Entrevista a Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) es miembro de la Comisión de auditoría integral del crédito público de Ecuador (CAIC) cuyas conclusiones condujeron a la suspensión del pago de una parte de la deuda ecuatoriana.

Para él, Grecia debe suspender el pago de la deuda y debe rebelarse contra la Troica, compuesta por el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea, ya que de lo contrario se hundirá en una recesión permanente.

¿Cómo caracterizaría usted el momento que atraviesan algunos países de la Unión Europea que como Grecia tienen enormes deudas públicas?

Se puede comparar su situación con la de América latina durante la segunda mitad de la década de 1980.

¿Cuáles serían las razones?

La explosión de la crisis de la deuda en América Latina tuvo lugar en 1982. La crisis bancaria privada estalló en Estados Unidos y en Europa en 2007-2008 y se transformó a partir de 2010 en una crisis de deuda soberana debida principalmente a la socialización de las pérdidas de los bancos privados[1][1] y a la reducción de la recaudación fiscal provocada por la crisis. En el caso europeo, tanto como en el latinoamericano, varios años después del estallido de la crisis, nos encontramos en una situación en la que los acreedores privados y sus representantes se reúnen para ordenar las condicionalidades a todos los gobiernos. Ejercen presión sobre éstos para que implanten políticas drásticas de ajuste que se concretan en una reducción de los gastos públicos y una reducción del poder adquisitivo de la población. Esto conduce a esas economías a un estado de recesión permanente.

Sin embargo, incluso en los peores momentos, América Latina nunca alcanzó el nivel de deuda que actualmente tiene la mayoría de los países de la zona euro, que sobrepasa el 100 % del PIB.

El nivel de la deuda europea es impresionante. En el caso de Grecia se trata del 160 % del PIB, y varios países de la Unión Europea tienen una deuda que alcanza o sobrepasa el 100 % de su producción. Está claro que hay diferencias entre las dos crisis pero en la comparación que hago el nivel de endeudamiento no es un aspecto fundamental.

¿Quiere decir que su comparación se centra en las consecuencias políticas de estas dos crisis?

Por supuesto. Cuando comparo la Europa actual con la América Latina de la segunda mitad de los años ochenta, quiero decir que los acreedores en el caso de Europa, o sea, los bancos europeos y la Troica (FMI, BCE y CE) exigen a Grecia medidas muy similares a las del Plan Brady, que afectó a América Latina a fines de los ochenta.

¿Podría explicarlo más detalladamente?

A fines de los ochenta, los acreedores de América Latina —Banco Mundial, FMI, Club de París, el Tesoro de Estados Unidos y el Club de Londres para los banqueros— consiguieron imponer su agenda y sus condiciones. Los acreedores privados transfirieron una parte de sus acreencias a las instituciones multilaterales, y a los Estados a través de la titulización, es decir transformando créditos bancarios en títulos. Otra parte de las acreencias bancarias sufrieron una reducción y se convirtieron en nuevos títulos con un tipo de interés fijo. El plan Brady tuvo un papel importante tanto en la defensa de los banqueros como en la imposición de la austeridad permanente. El plan de rescate de Grecia es muy parecido: se reduce el stock  de las deudas, habrá un intercambio de títulos con los bancos europeos reemplazándolos, como en el Plan Brady, por nuevos títulos. Los bancos privados reducen de esta manera sus acreencias con Grecia (o Portugal, Irlanda…) como lo habían hecho con América Latina. Progresivamente y en forma masiva, los acreedores públicos se posicionan para ejercer una enorme presión para que el reembolso de los nuevos títulos que poseen los bancos sea realizado íntegramente. De este modo la totalidad de los fondos prestados a Grecia irá al pago de las deudas. Al mismo tiempo, estos acreedores públicos (la Troica) exigen una austeridad permanente en materia de gastos sociales del Estado, de privatizaciones masivas, de una regresión en materia de derechos económicos y sociales nunca vista en 65 años (o sea, desde el final de la segunda guerra mundial) y un abandono sustancial de la soberanía  de parte de los países que tiene la desgracia de necesitar créditos. En América Latina, a ese período se lo llamó «la larga noche neoliberal.»

Los acreedores también obligaron a los países de América Latina a reducir los salarios, las pensiones, los gastos sociales y a plegarse religiosamente al pago de la deuda.

Y esa es la razón por la que digo que estamos en la misma situación. En Europa, el problema no afecta todavía a todos los países, pero sí a los más débiles como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, España, Hungría, Rumania, las repúblicas bálticas y Bulgaria. Sin embargo, en estos países, en su conjunto, viven unos 170 millones de personas sobre una población total de la Unión Europea de cerca de 500 millones. La mayor parte de los otros países europeos aplican en un grado menor unas políticas sociales extremadamente conservadoras: Reino Unido (62 millones de habitantes), Alemania (82 millones de habitantes), Bélgica (10 millones de habitantes), Francia (65 millones de habitantes)…

La consecuencia política de la crisis de la deuda en América Latina fue la creación del Estado neoliberal. ¿Europa se encamina en la misma dirección?

No es nuevo. Hace ya tres décadas que las políticas neoliberales se aplican a Europa. Es evidente que la respuesta a la crisis del FMI, de los gobiernos que representan las clases dominantes, de los grandes bancos y de las grandes empresas industriales consiste en aplicar una terapia de choque tal como la descrita por Naomi Klein. Su objetivo es terminar el proyecto neoliberal emprendido por Margaret Thatcher en 1979-1980 en Gran Bretaña y que progresivamente se extendió a Europa durante los años ochenta. Para los países de Europa central y del Este, ex miembros del bloque soviético, se trata de la segunda terapia de choque en 25 años.

Pero en Europa sigue existiendo el Estado de bienestar

Como acabo de mencionarlo, los gobiernos han comenzado un trabajo de destrucción del Pacto social y de las conquistas populares del período 1945-1980. Es lo que comenzó Margaret Thatcher. Después de la segunda guerra mundial, durante treinta a treinta y cinco años, los pueblos de Europa habían ido acumulando conquistas y habían logrado un Estado del bienestar, con un sistema de protección social bastante sólido: convenciones colectivas, derechos laborales, etc. que protegía a los trabajadores y reducía en forma significativa el trabajo precario. Thatcher quiso destruir todo eso pero al cabo de treinta años de políticas neoliberales en Europa, todavía ese trabajo no se terminó, así que aún quedan restos.

Y la crisis de la deuda en Europa es la oportunidad de consolidar lo que había comenzado Thatcher.

La crisis permite una terapia de choque como la realizada por los acreedores y clases dominantes en América Latina en las décadas de los ochenta y de los noventa.

En Perú, fue aplicada en agosto de 1990.

Asistimos al desarrollo de una fase que comprende una nueva ola de privatizaciones de las empresas públicas. En Europa, se privatizarán las empresas públicas significativas que todavía quedan.

¿Se aplicará en Europa la misma doctrina de seguridad que se implantó en América Latina en la que los sindicatos estaban calificados de terroristas?

Es evidente que el autoritarismo en la manera de ejercer el poder aumenta en Europa. Durante estos últimos años ya se pusieron en vigencia leyes que criminalizan a los movimientos sociales, leyes antiterroristas. La represión aumenta pero no toma la forma de la eliminación física de los activistas como en los peores momentos en América Latina, a fines de los setenta, principio de los ochenta. No obstante, la situación europea se parece a la de los países latinoamericanos. Después de las sangrientas dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, desde los años setenta hasta comienzo de los ochenta) se instalaron regímenes de transición (Chile, Brasil) o democracias que aplicaron una política neoliberal muy dura. En Europa, vivimos un período de marginalización del poder legislativo, de instauración de gobiernos técnicos (como en Italia), de abandono del diálogo social combinado con las tentativas de restricción al derecho de huelga, a la limitación de los piquetes formados por los huelguistas para bloquear la entrada de las empresas, de represión de las manifestaciones.

¿Cómo reaccionan los parlamentos nacionales frente a ese paquete de medidas?

Los parlamentos europeos están marginalizados puesto que la Troica hace la siguiente advertencia a los gobiernos: «Si quieren créditos, es necesario que implanten medidas de ajuste y no hay tiempo para deliberaciones en el parlamento». Algunos planes deben adoptarse en un plazo de pocos días, incluso de 24 horas.

Como lo hemos visto en Grecia.

Es lo que acaba de pasar en Grecia. La Troica exigió un plan. Finalmente se obtuvo la aprobación por el parlamento griego el domingo 12 de febrero por la noche. Pero al día siguiente, el comisario europeo de Asuntos Económicos anunció que faltaban 325 millones de euros de recortes suplementarios y concedió un plazo de 48 horas al gobierno griego. Esto muestra que el parlamento griego no tiene ningún poder de decisión y que el gobierno está tutelado por la Troica.

Esto dio lugar a una gigantesca manifestación.

Pero no solamente en Grecia, también hay grandes manifestaciones en Portugal, España, Francia, Italia, por el momento con menos intensidad, pero que se reforzarán. Además hay movilizaciones en numerosos países de Europa, incluida Gran Bretaña. En Bélgica, tuvimos en enero de 2012 la primera huelga general en 18 años. La Huelga paralizó la economía belga y los transportes durante 24 horas.

¿Qué tiene que hacer Grecia para salir del problema?

Grecia debe dejar de someterse a las órdenes de la Troica y suspender unilateralmente el pago de su deuda para obligar a los acreedores a negociar en condiciones que les sean desfavorables. Si Grecia suspende el pago como hizo Ecuador en noviembre de 2008, todos los tenedores de bonos los venderán al 30 % (o menos) de su valor nominal. Esto pondrá en dificultades a los tenedores de títulos, lo que le proporcionará más fuerza al gobierno griego [para imponer sus condiciones], incluso en una situación tan difícil.

Ecuador suspendió el pago de los títulos en noviembre de 2008 después de un proceso de auditoría, pero no se encontraba en el mismo caso que Grecia. Argentina suspendió el pago en 2001 en una situación parecida a la griega.

La comparación es más conveniente con Argentina que no tenía liquidez para pagar. Suspendió el pago y no lo reinició durante tres años (de diciembre 2001 a marzo de 2005) por lo que respecta a los mercados financieros y hasta ahora con respecto al Club de París (o sea, más de 10 años). Haciendo eso, Argentina consiguió recomenzar el crecimiento económico e impuso a los acreedores una renegociación de la deuda con una quita del 60 %.

Eso tuvo por consecuencia la exclusión de Argentina de los mercados financieros, y continúa.

Es cierto, aunque Argentina incluso excluida de los mercados financieros desde hace 10 años y no pagando nada al Club de París, también desde hace 10 años tiene un crecimiento anual medio del 8 %. Esto demuestra que un país puede tener fuentes alternativas de financiación frente a los mercados financieros. Ecuador tampoco emite nuevos títulos en los mercados y tuvo un crecimiento del 6 % en 2011, mientras que Grecia sufrió una caída del 7 % en su producto interior bruto.

Pero Ecuador se está endeudando con China a unos tipos de interés bastantes altos.

Es cierto. Es necesario encontrar  la manera de mantener la soberanía con respecto a estas nuevas fuentes de financiación. Es por eso que hay que acelerar la puesta en marcha del Banco del Sur.

Volvamos a Grecia, una gran parte de los analistas, incluido usted, sostiene que una gran parte de la deuda griega es ilegítima.

Por supuesto.

Pero solamente una auditoría puede demostrarlo.

Una parte del movimiento social europeo ha sacado lecciones de la experiencia latinoamericana. Hemos hecho la propuesta de una auditoría ciudadana de la deuda que tuvo un enorme eco. Hay auditorías ciudadanas en curso o en vías de comenzar en 7 países europeos (Grecia, Francia, Portugal, España, Irlanda, Italia y Bélgica) y sin el apoyo de los gobiernos.

¿Cree usted que eso desembocará, y muy especialmente en el caso griego, en una auditoría oficial?

Veremos. Eso implica un cambio de gobierno, es decir que se necesitaría que el movimiento social fuera lo suficientemente fuerte para acabar con las soluciones gubernamentales favorables a los acreedores y que se consiga un gobierno alternativo.

Por lo tanto falta mucho para cambiar la orientación de los gobiernos europeos, como el de Grecia.

Efectivamente estamos dentro de una crisis que puede durar 10 o 15 años. Estamos solamente en la primera fase de la resistencia. Será muy duro. De forma urgente, los movimientos sociales deben conseguir expresar en hechos una solidaridad activa con el pueblo griego y constituir una plataforma común europea de resistencia a la austeridad con el objetivo de obtener la anulación de las deudas ilegítimas. (Traducido por Griselda Pinero)

Publicada en el diario peruano, La Primera[2].

La presente versión ha sido revisada totalmente por Eric Toussaint