Condena millonaria a una empresa por intoxicar a vecinos de la fábrica
15/07/2010
- Opinión
Un juzgado ha condenado a Uralita a indemnizar con cuatro millones de euros a medio centenar de vecinos de dos pueblos de Barcelona por los daños generados por la fábrica que la empresa tenía en las cercanías.
Por primera vez, los demandantes no son empleados de la fábrica, sino 47 vecinos que vivían en sus inmediaciones y que sufren enfermedades producidas por el polvo de amianto.
Las enfermedades han sido provocadas por las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto y la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios. También por la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos y por el polvo de amianto que la empresa esparció por las calles para suplir la falta de asfaltado.
Cuando Uralita instaló su fábrica de fibrocemento a base de amianto en 1907, en estas localidades apenas vivían 2.500 personas. Cuando la fábrica cerró, en 1997, tenían casi 80.000 habitantes. El crecimiento de los municipios fue espectacular porque en la fábrica había trabajo para todos. Pero tras el cierre de la planta, además de enormes naves vacías y un subsuelo lleno de amianto, quedó un legado trágico que multiplica las probabilidades de desarrollar un cáncer mortal como el mesotelioma y otras afecciones respiratorias.
El material de Uralita, reconocido en una de sus formas más comunes como una pieza de techo ondulada de color grisáceo, se convirtió a lo largo del siglo XX en uno de los elementos más comunes en la construcción. El uso de la fibra de amianto, con propiedades aislantes y muy resistente, se utilizó para fabricar tuberías, tostadoras y secadores de pelo, entre cientos de aplicaciones.
El amianto es un mineral muy tóxico capaz de provocar enfermedades que pueden conllevar la muerte. Fue prohibido en España en 2002. Muchas compañías usaban este material para fabricar fibrocemento, una combinación de agua, amianto y cemento para hacer este más resistente a los cambios de temperatura y a las deformaciones.
A partir de los ‘50 se detectaron los primeros casos de extrabajadores afectados por dolencias respiratorias vinculadas a las fibras de amianto, unas partículas que se concentraban en el interior de la planta y que se liberaban por las ventanas. Decenas de vecinos contrajeron enfermedades como fibrosis pulmonar, tumores en la pleura y cáncer de pulmón al inhalar a diario grandes cantidades de polvo.
El fallo puede sentar un precedente y abrir la puerta a que otros muchos vecinos afectados en estos u otros municipios denuncien a otras fábricas donde se trataba el amianto.
El juez ha determinado que las causas no habían prescrito al tratarse de enfermedades que se manifiestan entre 20 y 50 años después de la infección. El juez dice que “la exposición al amianto puede ser laboral, doméstica o ambiental” y apela al artículo 1902 del Código Civil, según el cual “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
Ahora, la empresa y otras del sector se enfrentan en los tribunales en decenas de juicios con sus antiguos trabajadores, que acusan a la compañía de no haberles proporcionado suficientes medidas de seguridad.
La culpa no se elimina con el simple cumplimiento de prevenciones legales y reglamentarias si se revelan insuficientes para evitar el daño. Existían normativas de seguridad que desde los años cuarenta alertaban sobre la peligrosidad del amianto. “Queda acreditada la relación de causalidad entre la actividad industrial”" y las “condiciones suficientes y necesarias para un ambiente contaminado” que podía tener consecuencias fatales "en la población circundante a la fábrica o familiares de los trabajadores”.
Pese a estar prohibido en 52 países, aún se producen más de dos millones de toneladas al año de amianto, según un informe de Environmental Health Perspectives. Se calcula que al año se producen 90.000 muertes por enfermedades asociadas a la exposición al amianto.
Tengamos presente a las víctimas de empresas deslocalizadas a países con mano de obra barata y ausencia de legislación social adecuada. Su responsabilidad no puede prescribir porque los efectos se manifiestan al cabo de los años o en las siguientes generaciones. Como ya sucedió con pesticidas, bombardeos herbicidas, y las consecuencias al cabo de treinta años de la explosión en Bhopal y de los vertidos de Shell en Nigeria, de British Petroleum y de otras plantas contaminantes fruto de la locura de un modelo de desarrollo inhumano.
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José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
https://www.alainet.org/fr/node/142826?language=en
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