La Argentina como reino del revés

Emilio Marín

03/05/2010

Opinión

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Clarín se victimizó por la ley de medios. Sus periodistas se victimizan por un afiche anónimo y comisiones del Congreso deploran los “escraches” y juicios éticos. No les cabe el papel de víctimas.

Los intereses monopólicos se habían puesto en víctimas mientras duró el debate parlamentario del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisuales. Convertida en ley Nº 26.522, acudieron a la justicia para suspenderla, auspiciando presentaciones directas o por medio de ONG y legisladores que se habían ausentado al momento de la votación. El diputado mendocino Enrique Thomas, que bascula entre el peronismo duhaldista y el cobismo, logró el fallo favorable de la jueza Olga Pura de Arrabal y la Cámara Federal.

La ley de medios está suspendida. Y esta circunstancia es central para tomar posición sobre el debate que vino a continuación y la masiva marcha del 15 de abril a favor de aquella norma. Se podría formular del siguiente modo: “Si no hay ley democrática de medios, hay escrache”.

Así se parafrasea lo sucedido en derechos humanos, donde años atrás se bregaba por justicia ante tribunales paralizados por la impunidad. “Si no hay justicia, hay escrache”, dijeron entonces desde HIJOS y otros organismos. Y ese movimiento desde la calle, más las luchas de siempre y la renovación legislativa y ejecutiva de 2003, hizo que recomenzaran los juicios. Ya hay 60 represores condenados. Los escraches cumplieron una buena función y en la actualidad son sólo excepcionales, porque los responsables del terrorismo de Estado están siendo enjuiciados.

Entonces, para analizar la situación política, el rol de los medios monopólicos y sus operadores de prensa, etc., hay que partir de qué pasa con la ley 26.522.

La postura de buena parte de la población, no de toda porque la derecha también existe, se pudo mensurar el 15 de abril con la marcha desde Congreso a Tribunales, exigiendo que aquella se ponga en práctica. Esa noche la muchedumbre votó con la cabeza y los pies, y escuchó a Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Hugo Yasky y Julio Piumato.

Si se tiene en cuenta que el primer fallo contra la norma fue dictado por el juez Eduardo Carbone, el 16 de diciembre de 2009, a instancias de Clarín, quiere decir que los sectores democráticos recién se movilizaron cuatro meses después. Ese lapso no había sido suficiente para que la justicia desandara tan injusta resolución. Peor aún, luego hubo otros tres fallos en primera instancia en la misma dirección que el de Carbone y uno de la cámara cuyana.

¿Era o no tiempo de respuesta en las calles, del grueso de la sociedad que había puesto tantas esperanzas en la democratización de los medios?

Clarinete, Grupo Uno (Vila-Manzano-De Narváez), Telefé, La Nación, Cadena 3 y otros pulpos, habían demonizado a la “ley K” y “ley mordaza”. Ocultaban el amplio abanico social y político que apoyaba la anulación de la vieja ley de la dictadura, así como los amplios márgenes a favor con que eso se votó en el Parlamento.

Ayudita de la SIP

Los dueños de los principales medios y la oposición conservadora no sólo acudieron a los estrados judiciales para defender lo indefendible. También pidieron ayuda a la Sociedad Interamericana de Prensa, un lobby patronal dependiente del Departamento de Estado norteamericano que en su directorio ha contado con muchos defensores de dictaduras (caso en 2000 del uruguayo Danilo Arbilla).

Así fue que en noviembre del año pasado sesionó en Buenos Aires la 65º Asamblea Anual, que pasó a estar presidida por Alejandro Aguirre, del Diario de las Américas, de Miami, uno de los que mejor interpreta la política de la cartera de Hillary Clinton.

Esa Asamblea incluyó charlas de periodistas de Clarín, La Nación, La Voz del Interior, Radio Continental, etc, cuestionándose la ley de la democracia. Con ese asesoramiento tan sesgado, la entidad informó: “fue el semestre más complejo en años para la situación de la libertad de prensa en el continente americano”. En el caso de Argentina, la SIP solicitó al Parlamento la revisión del texto de la ley de Medios Audiovisuales “porque impone límites a la propiedad de los medios y tendrá consecuencias negativas para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios”.

Esa central empresarial está desacreditándose por lo que dicen y hacen los periódicos asociados, caso del Diario de las Américas de Miami, el Mercurio de Chile, El Nacional de Caracas, El Comercio de Perú, El Tiempo de Bogotá y Clarinete de Buenos Aires, entre varios otros.

La SIP falsifica la realidad y ataca a los gobiernos progresistas de la región. En marzo de este año se volvió a reunir en Aruba y opinó sobre la situación de Honduras: “en este período se ha desatado una campaña de desprestigio y persecución contra medios independientes, editores y periodistas, desplegada particularmente por los simpatizantes del ex presidente Manuel Zelaya”.

La verdad es exactamente la opuesta. El golpista Roberto Micheletti persiguió a la prensa democrática desde el golpe de Estado de junio de 2009. Los perseguidos eran defensores del orden constitucional que expresaba Zelaya. Desde que asumió el continuista Porfirio Lobo en enero de 2010, han sido asesinados 6 periodistas en Honduras. ¡Y la SIP miente con que la persecución a la prensa sería obra de los seguidores del derrocado Zelaya!

Malas y buenas noticias

Volviendo a Argentina, la mala noticia es que el Senado votó una resolución en solidaridad con los periodistas del grupo Clarín. Estos dijeron sentirse amenazados porque en un afiche anónimo se publicaban sus fotos y se preguntaba cómo podían desempeñarse en un medio cuya presidenta está sospechada de apropiación de menores.

Esa resolución senatorial fue impulsada por la derecha afín a los medios (Gerardo Morales, Adolfo Rodríguez Saá y María E. Estenssoro) y también votada por el bloque kirchnerista, destacándose José Pampero y Miguel Pichetto.

Por eso Rosendo Fraga, ex asesor de la dictadura, celebró en “La Nación” ese acople oficialista. El 29 de abril en “La demonización de los periodistas”, comentó: “esta ofensiva del oficialismo, incluso lo está dividiendo políticamente. Figuras relevantes, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Presidente Provisional del Senado y el titular del bloque oficialista en dicha cámara se han pronunciado públicamente contra los ataques y escraches contra medios y periodistas”.

Por su parte la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, controlada por la oposición y presidida por la radical Silvana Gíudici, repudió el “juicio político y ético” realizado el jueves de esta semana por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Gíudici fue una de las más acérrimas enemigas de la ley democrática y ahora se imposta como vestal de la libertad de prensa.

La asociación de Bonafini hizo un acto político en la Plaza, con unas 500 personas, para cuestionar a los diarios y editoriales que más colaboraron con el Proceso. La lupa se posó también sobre Morales Solá, Mariano Grondona, Chiche Gelblung, Vicente Massot, Magdalena Ruiz Guiñazú, Claudio Escribano y Máximo Gainza Paz.

Ninguno de los nombrados tuvo el coraje cívico de ir a ese acto y pedir la palabra para refutar los cargos. Prefirieron concurrir a la Comisión de Libertad de Expresión del Senado y ponerse otra vez el traje de víctimas para ganar el aplauso de los legisladores amigos del monopolio. Ruiz Guiñazú exageró, al decir que juicios como el patrocinado por Madres, “son actitudes que pueden generar hechos dramáticos”. Morales Solá aseguró: “con este clima de persecución lo que se busca es eliminar la función del periodista”. En realidad quien buscó eliminar esa función fue su amigo de 1976 en Tucumán, el genocida Antonio D. Bussi, hoy condenado a cadena perpetua.

La buena noticia es que la Cámara Federal de Mendoza tuvo que conceder el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra el fallo de marzo pasado de esos mismos camaristas contra la ley de servicios audiovisuales.

Quiere decir que con mucha lentitud, podría empezar a remontarse en Tribunales la escalada de fallos adversos. Pero mal que les pese al grupo Clarín, la derecha declarada y también a los kirchneristas Pampuro, Pichetto, Daniel Scioli y Aníbal Fernández, muchos argentinos que aprendieron de HIJOS y la lucha de derechos humanos, mantienen su idea. “Si no hay ley democrática de medios, hay escrache”.

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