Colombia

El proceso de paz requiere valorar las experiencias precedentes

16/09/2012

Opinión

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Tras seis décadas de enfrentamiento entre el Estado y varias guerrillas hemos tenido períodos de recrudecimiento de las hostilidades pero también experiencias de búsqueda de soluciones dialogadas. Es discutible afirmar que los entendimientos siempre fracasaron puesto que se encuentran distintos matices: pactos de paz exitosos, acuerdos parciales de importancia, ejercicios de interlocución con resultados precarios y diálogos fracasados. Es necesario recordar el significado de los pactos de paz exitosos con el M19, el EPL y otras agrupaciones menores conseguidos a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Sin embargo, durante las últimas dos décadas se recrudeció el conflicto armado con expresiones de mayor degradación y no se consiguieron resultados efectivos hacia la paz en los entendimientos realizados entre los gobiernos anteriores con las FARC y el ELN. Por tanto, ha pesado en la opinión pública la desconfianza y el escepticismo ante las posibilidades de un nuevo proceso de paz. No obstante, asistimos a una coyuntura extraordinaria: el Gobierno Santos y las FARC luego de una fase exploratoria abordada de forma discreta dieron a conocer un acuerdo con los términos de una negociación para finalizar pronto las hostilidades; el ELN expresó interés en integrarse a este proceso; y la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, instituciones y la comunidad internacional manifiestan respaldo y esperanza en que se concluyan las soluciones negociadas con la insurgencia. En consecuencia, tiene razón el presidente al llamar a revisar lo sucedido en los anteriores procesos de paz, entender sus aciertos y sus errores, lo cual puede arrojar luces al actual proceso, por supuesto a partir de reconocer un contexto de nuevas circunstancias y un avance que denota notables reformulaciones.

Al respecto, hay que reconocerle al gobierno de Belisario Betancur que por primera vez adoptó una política de paz y un tratamiento dialogado. Tal política se sustentó en la Ley 35 de amnistía, la reforma constitucional sobre elección popular de los alcaldes, el Plan Nacional de Rehabilitación en zonas afectadas por pobreza y conflicto armado y en una Comisión de Paz de representación plural autorizada para negociar con las guerrillas. Se produjeron entonces en 1984 el acuerdo de Uribe con las FARC, de “Cese al Fuego, Tregua y Paz” y el acuerdo con el EPL y el M19 de “Cese al Fuego y Tregua Bilateral”. En virtud del acuerdo con las FARC surgió la Unión Patriótica para hacer posible el tránsito a la actividad política legal y existió el compromiso de la inserción social y económica de los guerrilleros. La UP fue fenómeno político, consiguió bancadas en el Congreso, acceso a corporaciones y gobiernos locales y adhesión de varios grupos de izquierda. Entre tanto, en desarrollo de la tregua el M19 propuso un diálogo nacional y el EPL convocar una Asamblea Nacional Constituyente como bases para conseguir la paz con la insurgencia. Las tres guerrillas propusieron reformas políticas y sociales. Entre tanto el ELN no aceptó dialogar por desconfiar de las intenciones gubernamentales y se opuso a considerar el posible abandono de la lucha armada.

Pero este proceso entró en crisis. La exigencia de reformas desde el diálogo las guerrillas fue rechazado e interpretado desde sectores de poder como una imposición que desconocía las instituciones; las políticas de ajuste exigidas por el FMI debilitaron la política social, el Programa de Rehabilitación y causaron protestas sociales; las comisiones veedoras registraban frecuentes violaciones al cese al fuego atribuidas principalmente a la fuerza pública que expresamente desacató las treguas pactadas, a la vez que se señalaba a las guerrillas de seguir realizando homicidios, secuestros y extorsiones y desplegar acciones de proselitismo armado y el presidente Betancur tuvo creciente oposición de los partidos Liberal y Conservador, los gremios y las mayorías del Congreso. Entonces, tras asesinatos y atentados contra voceros de las guerrillas en tregua, se produjeron en 1985 las rupturas de los pactos con el M19 y el EPL. Simultáneamente, fueron atacados de manera sistemática los integrantes de la UP por los grupos paramilitares, que desplegaron su actuación con apoyo o permisividad de estructuras de la fuerza pública.

El posterior gobierno de Virgilio Barco firmó el mantenimiento de la tregua con las FARC pero no consiguió brindar garantías a la UP ni asumió compromiso con las reformas que podrían dar piso al pacto de paz. Luego, tras varios operativos de las Fuerzas Militares contra campamentos de las FARC y la reacción de ésta guerrilla con un fuerte ataque contra el Ejército en 1987, se rompió la tregua y el pacto de paz suscrito. En tal contexto, varios dirigentes y parlamentarios de la UP de pasado guerrillero retornaron a las armas, mientras que el conjunto de la organización fue víctima de un plan de exterminio que con el tiempo cobró más de cinco mil víctimas, señaladas desde sectores oficiales, de la fuerza pública y los grupos paramilitares de tener vínculos con las FARC. Sin embargo, de manera paradójica al final de éste gobierno, en medio del desborde de violencia terrorista propiciada por el narcotráfico y la intensificación de las hostilidades con las cuatro guerrillas agrupadas entonces en la CNGSB, se produjo un viraje en la política de paz gubernamental producto de presiones desde la sociedad civil que hizo posible un pacto de paz definitivo con el M19, guerrilla que optó por la lucha política, y se iniciaron conversaciones de paz con el EPL y otros grupos menores, a partir de la fuerza que cobró la demanda de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El gobierno de César Gaviria consiguió nuevos pactos de paz, con el EPL, el PRT y el MAQL, al realizarse la Constituyente de 1991 que expidió la nueva Constitución Política incluyendo en su elaboración a nuevas vertientes políticas y sociales, incluidas las propias de la insurgencia que accedió a la vida política. Pero simultáneamente desató una fuerte campaña militar contra las FARC y el ELN, quienes a la vez aunque llegaron a considerar la posibilidad de participar en esta Constituyente dieron prioridad a su estrategia de guerra. A pesar de ello, por iniciativa de la misma Constituyente y la presión política de estas guerrillas, se produjeron las rondas de diálogo en Caracas y en Tlaxcala. En ellos, aunque hubo consenso en una agenda, se discutieron varios temas y se consiguieron en algunos acercamientos, no se produjo ningún acuerdo sustancial y los hechos de violencia con compromiso de las partes llevaron a la suspensión abrupta del diálogo tras la muerte de un ex ministro en poder de una fracción guerrillera. Elemento relevante en estos diálogos fue la participación por primera vez del ELN en conversaciones para la paz y el acompañamiento de la comunidad internacional en calidad de testigo en la mesa y de facilitador para los diálogos en Venezuela y México.

Por su parte, el presidente Ernesto Samper diseñó una política de paz y dejó aportes como la creación del Consejo Nacional de Paz, pero no consiguió iniciar diálogos con las FARC ante la oposición del estamento militar a la desmilitarización del municipio de Uribe, exigida por las FARC. Es conocido que la crisis del proceso 8000 consumió los principales esfuerzos de este gobierno. No obstante, en 1996 se produjo un acuerdo humanitario Gobierno-FARC, con apoyo en facilitadores internos e internacionales, que permitió liberar 61 miembros del Ejército y la Armada en poder de esta guerrilla. El hecho produjo un síntoma de aproximación: las FARC declaró interés en un proceso de paz que podía tener como escenario definitivo otra Constituyente y el gobierno nombró un equipo de comisionados que elaboró una Propuesta Marco, pero no prosperaron los entendimientos. Sin embargo, este gobierno de forma discreta mantuvo contactos con el ELN que hicieron posible el intercambio en algunos temas, facilitó la asesoría de la Comisión de Encuesta –del Protocolo I de los Convenios de Ginebra-, alentó un acuerdo con el Consejo Nacional de Paz en Mainz, Alemania, que incluyó compromisos humanitarios y la propuesta de esta guerrilla de realizar una Convención Nacional en busca de consensos por la paz.

Luego de trascurrida la destacada movilización ciudadana en demanda de la paz en los años 90, el gobierno de Andrés Pastrana inició conversaciones con las FARC en 1999, a partir de desmilitarizar cinco municipios de Meta y Caquetá, de tradicional presencia guerrillera. Ésta guerrilla venía de realizar acciones militares exitosas frente a la Fuerza Pública, estamento señalado entonces de ineficaz. El gobierno no tenía definidas con claridad la política, estrategia y propuestas para la paz, pero acordó con las FARC una amplia agenda, comisiones de negociación, de consulta temática y un sistema de audiencias públicas que consiguió amplia participación social. Entre varios acuerdos parciales conseguidos se posibilitó la liberación de más de 400 miembros de la fuerza pública en poder de esta guerrilla y una Comisión de Notables designada por consenso entregó un documento que aportó una propuesta y estrategia viable hacia un acuerdo de paz. Sin embargo, éste proceso fracasó por varias razones. Entre ellas puede mencionarse que ni el gobierno ni los sectores de mayor poder institucional, económico y social hicieron propuestas sobre reformas que dieran fundamento y perspectiva al proceso. Además, más allá del despliegue político y del importante acompañamiento internacional, el principal esfuerzo oficial estuvo en el acuerdo con Estados Unidos para implementar el Plan Colombia, dirigido al fortalecimiento y la retoma de iniciativa por parte de las Fuerzas Armadas. Por su parte, las FARC sobredimensionaron sus posibilidades, concedieron prioridad a la propuesta de un “canje humanitario de prisioneros” y aunque asistieron al intercambio temático con la sociedad civil, mantuvieron hostilidades militares, ampliaron sus contingentes y realizaron violaciones sistemáticas al derecho humanitario, especialmente con tomas de rehenes y secuestros colectivos de civiles. Simultáneamente se desató un sanguinario despliegue paramilitar por parte de las AUC que produjo miles víctimas en regiones campesinas. Así las cosas, tras varias suspensiones, entraron en crisis y se produjo la ruptura definitiva a inicio de 2002. Paralelamente el gobierno Pastrana tuvo diálogos con el ELN pero fueron precarios, interrumpidos y utilizados como reserva ante las dificultades con las FARC, por lo cual no arrojaron mayores resultados aunque ambientaron una agenda y consiguieron acercamiento en algunos temas. Pero es de destacar que el ELN aceptó conversar en el exterior y propició intercambios también con la sociedad civil y la comunidad internacional.

Posteriormente, durante los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe no existió diálogo de paz con las FARC, ni propuestas viables de las partes al respecto, pero por la exigencia ciudadana y de las víctimas y con apoyo en facilitadores e intermediarios internos e internacionales, se produjeron varios acuerdos específicos para facilitar la liberación humanitaria de personas civiles y de miembros de la Fuerza Pública cautivos por las FARC. La presión política de las FARC utilizando rehenes civiles, prolongando injustificadamente la retención y maltratando personal de la fuerza pública en su poder y la masacre contra los diputados del Valle le merecieron una amplia movilización ciudadana en su contra. Entre tanto, este gobierno sostuvo diálogos exploratorios con el ELN en La Habana, los cuales dieron lugar en 2007 a convenir un Acuerdo Base para iniciar negociaciones, el cual contenía seis compromisos humanitarios y la implementación de la Convención Nacional. Sin embargo, de forma inadecuada el presidente exigió para su firma la concentración e identificación de los integrantes de esta guerrilla, cuando apenas se inician las negociaciones, lo dio al traste con este acuerdo. A pesar de ello también se rescatan intercambios de las partes con sociedad civil y comunidad internacional, aunque en medio de obstáculos, vetos y señalamientos hechos por el gobierno nacional contra buena parte de sus participantes.

Asistimos ahora bajo el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos al inicio de nuevas negociaciones de paz con las FARC y la posible participación del ELN, tras una fase exploratoria que permitió definir una agenda acotada y muy realista en comparación a las anteriores y unos criterios y términos a tono con las nuevas circunstancias. Es ampliamente reconocido el cambio en la relación de fuerzas a favor del Estado y en contra de las guerrillas tanto en aspectos políticos, de representatividad, como militares. Entre lo convenido vale destacar la aceptación de diálogos y negociaciones en el exterior, el compromiso con la terminación de la guerra, el tratamiento integral de la agenda hasta conseguir consensos en todos sus tópicos, la convocatoria a la participación de la sociedad, la consideración prioritaria de temas de derechos humanos, derechos de las víctimas, ampliación de la democracia, tratamiento del narcotráfico, el compromiso de llegar al desarme y la integración política y social de los guerrilleros y la vinculación de varios países como garantes y facilitadores. Ha sido dado a conocer un Acuerdo General en tal sentido muy positivo, por cuanto responde a los consensos necesarios y posibles en las actuales condiciones. Paralelamente repunta el respaldo ciudadano, otra vez mayoritario, a favor de la solución negociada. Queda por resolver la necesaria exigencia del cese del fuego lo más pronto posible y el expreso compromiso inmediato de las partes con las obligaciones humanitarias. Pero en todo caso vivimos una nueva coyuntura histórica que explica el rápido, amplio y decidido respaldo interno e internacional brindado. Queda también sobre el tapete la potenciación de la necesaria contribución e incidencia de la sociedad civil en todas sus expresiones y del conjunto de la institucionalidad, porque es claro que la paz como propósito nacional es obra compleja que incumbe en su conjunto a la sociedad y al Estado de múltiples maneras y que aún muchas de las condiciones para una paz posible y sostenible están por darse.

Álvaro Villarraga Sarmiento

Presidente de la Fundación Cultura Democrática, integrante del Centro de Memoria Histórica y catedrático universitario.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 320

Semana del 14 al 20 de septiembre de 2012

Corporación Viva la Ciudadanía.

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