32 mapuches en una huelga de hambre que superó los 50 días

Emilio Marín

04/09/2010

Opinión

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Un país, Chile, y dos tragedias. En una hay 33 mineros atrapados en una mina. En otra hay 32 mapuches presos en huelga de hambre. ¿Por qué será que de un caso se habla tanto y del otro nada?

Está muy bien que se informe de los mineros de Copiapó, en el norte de Chile, que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. Se creía que habían muerto y fue una gran alegría saber que estaban con vida. La prensa chilena y mundial se ocupa del caso. Quizás falte precisión sobre quién es el responsable patronal de que la mina San José no tuviera salida de emergencia y qué hará Sebastián Piñera con esos atentados empresariales a la seguridad en el trabajo.

Lo que está mal es que los medios dominantes de aquel país, con el silencio cómplice de los medios similares de la región latinoamericana, hayan invisibilizado la huelga de hambre de los mapuches. Esta comenzó el 12 de julio pasado y hoy habrán transcurrido 53 días de ese ayuno masivo. La empezaron veinte presos comuneros y luego se sumaron otros, hasta 32. El 1 de setiembre se agregaron dos menores de edad mapuches, Luis Marileo Cariqueo y José Ñiripil Pérez, recluidos en la cárcel de menores CERECO CHOL-CHOL.

¿Por qué tanta neblina informativa? El presidente del Colegio de Periodistas, Rodrigo Miranda, cuestionó esa evidente censura y dos semanas atrás declaró: “32 chilenos que no comen por más de 40 días es una noticia aquí en Chile y en cualquier parte del mundo”. Sin embargo, el tiempo siguió transcurriendo sin que los medios chilenos prendieran la cámara.

Los mapuches mantienen su huelga de hambre líquida –no ingieren sólidos- en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia. Su salud está muy deteriorada y los que comenzaron a ayunar en julio han perdido más de 15 kilos, con una serie de trastornos en sus organismos.

La situación es grave y lo ilustra Gendarmería, que pidió y logró un fallo judicial para poder alimentar a los reclusos por la fuerza vía endovenosa e internar en hospitales, llegado el caso.

Los ayunantes rechazaron ese recurso, pues están decididos a llegar “hasta las últimas consecuencias”. En este dilema hay una mitad de la biblioteca que dice que está bien que el Estado intervenga para salvar esas vidas, y otra mitad que entiende que las personas son libres de disponer hasta de su muerte.

La pregunta es: ¿qué cosa tan grave ha sufrido esa treintena de mapuches para haber apelado a una protesta que puede llevarlos a la tumba?

Básicamente han sufrido tres atropellos, durante muchísimos años, en tanta comunidad originaria y también como individuos. El primero es que empresas agrícolas les ocuparon tierras ancestrales y los expulsaron de allí. El segundo es que el Estado chileno, aún el democrático, los reprimió y encarceló, sometiéndolos a un doble proceso penal y militar, con más una “ley antiterrorista”. El tercero es que sus demandas son estigmatizadas como “terroristas” y ellos mismos discriminados, como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Recientemente unos mapuches fueron a una reunión en Bolivia y casi se mueren de envidia de los originarios de allí, con 7 diputados a la Cámara. “Nosotros en Chile no tenemos nada”, dijeron.

Criminalizan la protesta social

Los ayunantes llevan varios años presos, imputados de resistencia a la autoridad, provocar incendios en haciendas y ocupar ilegalmente tierras (el colmo, eran suyas).

En rigor, apenas apelaron a formas de autodefensa muy elementales ante la irrupción de esos inversionistas en la Araucanía. Pero no cometieron hechos de sangre y cuando hubo choques con la policía militarizada los muertos siempre fueron mapuches. Dos casos últimos que se recuerdan son los de los jóvenes Matías Catrileo, muerto por los Carabineros en Vilcún, y Jaime Mendoza Collío, ultimado por esa fuerza en agosto de 2009.

La treinta de huelguistas fue a prisión con un sistema jurídico antidemocrático de doble instancia, civil y militar. Este método es deplorado por la abrumadora mayoría de gobiernos constitucionales de Latinoamérica entre otras cosas porque un procesado puede ser absuelto por los jueces “naturales” y no obstante ser condenado por los militares. En éstos hay testigos encubiertos que muchas veces por interés o dinero pueden mandar presos hasta a sus madres.

Un dato sobre la ilegalidad de ese doble sistema es que cuando un refugiado chileno llega a Argentina y desde Santiago de Chile le inician un trámite de extradición, el mismo da resultado negativo. Por eso, lamentablemente, el gobierno argentino, en esos casos ha optado por expulsar al militante popular, consciente de que la extradición no sería concedida por los tribunales locales. Por eso el gobierno de Cristina Fernández expulsó al trasandino Juan Manuel Aliste Vega, haciendo un flaco favor a los derechos humanos y la legalidad democrática.

Como argumentan los abogados de los mapuches presos, a lo sumo sus clientes podrían ser acusados de la comisión de algunos delitos comunes, como ocupación de tierras o daños a empresas como la Corporación de la Araucanía. Pero resulta que el gobierno anterior de la Concertación, basado en el socialismo y la Democracia Cristiana, empleó la “ley antiterrorista” que viene de tiempos del dictador Augusto Pinochet. Esa norma tuvo agregados y reformas durante la presidencia del democristiano Patricio Aylwin, para poder aplicarse. El socialista Ricardo Lagos, tan modosito él, lo hizo a rajatabla.

De ese modo, con semejante engendro jurídico, una pedrea de comuneros ante un intento de desalojo se convirtió en “atentado terrorista”; una refriega con Carabineros fue presentado como “intento de homicidio”, derribar un alambrado se hizo un “acto criminal”. Con esas figuras “legales”, las penas previstas escalaban tan alto como los Andes.

En varias oportunidades los políticos de la era pos Pinochet prometieron modificar profundamente la “ley antiterrorista”. Pero no lo hicieron y la treintena de presos, que la está sufriendo en carne propia, decidió jugarse a fondo. Varios organismos de derechos humanos, de dentro de Chile, como Amnistía, y del exterior, como el comité de pueblos indígenas de la ONU, han fulminado de “ilegal” la norma pinochetista.

¿Habrá tiempo aún?

La aprobación de “leyes antiterroristas” no fue una factura sólo chilena ni de la época pinochetista. Los atentados en Nueva York en 2001 hicieron que la administración Bush apurara el reforzamiento de esas legislaciones donde las había (Chile) y la aprobación de otras nuevas, donde no. Este fue el caso de Argentina, que durante el gobierno de Néstor Kirchner aprobó dos leyes antiterroristas en 2005 y una tercera en junio de 2007, siempre bajo la instigación de Washington. Cabe recordar que las tres normas están vigentes, una cuestión que debería discutirse otra vez en los organismos de derechos humanos, los partidos democráticos y el Congreso.

La protesta de los mapuches detenidos dio lugar a tres jornadas nacionales e internacionales de divulgación, lo que aún a cuenta gotas fue perforando la muralla de la censura.

Además de organismos humanitarios y de periodistas progresistas, la huelga de hambre motivó una declaración solidaria de políticos. La encabezó con su firma el titular del Senado, Jorge Pizarro, seguido de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista; Patricio Walker, Senador; Carolina Tohá, presidenta del Partido por la Democracia; Guillermo Tellier, titular del Partido Comunista; Juan Carlos Latorre, jefe de la Democracia Cristiana; José Antonio Gómez, responsable del PRSD y otros dirigentes.

Al presidente Piñera le insumió más de 50 días tomar nota de la grave situación y elevar al Congreso dos proyectos de ley para modificar la cuestionada legislación. El problema es que -según los abogados de los presos en huelga de hambre- tales reformas no satisfacen los reclamos de sus defendidos.

Mejor es la postura del presidente del Senado, Pizarro, quien declaró: “la aplicación de la ley antiterrorista a un grupo de nuestra sociedad, particularmente de nuestros pueblos originarios, nos parece un acto discriminatorio y arbitrario que no se justifica jurídicamente”.

Lo ideal es que las bancadas del Congreso se comprometan a derogar cuanto antes la legislación antiterrorista y el sistema del doble proceso. Si hay voluntad política eso se puede hacer en días, para dar una respuesta cierta a las demandas de los presos políticos mapuches y que éstos levanten su ayuno. Una sola muerte, además de injusta, complicaría más todo el panorama.

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