Perú

Participación de los peruanos en el exterior, un tema pendiente

Lucía Alvites

28/05/2011

Opinión

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Tras una década de expulsión de peruanos al exterior por desempleo, corrupción y represión dictatorial, durante el gobierno de los Fujimori, Alberto Presidente y Keiko Primera Dama, el estado peruano debió hacerse cargo mínimamente de los entonces 2 millones de peruanos expulsados. Más allá del hecho básico de que la continuidad del modelo neoliberal excluyente y concentrador mantuvo la falta de oportunidades y expulsión, alcanzando hoy, una década después, más de 3 millones de emigrados, interesa revisar aquí las medidas estatales para garantizar el derecho de participación de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior.

Prácticamente, éstas se reducen a las Resoluciones Ministeriales (RR.EE.) Nºs 1197 de 2002 y 0687 de 2004, que crean y regulan, respectivamente, los “Consejos de Consulta de Peruanos en el Exterior”, organismos no vinculantes, consultivos, de la sociedad civil de las comunidades peruanas en el exterior hacia sus respectivos consulados.

En 2008, el gobierno de Alan García, emitió la Resolución Ministerial (RR.EE.) N° 1414 de 9 de diciembre, que reglamentó estos Consejos, la cual constituye un evidente retroceso –si es que cabe retroceder más aún- en el poco carácter participativo de los mismos, ya que, a pesar de reconocerlos como espacios de diálogo y cooperación con el jefe de la oficina consular, rebajó simbólicamente su estatus participativo al cambiar su denominación formal de la anterior “Consejos de Consulta Consular en el exterior”, a la actual “Consejos de Consulta de comunidades peruanas en el exterior”. Fue el reconocimiento en el plano simbólico nominal de un balance lleno de números rojos respecto de la participación y la utilidad de estos organismos.

Aunque por un nuevo Decreto Supremo (RR.EE.), N° 057 de 2010, se les exige un quórum del 1% del padrón electoral correspondiente a cada comunidad en el exterior, no cuentan con financiamiento para hacer una convocatoria, más allá del mismo Consulado y el voluntariado de la propia comunidad. De no alcanzar este mínimo, el Consejo se declara desierto. Menos aún cuentan con recursos para realizar ninguna actividad, ni la más mínima. Finalmente, por Ley, no están autorizados para actuar oficialmente, ni aún si existe la voluntad del Cónsul para ello.

Todas características que en conjunto explican su abrumador fracaso. Según informes oficiales del gobierno, en las últimas elecciones de Consejos de Consulta en el exterior, para los años 2010 a 2011 (se realizan en noviembre), de 98 circunscripciones en donde funcionan Consulados, solo han sido elegidos 28 Consejos de Consulta, apenas el 28.58%. Las 70 restantes, el 71.42%, permanecen desiertas.

Consejos de consulta en el exterior	Magnitud	Porcentaje
Elegidos	28	28.58%
Desiertos	70	71.42%
Total	98	100%

En 22 de los 70 consejos desiertos, no sólo no se alcanzó el quórum requerido, sino que ni siquiera se presentó ningún interesado. Es un hecho, como lo muestran los diversos estudios al respecto, que evidencian las necesidades y urgencias de estas comunidades, que esta apatía participativa no se debe a su excesivo bienestar. Por el contrario, obedece a una generalizada percepción de la inutilidad de estos espacios, tal como están planteados, para resolver cualquier problema o necesidad de los compatriotas en el exterior.

En la práctica, al igual que con el buen trato y la eficiencia consular, la mera existencia de un Consejo de Consulta depende de la buena voluntad y proactividad personal excepcional de algún cónsul, o en su defecto a una excepcional proactividad de la comunidad peruana, debido a que no existe una política pública definida y explícita para promover, garantizar y hacer útil la participación de los connacionales en el exterior.

En estas elecciones, sólo la opción política de Gana Perú y Ollanta Humala propone una política pública para los peruanos en el exterior que incluye la creación de un Viceministerio de Cancillería para su atención, con especial énfasis en la participación de las propias comunidades y organizaciones de emigrados peruanos para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos como parte del proyecto de desarrollo nacional, para que el Perú los proteja siempre donde quiera que se encuentren.

https://www.alainet.org/fr/node/150053?language=en