El plazo para que los banqueros se desvinculen de los medios de comunicación venció este 20 de octubre de acuerdo a lo estipulado de la Constitución Política del Estado del Ecuador, sin embargo las resoluciones de la Junta Bancaria dejan puertas abiertas para que los banqueros puedan seguir controlando los medios a través de terceros.

La Constitución vigente desde hace dos años, aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en referéndum, en el campo de la comunicación, incluyó una serie de artículos que abrían la posibilidad de cambiar el modelo privado-empresarial que ha dominado al país en las últimas décadas y avanzar en la democratización y en el reconocimiento y afirmación de los derechos a la comunicación.

El artículo 312 señala “que las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera” y que “se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas”.

El espíritu de esta disposición no dejaba dudas: los banqueros deben ser banqueros y punto. Se trataba de romper la “relación incestuosa”, como lo dijo alguna vez el presidente Rafael Correa, entre el poder financiero y el poder mediático. Esto se explica por la historia reciente del Ecuador en la que, tras una cascada de quiebras financieras, el Estado entregó a los bancos más de 7000 millones de dólares del erario público, provocando una crisis económica y social sin precedentes. Los banqueros, que ya se habían apoderado de los medios de información, los utilizaron para obtener ganancias (para eso son banqueros), pero sobre todo para tratar de influir en la opinión pública y el poder político para que sus intereses no sean tocados o se dicten resoluciones a su favor.

La Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, creada por mandato constitucional, determinó que 201 personas naturales y jurídicas ligadas a la banca y a los sectores financieros debían deshacerse de su participación en los medios de comunicación. El plazo legal feneció este 20 de octubre.

Entre los principales afectados por la medida legal prevista en la Constitución se encuentran los grupos económicos Egas-Pichincha y Eljuri, que se ubican entre los más poderosos del país.

El grupo Egas-Banco del Pichincha, encabezado por Fidel Egas, era dueño de 10 medios de comunicación, entre ellos, el canal opositor Teleamazonas y las revistas Diners, Soho, Fucsia, Gestión. Este grupo económico es propietario del Banco del Pichincha, el más grande del Ecuador, tiene además participación en 103 empresas con ingresos anuales de 1.395 millones de dólares. [1]

Teleamazonas, un canal de alcance nacional, ha sido uno de los principales opositores políticos al gobierno de Rafael Correa. Sus propietarios y algunos de sus periodistas (como Jorge Ortiz, que ya abandonó el canal, y Josefa Coronel), identificados con una clara tendencia de derecha, convirtieron al canal en una de las principales tribunas de las fuerzas de oposición.

Egas vendió el 48 % de sus acciones a 140 de sus empleados, quienes recibieron créditos del propio Banco del Pichincha a 12 años plazo. El 30% lo vendió a la corporación peruana Plural TV que es propietario de La República, El Comercio y de América TV, y el 22 % restante lo repartió entre sus “amigos de Quito y Guayaquil”. [2]

En el caso de sus empleados, Fidel Egas traspasó sus acciones a un fideicomiso manejado por Produfondos que “ha ido encontrando personas aprobadas por mí para que sean las titulares de las acciones”, según declaró al diario El Universo (10-10-2010). Esto causó malestar en el resto de trabajadores de Teleamazonas que suman unos 600 “pues aseguran que nunca se les consultó y que los compradores serían allegados a Egas”, señala el diario público El Telégrafo (21-10-2010).

De otro lado, se desconoce quienes son los nuevos dueños de las acciones de ETV Telerama, canal de alcance nacional y de otras 13 estaciones que eran de propiedad del grupo Eljuri. Conformado por familias de origen terrateniente de Cuenca, la tercera ciudad del país, este grupo tiene participación en 186 empresas que incluyen el Banco del Austro, distribuidoras de vehículos, inmobiliarias, almacenes de electromésticos, etc. El Banco el Austro ocupaba el séptimo lugar a junio de 2009, con 744 millones de dólares en activos, 470 millones de depósitos y 4 millones de utilidades. [3] 

Los accionistas de la banca debían decidirse si se quedan como propietarios de los bancos o de los medios. Mario Canessa, presidente del Banco de Machala y del grupo de medios Caravana, prefirió renunciar a sus funciones de banquero y quedarse con un canal de televisión y dos radios.

Hecha la ley, hecha la trampa

Este viejo precepto que se remonta a la época colonial también puede aplicarse a este caso. Los banqueros han buscado maneras de no perder control e influencia en los medios. Y aquí ha entrado a jugar su rol la Junta Bancaria, un organismo cuyas funciones son supervisar el sistema bancario y financiero.

Una primera resolución de la Junta Bancaria, presidida por Gloria Sabando, emitida el 12 de agosto de 2010 dispuso que los banqueros se quedaran con un 25 por ciento de participación en los medios. Ante la protesta de la ciudadanía y de los asambleístas de Alianza País que le recordaron a la ingeniera Sabando que la función de la Junta Bancaria no es interpretar la Constitución (función que le corresponde a la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional) ésta, en la resolución JB-2010-1813 del 7 de octubre, dio marcha atrás en este aspecto Sin embargo, en una nueva resolución del 14 de octubre (JB-2010-1814) volvió a dejar abierta la puerta para que los banqueros pudieran quedarse con el control de los medios al reducir el nivel de consanguinidad del grado 4 al grado 2 y al bajar el de afinidad al grado uno. Esto significa que los banqueros pueden transferir sus participaciones a sus sobrinos y nietos, a tíos y hermanos.

El economista Guillermo Navarro, ex presidente de la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, señaló que la Junta Bancaria parece haber hecho todos los esfuerzos por no permitir la desvinculación de la banca de los medios.

“Esto significa que no habría una fórmula de desconcentración sino que simplemente habría un cambio de nombres, lo cual es grave en la sociedad ecuatoriana, porque ésta se caracteriza por tener formas de organización societaria que son familiares, y además es grave porque los grandes banqueros que mantienen intereses en los medios de comunicación habitualmente han utilizado a sus sobrinos para este tipo de control. En el caso del señor Fidel Egas es conocido que sus sobrinos Salazar Egas o Egas Larreategui son los que tienen las participaciones en las empresas del señor Egas, y en el caso de la familia Eljuri son los sobrinos Álvarez Eljuri los que tienen las participaciones”.

Según Navarro, la Junta Bancaria está operando bajo intereses absolutamente predeterminados por el poder económico, y de ninguna manera en cumplimiento de las disposiciones constitucionales. “La Junta Bancaria pretende interpretarlas de dos manetas, por un lado el artículo 312 de la Constitución es taxativo: dice prohibido tener y no dice que tengan a través de… , en segundo lugar todos sabemos que el testaferrismo legalmente no procede , pero además la Junta Bancaria se permite señalar que en el caso de determinadas participaciones que sean producto de sentencias judiciales tendrán cuatro años para desinvertir, lo cual implica modificar el plazo que está establecido en la Constitución que es dos años que precisamente culminaba el 20 de octubre”.

Guillermo Navarro enfatiza que “la desvinculación del   poder económico de los medios es importante, porque, si recurrimos a Pasquali él nos enseña que de acuerdo a la calidad de comunicación que tengamos será también la calidad de país que construimos, es decir si sigue incidiendo lo comercial obligando a que se disminuya la calidad de los productos comunicacionales tendremos una comunicación deficiente y en consecuencia no podremos construir un país mejor a futuro”.

Notas

[1] Napoleón Saltos y Lola Vásquez, “Ecuador, su realidad”, Quito, Fundación José Peralta, 286

[2] Plural TV de Perú, accionista de Teleamazonas, http://www.elcomercio.com/2010-10-22/Noticias/Politica/Noticias-Secundarias/EC101022P7MEDIOSYPRENSA.aspx

[3] Op. Cit. Saltos, p. 287.