El presidente Rafael Correa decretó el Estado de excepción en la Función Judicial argumentando el deterioro progresivo de la misma pero la oposición se opone de manera frontal y plantea hasta la destitución del Presidente argumentando que está interfiriendo en las otras funciones del Estado.

 El presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, ingeniero Paulo Rodríguez, justificó la medida de emergencia adoptada por el presidente Correa señalando que es necesario movilizar recursos del presupuesto general del Estado para emprender la transformación de la justicia y brindar servicios de calidad y calidez. Con este propósito, el Consejo prevé invertir más de 100 millones de dólares e que serán extraídos de los presupuestos no gastados de las otras instituciones del Estado.

La oposición señala que Correa está concretando la “metida de la mano a la justicia” y que el presidente no tiene ninguna facultad para decretar la emergencia y para intervenir en la Función Judicial. Desde sectores de izquierda hay temor de que el gobierno utilice la justicia con fines de persecución política, dado que existen cerca de 200 líderes sociales enjuiciados. Para Rodríguez no hay motivos ocultos ni segundas intenciones, el único motivo es movilizar recursos para cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano, señaló.

El estado de la justicia en el Ecuador se encuentra en estado de coma: a la corrupción se une la ineficiencia y los engorrosos procedimientos burocráticos, descoordinación y sistemas precarios de investigación y altos índices de impunidad que han contribuido a agravar los problemas de delincuencia, sicariato, inseguridad, justicia por mano propia y lavado de activos, entre otros.

Un informe del relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, profesor Philip Alston,  que visitó el Ecuador en junio de 2010, señaló que la tasa de homicidios se ha duplicado en los últimos 20 años [1], no obstante, sólo el 1.3% de las muertes denunciadas a la policía terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria.

Las autoridades del Consejo Transitorio calculan que existe más de un millón de causas no resueltas, 500 mil de las cuales corresponden a los ámbitos de la niñez y de la familia.

Constatando estos graves problemas, el Presidente Correa convocó a una consulta popular el pasado 7 de mayo, en la que el pueblo se pronunció favorablemente en las 10 preguntas propuestas, dos de las cuales versaban sobre la justicia.

Siguiendo el mandato de la ciudadanía expresado en la consulta, se ha conformado un Consejo Transitorio de la Judicatura compuesto por Paulo Rodríguez, delegado del Presidente; Tania Arias, delegada de la Asamblea Nacional y Fernando Yavar, de los organismos de control. Este último organismo asumió las funciones del anterior Consejo de la Judicatura y está encargado de reestructurar el sistema judicial en un plazo de 18 meses, de los cuales ya han transcurridos dos.

El ingeniero Rodríguez, quien anteriormente encabezó un proceso exitoso de modernización del Registro Civil, señala que los ejes del plan para cambiar la justicia contemplan un modelo de gestión que separe las tareas administrativas de las tareas dedicadas a impartir justicia; dotar de infraestructura y locales adecuados; introducir tecnologías para trabajar por procesos; seleccionar y capacitar al talento humano;  desarrollar la coordinación y cooperación interinstitucional tanto al interno como a lo externo del sistema judicial e impulsar una gestión financiera equitativa y descentralizada.

Rodríguez enfatiza que “otra justicia es posible”, lo cual implica el acceso a la justicia de los ciudadanos en sus propios territorios en forma digna; ofrecer servicios con calidad y calidez, desarrollar una gestión ética y transparente; impulsar procesos de evaluación y utilización de las estadísticas; promover los cambios culturales que permitan nuevas formas de resolución de los conflictos sin llegar necesariamente a la judicialización; incorporación de la diversidad lingüística, étnica y del componente de género tanto en la conformación de los órganos de justicia como en su funcionamiento.

Tania Arias, por su lado, señaló que se impulsa la evaluación de todos los servidores de la Función Judicial para determinar cuáles son aptos y quienes tendrán que dejarla; la adquisición y adecuación de inmuebles y la designación de los nuevos operadores de justicia. Junto con este trabajo se encuentra en marcha el proceso de selección, mediante un concurso de méritos, de los 21 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia, proceso que se prevé culmine en enero de 2012.

[1] Según el relator Philip Alston, en 1990 la tasa de homicidios era de 10.3 homicidios por cada 100,000 habitantes; en 2009 alcanzó 18.7 y a mediados de 2010 tendría un incremento a 20.