Concluyó uno de los juicios más importantes por violaciones a los derechos humanos. Fueron condenados ex jerarcas militares por el plan sistemático de robos de bebés. El ex general Videla recibió 50 años de prisión.

Todos los crímenes de la dictadura militar-cívica fueron espeluznantes. El secuestro y tortura sin límite de tiempo; las violaciones, incluso a mujeres embarazadas; los fusilamientos enmascarados como “enfrentamientos con subversivos”; las desapariciones y “vuelos de la muerte”; los enterramientos clandestinos de militantes populares como “NN”; el robo de propiedades y bienes muebles, etc, todo eso ocurrió en Argentina, aunque muchos dijeran que “no sabían” lo que estaba pasando.

Si bien ese conjunto de delitos lesa humanidad fue aberrante, uno sensibiliza aún más: el robo de bebés luego del secuestro de sus madres embarazadas, posteriormente asesinadas.

¡Cómo habrá sido de especial ese crimen que las leyes del perdón, aprobadas durante la gestión de Raúl Alfonsín luego de la claudicación de la Semana Santa de 1987, lo dejaron sin blindaje legal!

Abuelas de Plaza de Mayo dio los primeros pasos ante la justicia contra los responsables del robo de 500 bebés nacidos en cautiverio. Con su labor apuntada a la recuperación de la identidad de aquéllos, pudieron identificar a 105 nietos. Fue el segundo gran mérito, pues además de sentar en el banquillo a los acusados lograron recuperar a ese centenar de jóvenes. Les faltan unos 400, pero este límite es culpa del silencio perverso de los genocidas y la complicidad de la justicia y, en su momento, del Congreso del Punto Final y la Obediencia Debida y del presidente de los dos Indultos (Carlos Saúl Menem, senador nacional con fueros).

El juicio se conoció como “causa plan sistemático de robos de bebés” y comenzó a fines de febrero del año pasado. Fue llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 6, integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, con Abuelas como querellante.

En las audiencias en Avenida Comodoro Py 35 se trataron robos de bebés, entre ellos 26 que recuperaron su identidad. De éstos, 20 dieron su testimonio, demoledor, que hundió a los acusados, entre otros los generales Jorge R. Videla, Reynaldo B. Bignone y Santiago O. Riveros; el almirante Antonio Vañek, el capitán Jorge “Tigre” Acosta y otros represores de Ejército y Armada.

A los principales cabecillas de esas dos armas, el fiscal Martín Niklison les había solicitado penas de hasta 50 años de prisión. Al culminar su acusación, el 24 de abril pasado, los desenmascaró: “no merecen ninguna indulgencia, no son pobres ancianos, han envejecido impunes; ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron”.

El jueves la doctora Roqueta leyó el fallo condenatorio y a Videla le dieron 50 años de cárcel. Al marino Vañek, 40, y al resto un poco menos. Fue un fallo para celebrar, excepto su tardanza de 36 años en llegar.

Culpables, falta “Joe”

Los nueve condenados y dos absueltos se fueron esposados el jueves. Algunos, como Videla, están con poco roce carcelario porque desde el retorno de la democracia y pese a sus dos condenas a cadena perpetua, no estuvo más que pocos meses en cárcel común. Osciló entre prisiones militares, su semipiso de avenida Libertador y más recientemente Campo de Mayo.

Recién el 22 de junio pasado fue derivado del Regimiento de Campo de Mayo a la cárcel de Marcos Paz, lo que daba una idea del nivel de prerrogativas que gozaba. Y eso que tanto en la causa XIII, o juicio a los ex comandantes, como en la del fusilamiento de 29 presos políticos en Córdoba, habían quedado bien probadas sus condiciones de responsable de esos crímenes.

Si alguien tenía alguna duda, la había podido despejar leyendo los reportajes que el ex dictador concedió a Ceferino Reato para su libro “Disposición final” y al medio español “Cambio 16”, en los últimos meses.

Ante Reato, admitió que su gobierno de facto había eliminado “a 7.000 u 8.000 personas, que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”. También dijo que sus cadáveres fueron eliminados “para no provocar protestas dentro y fuera del país; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”.

Su reconocimiento de esa labor macabra confirmó que el general estaba determinado a matar. Fue coherente. Como jefe del Ejército, seis meses antes del golpe, había proclamado en la Conferencia de Ejércitos Americanos, bajo la sombra del Pentágono, que “en Argentina van a morir todas las personas que sea necesario para ganar la paz”. Y así fue. El que se confundió con Videla como “general democrático” estaba mirando otro canal.

En esas declaraciones al autor de “Disposición final” hubo algo tanto o más significativo sobre lo sucedido en la Argentina del terrorismo de Estado. Fueron los párrafos donde precisó que el objetivo del golpe era “disciplinar a una sociedad anarquizada (…) con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal; queríamos también disciplinar al sindicalismo”.

Confirmó así que tamaño derramamiento de sangre fue para imponer el modelo económico monopólico y privatista personificado en José A. Martínez de Hoz. Era archisabido, pero que el dictador lo reconozca le da mayor realce. “Joe”, el ex dueño de Acindar y símbolo de la participación empresaria en la dictadura y en el vaciamiento nacional, está procesado pero la justicia todavía no se hizo de tiempo para juzgarlo y condenarlo.

Ya son 282

Con los nueve condenados del jueves pasado, los condenados en esta clase de juicios suman 282. El número suena modesto para la cantidad de centros clandestinos de exterminio que funcionaron (superior a 500) y los miles de represores actuantes. Sin embargo, en relación a los países de América Latina asolados por dictaduras en los ´70, esa cifra de condenados pone a Argentina en la vanguardia democrática y de DD HH.

En el proceso finalizado por el TOF 6 se mantuvo el obstinado silencio de los represores respecto al destino que dieron a los niños nacidos en cautiverio. Quedó probada la existencia de los nacimientos en el Hospital Militar, en Campo de Mayo y en la ESMA (donde funcionó la “pequeña Sardá”). Hubo testimonios de mujeres sobrevivientes que confirmaron la operatoria, veinte jóvenes testimoniaron en el juicio luego de recuperar su identidad y hasta ex funcionarios de la administración norteamericana de la época, como Elliot Abrams, ratificaron que sabían del robo de niños y lo habían debatido con Bignone y el embajador argentino. Además, la información desclasificada en 2002 en EE UU había aportado elementos probatorios. La cerrada negativa de los nueve condenados a dar información a las familias que buscan sus nietos queridos ha sido una muestra más de crueldad. Los que decían defender el “mundo occidental y cristiano” demostraron que no tienen sentimiento alguno de piedad.

Como les espetó muy bien el fiscal Niklinson en su acusación de abril pasado, “reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente”. Fue muy interesante que el funcionario reclamara una investigación ulterior sobre el “Movimiento Familiar Cristiano”, enlace religioso-militar, que tramitó y llevó adelante la entrega de los niños robados a familiares de militares y policías donde supuestamente iban a tener una “buena educación católica”. Una figura clave era el secretario del Vicariato castrense, monseñor Emilio Graselli. Actuaba como si fuera un oficial de Ejército y la Armada juntos, frente a los reclamos de los familiares que buscaban a los desaparecidos.

La actuación videlista en aquellos años, pero también sus palabras en los juicios realizados y los reportajes citados, son deleznables. Sin embargo, los genocidas siempre tienen algo más para sorprender a quienes creían que ya lo habían escuchado o visto todo.

Ese “plus” lo puso Videla el 26 de junio pasado, al usar de la palabra en el juicio por el plan sistemático de robos de bebés. Declaró textualmente ante el TOF 6: “todas las parturientas, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de las maquinarias del terrorismo, y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes”. O sea demonizó a las víctimas de esta historia. ¿Usar los “hijos embrionarios” como escudos humanos?

Primero, que la mayoría de los desaparecidos no fue capturada en combate. Segundo, que los embriones no eran todavía hijos ni menos escudos. Tercero, los embarazos que llegaron a término fueron afectados por partida doble: la madre desaparecida, y el bebé apropiado, con identidad cambiada.

Cuando se leen esas horrorosas mentiras dan ganas que a Videla y otros genocidas les pase como al nazi Rudolf Hess, condenado en Nüremberg en 1945: murió en 1987 en la cárcel de Spandau, a los 93 años. Los soviéticos nunca le dieron el beneficio del arresto domiciliario. Esa sí que fue cárcel común, perpetua y efectiva.

http://www.laarena.com.ar/opinion-severas_condenas_en_el_juicio_por_robo...