Colombia

El asesinato de Manuel Ruiz: Desafío al Estado Colombiano y afrenta a toda la sociedad

Antonio Madariaga Reales

15/04/2012

Opinión

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Queda imposible establecer grados de la victimización en Colombia, porque cada evento, cada masacre, cada desplazamiento, cada ataque sexual a una mujer en el marco de los conflictos es una tragedia. Pero si es posible identificar en el caso del asesinato de Manuel Ruiz y de su hijo Samir características especialmente preocupantes.

Manuel Ruiz era un campesino líder de los reclamantes de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó. Por las reiteradas amenazas que había sufrido y en general por el despojo de que han sido objeto los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos hay medidas cautelares de la CIDH que obligan al Estado colombiano a proteger a su población. Los grupos paramilitares asesinaron a un centenar de personas y desplazaron a más de 1.500 para despojar de sus tierras a los campesinos afrodescendientes. Los beneficiaros fueron los empresarios del agronegocio de la palma aceitera, conectados con empresarios bananeros y ganaderos de Urabá.

En el caso de Manuel Ruiz esa agresión estaba tan anunciada que la Corte Constitucional el 7 de marzo de 2012 (hace un mes), a través del auto 045 ordenó, ante el incumplimiento repetido del gobierno de acatar los autos anteriores al respecto, un plan inmediato de protección para las comunidades de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, y eran repetidos los llamados de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Comunitario, así como de ASCOBA y de otras organizaciones a que se le dieran medidas de protección a Manuel Ruiz, pero cuando los paras, en este caso las Águilas Negras, se lo llevaron tenía un celular entregado por el Ministerio del Interior que no tenía minutos disponibles.

Esta situación ya de por si indicativa de la falla del Estado en su responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos, tiene en este caso agravantes adicionales.

En primer lugar la persistencia, a pesar de las declaraciones de compromiso con las victimas del Presidente Santos y de altos funcionarios de Gobierno, del incumplimiento de las ordenes de la Corte Constitucional, contenidas en el Auto del 18 de Mayo de 2011 y el mencionado auto 045 de marzo de 2012. No puede uno menos que preguntarse si el gobierno desobedece las ordenes de la Corte Constitucional y desatiende las medidas cautelares de la CIDH, entonces de ¿qué compromiso real y efectivo estamos hablando?

En segundo lugar, y como sucedió con el recordado Alfredo Correa de Andreis y en muchas otras ocasiones, el asesinato estuvo precedido por una detención por mas de 30 minutos de Manuel Ruiz por parte de la Policía de Mutatá. Hay todo tipo de evidencias de la connivencia entre sectores de la Fuerza Pública desde tiempo atrás,(recordar a Rito Alejo del Rio) y ahora también, con paras, reparas y herederos de los paras en Urabá y el Bajo y Medio Atrato. A pesar de ello no existe evidencia de una acción contundente, sostenida y eficaz del Estado en el combate a estos grupos ilegales y en romper definitivamente los lazos que los unen con la Fuerza Publica.

Pero mas preocupante aun y en tercer lugar, es constatar que en Urabá y el Bajo y el Medio Atrato se esta produciendo una sistemática y solida estrategia de desafío del Estado y de derrotar toda pretensión de sacar adelante la restitución de las tierras abandonadas y despojadas.

En efecto, la estrategia tiene varios componentes que se pueden identificar. Se puede identificar una estrategia violenta que ha conducido además del asesinato de 18 reclamantes de tierras en la región, y a amenazas y agresiones diversas que han provocado zozobra y desplazamientos.

También es posible reconocer una estrategia jurídica y comunicacional que busca enredar el proceso de restitución, generar redes de testaferrato y apoyándose en la incapacidad del gobierno para ofrecer, 10 meses después de la aprobación de la ley, respuestas adecuadas a las demandas de las víctimas crear una sensación de inutilidad de la ley y de falta de sentido de las intenciones de restitución. Pero esta estrategia jurídica tiene otra arista y es la necesidad de desviar la atención del tema fundamental de la región: la participación de los empresarios bananeros y palmeros de Urabá y mas recientemente de los plataneros, en el respaldo político y con recursos como fue el acuerdo realizado con las Comercializadoras Internacionales de Banano, (Uniban, Proban, Banacol, Banadex, Dole y Del Monte, agrupadas en Augura), para brindar un apoyo representado en 3 centavos de dólar por caja de banano exportado, como fue recientemente confesado por Raúl Hazbun, alias Pedro Bonito, quien tiene porque saberlo, no solo porque era el comandante del Bloque Bananero, sino porque es empresario bananero, es decir, de la entraña del gremio.

La estrategia jurídica ha tenido un éxito reciente que pone en riesgo la verdad, la justicia y la reparación para miles de víctimas en Urabá. En contra de las evidencias, reconocimiento de culpa de Chiquita en los Estados Unidos, los correos y la contabilidad en el computador de alias Don Antonio y de los testimonios de alias el Alemán y alias Pedro Bonito, entre otras pruebas, el Fiscal 33 especializado de Medellín precluyó la investigación contra las comercializadoras por los pagos hechos a paramilitares arguyendo que esos pagos no fueron voluntarios.

Existe finalmente una estrategia política que ha tenido diversas manifestaciones pero la más importante políticamente y en la que coinciden empresarios bananeros y el expresidente Uribe en que los procesos de restitución podrán generar una nueva ola de violencia en la región. Por ello, recomendaron que no se llevara a cabo la marcha programada en Necoclí y dijeron a través de Augura que “la euforia de los manifestantes puede alterar los ánimos de los involucrados y generar innecesarias situaciones de conflicto que hoy consideramos superadas” De la misma manera el expresidente Uribe dijo que la restitución de tierras “atizaría la lucha de clases”.

Cuando escribíamos este artículo se conoce la orden de detención de Guillermo Gaviria Echeverry propietario y director del periódico El Mundo y empresario bananero como Raúl Hazbún. ¿Será que la verdad finalmente brillará?

Paz en la tumba de Manuel Ruiz y solidaridad y esperanzas para las víctimas.

- Antonio Madariaga Reales es Director Ejecutivo – Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 298, Semana del 13 al 19 de abril de 2012, Corporación Viva la Ciudadanía. http://www.viva.org.co/

https://www.alainet.org/fr/node/157184?language=es