el aumento de temperatura no sea mayor a 2º C. En tanto, las inversiones de adaptación podrían costar entre 30 y 100 mil millones de dólares entre 2010 y 2050[2].

 

En términos comparativos en la “Nota de Copenhague”, se puede constatar que apenas se alcanza al 5% de los requerimientos proyectados, tanto para mitigación y adaptación. Es urgente asegurar un financiamiento nuevo y efectivo en las siguientes negociaciones.

 

En relación a este tema, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) relativo al financiamiento para la adaptación, señala que los países desarrollados “ayudarán a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos que entrañe su adaptación a esos efectos adversos.” (Art. 4. Párrafo 4).

 

Además, éste condiciona el cumplimiento de los compromisos de los países en vías en desarrollo a la ayuda financiera y la transferencia de tecnología que reciban de los países desarrollados. (Art. 4. Párrafo 3).

 

El mecanismo financiero actual utilizado por las Naciones Unidas en el tema de cambio climático es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que fue establecido en 1991 y tiene como miembros a 178 países. En 16 años ha asignado US $ 8.772 millones para más de 2200 proyectos en más de 165 países en desarrollo y países con economías en transición en proyectos medio ambientales y no sólo para cambio climático. Además, es un mecanismo financiero para la Convención de Lucha contra la Desertificación, y colabora estrechamente con otros tratados y acuerdos ambientales. La ejecución de los proyectos del FMAM está a cargo de uno o más de estos 10 organismos: PNUD, PNUMA, BM, FAO, ONUDI, BAfD, BAsD, BERD, BID, FIDA.

 

Según el Cuarto Estudio Integral de Rendimiento del FMAM (OPS4, 2009), este fondo no ha sido muy efectivo en la movilización de recursos. En las últimas etapas el financiamiento ha bajado a pesar del incremento de las necesidades del mundo, dando lugar a que el fondo haya estado sub-financiado desde el GEF-2 (Global Environment Facility).

 

En cuanto al impacto del FMAM sobre el área focal de cambio climático, el OPS4 señala que se trabajó sobre la reducción y la posibilidad de evitar de emisión de gases de efecto invernadero (GEI); sin embargo la contribución real del fondo a la reducción de GEI ha sido mínima en comparación con los niveles requeridos.

 

Otro aspecto importante es que la CMNUCC señala que el compromiso de financiamiento se refiere a recursos nuevos y adicionales; sin embargo, según el informe de OPS4 advierte que el 77% de las contribuciones al FMAM fueron registradas como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), habiéndose incrementado hasta un 96%, por lo que sólo se estaría asignando un 4% de fondos nuevos y adicionales al FMAM.

 

Otro mecanismo utilizado es el Fondo de Adaptación (FA), establecido en 2001 en la COP 7 para financiar programas y proyectos concretos de adaptación en países en desarrollo que son Partes del Protocolo de Kyoto y que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.  Este Fondo está financiado por los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (específicamente del 2% de los Certificados de Emisiones Reducidas (CERs)) y otras fuentes de financiamiento. Esto hace muy fluctuante la cantidad de recursos financieros disponibles en el fondo, en la medida en que dependen del precio del CER en el mercado de carbono.

 

El servicio de Secretariado al Fondo es provisto por el FMAM y el Banco Mundial sirve como fideicomisario.

 

Actualmente el Fondo de Adaptación todavía no está aceptando propuestas de proyectos, debido a que recién ha finalizado el desarrollo de sus políticas y líneas operativas (FA, 2009).

 

 

A pesar de que este compromiso ha sido asumido hace más de 15 años, todavía no ha podido implementarse de forma eficaz. El problema es que se ha establecido el concepto erróneo de que el mercado de carbono, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se constituye en una fuente de financiamiento, tanto para mitigación, en vista de que permite el establecimiento de proyectos ambientalmente racionales, como de adaptación a través del Fondo de Adaptación.

 

Recordemos que a través del MDL, un país desarrollado compra las reducciones de emisiones que un país en desarrollo genera para luego incluir estas reducciones dentro de la contabilidad de sus propios compromisos de reducción. Es decir, que el país desarrollado se está beneficiando al comprar estas reducciones y no está efectivamente financiando los costos de mitigación en los que incurren los países en desarrollo.

 

En cuanto al financiamiento del desarrollo y la transferencia de tecnología, éste supuestamente estaría cubierto también por el MDL porque es un mecanismo que permite a los países en vías de desarrollo el acceso a tecnologías ambientalmente racionales, en la medida en que los países en desarrollo acceden a mejores tecnologías a fin de reducir sus emisiones de GEI mediante la implementación de proyectos que no se habrían desarrollado sin el impulso del MDL.

 

Bolivia, junto a los bloques de negociación como el G77 + China, propone que se cree un fondo global del clima que funcione bajo el régimen de la ONU y no ingresar en la lógica del mercado de carbono donde se van a empezar a vender certificados creando una bur­buja financiera, sin resolver el problema de fondo.

 

Por el contrario, tiene que haber reconocimiento para países como Bolivia que contribu­yen enormemente a la captura de carbono y a los que hasta ahora no les han pagado ni un centavo, pero no a través del mecanismo del mercado. Los países desarro­llados tienen que aplicar impuestos a sus grandes emi­sores, a una serie de actividades que contaminan la atmósfera, etc., y de ahí obtener recursos para entregar a los países que estamos protegiendo los bosques, sin forzar a entrar en una lógica de mercado.

 

 

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