Rodeado de los más grandes productores de droga, Ecuador ya no solo es un lugar de bodegaje y tránsito sino de procesamiento, a lo que se unen las nuevas formas de violencia y delito, conexas al narcotráfico, como son el sicariato, la usura, el tráfico de precursores químicos y armas. El investigador y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Fernando Carrión, con una larga trayectoria en la producción teórica sobre los temas de la violencia y la seguridad, responde a nuestras preguntas sobre lo que está pasando en el país en esta materia.

Usted sostiene la hipótesis de que el Ecuador sería un “país frontera”, ¿en qué se basa?, ¿podría dar una explicación?

Hay que hacer una diferencia entre lo que es frontera y lo que es límite. El límite es un señalamiento, incluso con mojones, de hasta dónde llega un Estado y desde donde empieza el otro. La frontera es más una construcción social, es un espacio mucho más amplio, incluso indefinido territorialmente. Entonces eso hace, como ejemplo, que Ecuador sea un país fronterizo con Brasil, pero que no sea un país limítrofe, porque no colindamos con Brasil; pero en las zonas del Perú y del Ecuador, amazónicas las dos, no hay una presencia del Estado relativamente fuerte y esto hace que fluya principalmente el comercio de narcóticos del Ecuador hacia el Brasil y que se establezca una relación de carácter fronterizo, a pesar, como digo, de que no sean países limítrofes.

El Ecuador, al estar ubicado entre los países productores de cocaína del mundo, como son Perú y Colombia, ¿qué rol está jugando en el tráfico de drogas?

El Ecuador había sido hasta hace cuatro o cinco años un país de bodegaje de narcóticos, por un lado, y por otro lado, un país de tránsito, pero la presencia, en el norte, de Colombia, y la aplicación del famoso Plan Colombia, hicieron que empiecen a desbordarse algunas actividades del narcotráfico, y entonces se pasó al Ecuador básicamente el tema del procesamiento, porque incluso por razones económicas tiene más lógica, porque por aquí entraban –y siguen entrando- precursores químicos que llegan a Colombia y después regresaba acá el narcótico. En este caso económicamente es mucho mejor que llegue la materia prima con los precursores aquí y se produzca el procesamiento, económicamente es mucho más rentable. Frente al Perú, que este rato se ha convertido en el principal productor de coca del mundo, la salida de los productos de la coca por su zona norte es mucho más complicada porque no tienen la misma infraestructura portuaria que nosotros tenemos: Puerto Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas.

De esta manera, se ancla la hipótesis que tengo yo que el Ecuador es un país frontera: está vinculado hacia el Pacífico, gracias al cartel de Sinaloa, con los Estados Unidos y con el Asia; hacia el este, básicamente con Brasil, también con exportación de coca; y hacia el norte y hacia el sur con Colombia y con Perú, que serían los que estarían configurando este espacio tipo plataforma de integración de este gran sector de la economía mundial que mueve alrededor de 600.000 millones de dólares al año.

¿Cómo está influyendo el narcotráfico en la economía ecuatoriana?

Es una de las grandes preguntas. Hay que hacer un estudio más en profundidad, pero si vemos algunos indicadores como el caso del lavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya nos señaló que el lavado en el Ecuador es de alrededor de 1100 millones de dólares, si nosotros comparamos con el presupuesto del Municipio de Quito que son ochocientos millones de dólares, ahí podemos tener en cuenta el peso que eso tiene. A eso se suman la usura, que es una forma de lavado también, que maneja alrededor de 450 millones de dólares; el contrabando, que maneja más o menos 500 millones de dólares, y los delitos informáticos, que según un investigador ruso que estuvo hace poco tiempo por acá, están generando más recursos que el propio lavado de activos. Entonces, esto nos muestra que hay una economía ilegal que está en franco crecimiento y que probablemente ya está permeando la economía legal, y que puede, de algún modo, empezar a tener un peso significativo en el PIB del país y en la propia economía nacional.

¿De qué manera el narcotráfico está influyendo en la violencia que se vive en el Ecuador?

Este es otro elemento interesante, porque, por ejemplo, en el caso del Perú, el cartel de Sinaloa, según información, maneja casi el 70 por ciento de lo que se produce y se exporta, esto significa que prácticamente es un monopolio, por eso es que los niveles de violencia en el Perú no son tan altos como los que hay acá, porque aquí lo que tenemos es la presencia del cartel de Sinaloa no de manera explícita y clara sino a través de un conjunto de organizaciones delictivas más bien pequeñas que están produciendo lo que yo llamo los delitos conexos al narcotráfico, que son el propio lavado, el tráfico de armas, el tráfico de precursores químicos, un cambio en los balances de los homicidios y un conjunto de delitos que operan bajo sistema.

A propósito de homicidios tenemos que han subido las tasas de homicidios en los últimos años ¿Qué factores están contribuyendo para la explosión de este fenómeno?

Bueno, ahí me da la impresión que un porcentaje relativamente alto está conectado con el narcotráfico, por ejemplo en el caso del sicariato. En algunos estudios que hemos hecho, entre el 17 y 20 por ciento de los homicidios provienen del sicariato. En Colombia obviamente es mucho más alto, llega al 47 por ciento, es la forma delictiva más generalizada en términos de homicidios que existe en Colombia. En el caso nuestro, todavía no es la más alta, pero tiene un crecimiento bastante acelerado, entonces el sicariato es una de las expresiones más acabadas de esta relación.

El hecho de que la mayoría de homicidios no se castiguen y que en el Ecuador haya altas tasas de impunidad, ¿cómo está influyendo para que este fenómeno sea persistente y no se lo pueda controlar?

Yo creo que aquí hay varias cosas. Una es que el sistema penal no está funcionando, me refiero a la policía, a la justicia, a la cárcel. La cárcel no rehabilita, la justicia no castiga con la proporcionalidad que corresponde con el delito y la policía es una institución bastante deslegitimada, entonces esto hace que se incremente la impunidad que es bastante preocupante, pero, por otro lado, que empiece a aparecer una justicia paralela. El caso del sicariato es evidente, ahí hay una justicia que establece las tasas que deben cobrarse, si no se cobran aparece el sicariato o aparece la coacción para que se pague eso, o se establecen ciertas articulaciones con los deudores para que desarrollen cierto tipo de actividades. También está la justicia por la propia mano que va creciendo, en algunos barrios de Quito y del país ya se ven avisos como “ladrón cogido, ladrón incendiado o quemado”. El nivel de armamentismo es muy alto, se estima entre 250 y 300.000 armas que estarían en manos de la población civil, y eso es producto de la elevación de penas que existe acá, que se conoce en América Latina con el nombre de “populismo penal”. Se supone que el incremento de penas actúa de forma disuasiva y de lo que se ha visto en aquellos países donde se ha aplicado esto, es que opera de manera contraria, no es que produce disuasión sino, por el contrario, produce impunidad y justicia por la propia mano que a la larga terminan siendo factores de mayor generación de violencia.

¿Cómo está enfrentado el gobierno de Rafael Correa el crimen transnacional y en general el problema de la violencia?

El gobierno de Correa ha hecho algunas cosas interesantes. Primero, está construyendo un marco jurídico, desde la Constitución hay elementos interesantes, por ejemplo que la policía ya puede dedicarse no solo a seguridad pública sino también a la seguridad ciudadana, que hay la posibilidad de una relación entre ciertos alcaldes y la policía, que haya la posibilidad también de tener un derecho plural porque aparece ya la justicia indígena reconocida y realizada, y entonces en ese ámbito se puede establecer justicia bajo el derecho consuetudinario. Por otro lado, también está la ley de seguridad pública que ha sido aprobada y está en elaboración, prácticamente listo, un nuevo Código Penal.

Una segunda cosa importante es que ha habido cambios en el marco institucional. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Gobierno, el Ecuador era el único país en América Latina que seguía con esa nomenclatura de Ministerio de Gobierno; se establece la creación del Ministerio del Interior para que se dedique principalmente a la seguridad ciudadana. Yo creo que ese es un cambio importante, lo mismo respecto de la gran autonomía que ha tenido la policía históricamente, ahora se le quita la personería jurídica, que tampoco la han tenido las Fuerzas Armadas. Y eso hace que las políticas de seguridad deban salir del Ministerio de Interior, a las cuales debería suscribirse, adherirse, y no como hasta ahora ha sido, que más bien es la Policía la que formula las políticas de seguridad ciudadana.

Un tercer cambio en términos institucionales es la creación del Ministerio de Justicia que le da la posibilidad del manejo de las cárceles, manejo de derechos humanos, etc. de una manera un poco más estructurada. Y finalmente, la asignación de recursos: a la Policía se le ha entregado una partida de 330 millones de dólares, que hasta ahora se ha gastado alrededor de 190 millones de dólares.

Entonces creo yo que sí ha habido esas iniciativas, ahora, aparte de eso, obviamente hay problemas porque hasta ahora no logra prefigurarse una política de Estado en términos de seguridad ciudadana. 

Usted como estudioso de la violencia, ¿qué líneas gruesas recomendaría para enfrentar este problema tan complejo?

Hay que tener una política nacional y una política de Estado, hay que definir también vínculos con los municipios para que se puedan establecer políticas mucho más próximas a la realidad y que no sean políticas tan distantes. Creo que hay que perseguir los delitos que se denuncian y no los delitos que vienen de alguna manera con la cooperación internacional, en ese sentido hay una inadecuación muy clara entre los delitos que denuncia la población que básicamente son robos y hurtos y los delitos que se persiguen, que principalmente es el caso del narcotráfico. Hay que establecer acuerdos internacionales muy fuertes para combatir la violencia internacional, se requiere el desarrollo de inteligencia policial y con una fuerza muy grande, yo creo que ese es uno de los problemas más graves, porque hoy día la violencia se caracteriza principalmente por tres cosas: es fundamentalmente económica, fundamentalmente organizativa y fundamentalmente internacional. Entonces si es económica hay que enfrentarla en términos económicos, hay que hacer política económica; si es organizativa se requiere inteligencia policial, si no se entiende cómo están funcionando estas organizaciones, difícilmente se puede tener una política; y luego, como es internacional, hay que tener una política internacional, una política exterior en el campo de la seguridad ciudadana.

¿Qué opina usted de la participación de los militares en el control de la seguridad pública?

Yo no estoy muy a favor de esa tesis. En el caso de Ecuador, en muy poco tiempo, la misión de las Fuerzas Armadas ha cambiado, pasamos de la frontera sur con Perú, en la que se tenía una logística, una misión, una capacitación, etc. para un conflicto típico entre estados, por los territorios, a la frontera norte donde hay otra realidad que es básicamente el desborde del conflicto interno de Colombia, del tema del narcotráfico y de la delincuencia común. Por eso es que el Ecuador ha hecho una inversión cuantiosa para tener un armamento, una logística, una infraestructura acorde con esa condición, y ahora les estamos llevando (a los militares) a las ciudades para que allí puedan cumplir sus misiones. Por ejemplo, en la ciudad no funcionan los tanques, los fusiles, los radares, la aviación, y entonces eso va a obligar a que la infraestructura tenga que renovarse en función de esta nueva misión. Pero por otro lado también, las Fuerzas Armadas tienen una capacitación muy distinta, porque las Fuerzas Armadas no tienen una propuesta disuasiva, esta es básicamente de la Policía. También eso hace que los cambios sean muy importantes, porque a la larga eso puede traer problemas de crisis institucionales tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas, porque lo que está ocurriendo es que a la Policía se la va militarizando y a las Fuerzas Armadas se las va policializando, y entonces, a la larga, puede generar problemas institucionales bastante complicados.

Y finalmente, ¿qué opina usted de esta tesis de la legalización de la droga?

A mí me parece que hay que empezar a tomar decisiones drásticas porque en el simple hecho de confrontar con la guerra abierta en los lugares de producción, los resultados están a la vista. El Plan Colombia, en el que se han invertido más de ocho mil millones de dólares en 10 años, lo que produjo es una contracción de ciertas áreas de producción de cocaína, pero frente a eso hubo un incremento de la productividad, y no solo eso, sino que se produjo una gran articulación de las zonas de producción con las zonas de comercialización, en otras palabras entre Colombia y México, lo que está produciendo estos grandes monstruos como el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, que son realmente muy poderosos.

Ahora, el golpe también en Colombia significó el fin de los carteles territoriales, y este es el caso de los carteles de Medellín y de Cali, pero también el aparecimiento de un conjunto de bandas criminales, que las llaman las bancrin en Colombia, que están cometiendo, de manera aislada, una cantidad de hechos delictivos realmente fuertes y que les está produciendo un gran viraje en la política de seguridad. Este mismo hecho hizo que se produzca el desplazamiento hacia el Ecuador, no solo que se articule con México sino también hacia el Ecuador, y esa confrontación también se está llevando a cabo en México, con la misma lógica que la de Colombia, lo cual ha desplazado hacia Centroamérica la conflictividad. Este rato por Centroamérica pasa el 84 % de los narcóticos que van hacia Europa y los Estados Unidos. Después del viaje del presidente Obama a El Salvador se le va a entregar 200 millones de dólares mientras a México le entrega 500 millones de dólares, un país que tiene más de 100 millones de habitantes. A Guatemala y a Honduras también les están entregando muchos recursos, en otras palabras, la misma política que se aplicó en Colombia, con el efecto que produjo, se aplicó posteriormente en México y ahora en Centroamérica.

Si esto se sigue aplicando tal como está, esa gran oleada vendrá a las zonas de producción como es el área andina y aquí básicamente van a ser Bolivia, Perú y Colombia, y el Ecuador va a tener que jugar un rol distinto, por eso enfrentarla solo en el ámbito de la guerra es un error. Creo que es necesario entrar en el ámbito de lo legal, es decir en reformas legales profundas y, por otro lado, que tampoco se ha hecho mucho, es enfrentarla en el campo económico, por ejemplo yo creo que ya es hora de que empecemos a levantar la tesis del fin de los paraísos fiscales que son los grandes laboratorios del lavado de narcóticos, y todo el mundo lo sabe, un caso extremo es el Principado de Mónaco donde viven 36.000 habitantes y hay 480.000 cuentacorrentistas. Hay que enfrentarle en el campo de la represión, sin duda, pero también hay que enfrentarle en el campo legal, y hay que entrar en el gran debate de la legalización al menos de ciertas fases, y sin duda en el campo económico, en el campo del mercado, yo creo que ahí el problema principal son los paraísos fiscales.

Publicado en América Latina en Movimiento No 464,  abril 2011

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