Monsanto ha convertido la caída de las reservas internacionales de maíz y el desastre causado por el frío en los cultivos del cereal en el norte del país en su mejor argumento para apresurar la imposición de la siembra comercial de maíz transgénico en México, presentando sus semillas manipuladas como la solución ante la escasez y encarecimiento de la gramínea.

Y va más allá: en conferencia de prensa, el presidente de la trasnacional en América Latina, José Manuel Maduro, se atreve a afirmar que “…la decisión de México de no avanzar en ello [los transgénicos] ha llevado a importar 10 millones de toneladas de maíz y por eso urge una decisión al respecto.” Monsanto intenta asustar con el petate del muerto.

El cinismo de Monsanto parece no tener límites. Ahora resulta que México perdió autosuficiencia en maíz e importa millones de toneladas anuales no por una política agropecuaria favorable a las trasnacionales y un modelo de libre comercio injusto, que privilegia las compras al exterior y ha abandonado a la mayoría de los productores nacionales, sino porque el país no ha adoptado la siembra comercial del maíz transgénico.

Esta persistente labor de la trasnacional ha tenido efecto. Después de que el gobierno a finales del año pasado le negara autorización para la siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa, ahora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acaba de otorgar a Monsanto un permiso para la siembra de maíz amarillo genéticamente modificado resistente al herbicida glifosato, en programa piloto para el presente ciclo agrícola en Tamaulipas.

Sin embargo, el verdadero peligro —mortal para la alimentación, la salud y la cultura del país— está en optar por Monsanto en vez de fortalecer la agricultura nacional. La siembra de maíz transgénico acentuará la pérdida de soberanía alimentaria del país y contaminará las razas nativas del grano.

Según la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), en Tamaulipas se encuentran 16 razas de las 59 que existen de maíz nativo. Un estudio reciente de la CONABIO concluye que las liberaciones de maíz transgénico deberían estar a cargo “sólo [de] instituciones públicas debidamente capacitadas en materia de seguridad y en las zonas de menor riesgo.” El estudio fue financiado por la SAGARPA y, contraviniendo sus propias recomendaciones, se dio a conocer al mismo tiempo que fue aprobado el permiso de siembra piloto a Monsanto en Tamaulipas—estado que, como el resto del norte y todo el territorio de México, es centro de origen de maíz. 

Campaña de presión

Hay una campaña intensa de promoción de los transgénicos en México: los grandes agricultores del norte del país presionan para que el gobierno agilice el establecimiento de la siembra comercial de maíz transgénico y en la prensa y la televisión no falta quien se vuelva eco de las tesis de Monsanto. Incluso a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegó la propaganda entreverada con posiciones científicas. El programa de la tradicional feria auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México incluyó una serie de conferencias denominada “Los organismos transgénicos han llegado a palacio”, encabezada por el promotor estelar de la biotecnología al servicio de las trasnacionales, Luis Herrera-Estrella. El científico mexicano, promovido como el coinventor de los transgénicos, se ha vuelto un defensor de los planteamientos de Monsanto, empresa que, según él mismo dice, le arrebató la patente de esa tecnología.

Sin embargo, son públicas las relaciones entre el CINVESTAV —donde labora el investigador— y la trasnacional. Herrera-Estrella ha sido denunciado incluso como ejecutor de “trabajo sucio” para Monsanto. Después de que Ignacio Chapela, profesor de la Universidad de Berkeley, reveló la contaminación transgénica en cultivos de maíz en Calpulapan, Oaxaca, en el otoño de 2001, Monsanto enderezó contra él una campaña de desprestigio de la que Herrera-Estrella no sería del todo ajeno. Tras años de persecución y cuando ya dos revisores externos internacionales para la Universidad de Berkeley habían aceptado dar permanencia a Chapela como profesor de tiempo completo e investigador, fue detenido su contrato al ser recibida la carta de un experto en su contra. El remitente era Luis Herrera-Estrella.

El ciclo de pláticas de la feria del libro sólo ofreció el punto de vista favorable al uso de transgénicos. Y ése fue uno de los reclamos de parte del público en la conferencia de Herrera-Estrella.

La presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Elena Álvarez-Buylla, presente entre el público, ofreció rápidamente un punto de vista crítico sobre la biotecnología transgénica e informó sobre un científico francés reconocido por su investigación independiente acerca de los riesgos de los transgénicos quien recientemente ganó un proceso contra grupos de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo. Ella no pudo extenderse mucho por la descortesía desmesurada de Herrera-Estrella y sus seguidores quienes, incómodos por los comentarios, le quitaron la palabra. También se señaló la omisión del expositor respecto a los daños comprobados a la salud ocasionados por el glifosato, herbicida producido por Monsanto, asociado a una de sus variantes de maíz transgénico.

La agresiva operación de opinión pública para introducir en México el maíz modificado genéticamente por Monsanto ocurre después de que el año pasado trascendiera el declive de las ganancias de la compañía y una baja en sus acciones debido a la disminución de ventas en Sudamérica y Europa del herbicida Roundup y de semillas transgénicas de maíz y soya.

El mercado mexicano representa para Monsanto ganancias potenciales por el orden de los 400 millones de dólares al año y algunos en el gobierno consideran que esas son muchas razones para desdeñar cualquier riesgo sobre los maíces nativos, la economía o la salud de los mexicanos.

Mientras en la Unión Europea, de acuerdo con un informe de Amigos de la Tierra Internacional dado a conocer hace unas semanas, los cultivos transgénicos van en picada, al tiempo que aumenta el número de países que los prohíben.

Según esa fuente, siete estados miembro de la UE han prohibido el cultivo del maíz transgénico de Monsanto por las evidencias acumuladas sobre sus impactos en el ambiente y la economía y por la aplicación del principio de precaución en la salud. La oposición pública a los transgénicos se ha incrementado hasta el 61 por ciento.

Inopinadamente —y no sin contradicciones—, en diciembre el gobierno federal mexicano negó el permiso a Monsanto para la siembra piloto de maíz transgénico en cien hectáreas de Sinaloa, un estado al noroeste del país. La siembra piloto es la segunda fase, posterior a la experimental y previa a la libre producción y comercio, de las tres fases establecidas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

A partir de octubre del 2009, pocos meses después de una reunión de Felipe Calderón con Hugh Grant, presidente de Monsanto, el gobierno federal aprobó 29 solicitudes de experimentación de maíz transgénico, rompiendo una moratoria vigente durante más de una década. La mayoría de las licencias fue para Monsanto y para Dow Agro Science, con el fin de “probar” maíces resistentes a herbicidas y a plagas en más de una docena de hectáreas.

El año pasado, tras mantener en secreto los predios de experimentación y sin informar adecuadamente los resultados del proceso, violando así la Ley de Bioseguridad, el gobierno aceptó 20 solicitudes más de las trasnacionales señaladas, a las cuales se añadió Syngenta. De otorgarse los permisos, las siembras de maíz transgénico ocuparían más de mil hectáreas.

Las contradicciones y titubeos en la posición gubernamental al negar los primeros permisos para la fase piloto en Sinaloa y la aprobación de un cuarto de hectárea en Tamaulipas se deben probablemente al inicio de la temporada electoral —crucial para el régimen que tratará de eludir el costo político de sus decisiones—, a la acción de las organizaciones campesinas y ecologistas y a la importante labor de organismos como la UCCS.

Desde finales de 2009, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) inició una campaña mediante foros de análisis, y en medios y bardas bajo el lema de: ¡No al maíz transgénico, fuera Monsanto! Se llevaron a cabo foros en Navojoa (a pocos kilómetros de uno de los centros de experimentación transgénica), Chilpancingo y Zacatecas. El año pasado en Guadalajara y en Morelia se denunció la experimentación de maíz transgénico en México como un crimen de lesa humanidad. Son ya muchas las voces que se han levantado contra este atropello: desde la UCCS hasta el ayuntamiento de Tepoztlán, en el estado sureño de Morelos, que inició una controversia constitucional contra la siembra del maíz transgénico en el país.

¿Soberanía alimentaria o dependencia?

Hace unos días, la UNORCA en voz de su dirigente nacional Olegario Carrillo advirtió que México no necesita echarse en brazos de Monsanto para recuperar su autosuficiencia en maíz. De hecho, ceder a las presiones de la trasnacional, que sólo busca apoderarse de la riqueza agro genética de los mexicanos, significaría profundizar la fuerte dependencia alimentaria activada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando las importaciones ya rebasan el 40 por ciento de lo que el país consume, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.

El problema de fondo no es tecnológico sino que el gobierno mexicano carece de una política benigna para el campo y no existen metas de producción de alimentos. El régimen neoliberal ha preferido favorecer las importaciones y beneficiar a las trasnacionales que se han ido apoderando de todo el proceso productivo.

En este contexto, miente la trasnacional al afirmar que su biotecnología pueda resolver el problema alimentario en México: está plenamente documentado que los transgénicos no incrementan la producción. Los maíces transgénicos no han sido concebidos para incrementar los rendimientos; la gran mayoría de los transgénicos están diseñados para resistir la aplicación de herbicidas producidos por la misma Monsanto. En cambio, generan mayor dependencia por la necesidad de comprar semilla y por la contaminación de las variedades nativas, y ocasionan daños al medio ambiente, a la economía y a la salud de las personas.

Por otro lado, se podría duplicar la producción anual de maíz en México (24 millones de toneladas) si se cambiara la política agropecuaria apoyando a los campesinos y se cultivaran más hectáreas en el sur y sureste, donde hay agua suficiente. La riqueza genética del maíz mexicano permitiría elevar la producción, sin tener que pagar regalías a Monsanto, porque hay en el país unas 60 razas nativas y miles de variedades adaptadas a todo tipo de terrenos y climas.

La trasnacional niega el riesgo de contaminación del maíz mexicano por el transgénico patentado por ella pese a que está comprobado que no es posible la convivencia de la tecnología transgénica con la biodiversidad. Monsanto miente porque esa estrategia forma parte de su historia de protección de sus ganancias por encima de la salud de las personas, del medio ambiente y del bienestar general, como ha sido demostrado en investigaciones a lo largo de los años.

La UCCS, basada en reportes de la FAO, UNESCO, entre otros, afirma que los transgénicos además de no aumentar los rendimientos, incrementan los agrotóxicos, destruyen el suelo, y no benefician a los agricultores pobres ni a los consumidores. Además, contribuyen a la crisis climática debido a que refuerzan un modelo de agricultura dependiente del petróleo en insumos y transporte. Las organizaciones campesinas y los científicos comprometidos proponen un modelo alternativo sustentable, basado en la conservación de la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, aprovechar la sinergia entre cultivos, conservación de suelos y recursos estratégicos (el agua, por ejemplo), así como la incorporación de nuevas biotecnologías integrales en sistemas sustentables.

Los científicos han concluido que el campo mexicano cuenta con los recursos necesarios para garantizar la autosuficiencia alimentaria con tecnología no transgénica. Según el investigador Antonio Turrent Fernández, los pequeños agricultores, ejidatarios y comuneros pueden jugar un papel clave en la producción de alimentos básicos y en el manejo de los recursos fitogenéticos de los que México es centro de origen y diversidad. Pero se requiere inversión pública en infraestructura, investigación, transferencia de tecnología y servicios —es decir, cambiar radicalmente el modelo predominante y la orientación del presupuesto público—, y reimplantar la moratoria al cultivo de maíz transgénico.

Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas México.

http://www.cipamericas.org/es/archives/4200