México

Preguntas del “defensor del pueblo”

Eduardo Ibarra Aguirre

14/12/2014

Opinión

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¿Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían estos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?

Las mencionadas son algunas de las interrogantes clave que formuló ante Enrique Peña Nieto, el titular del Ejecutivo federal acaso más impugnado en la plaza pública desde 1968, con Gustavo Díaz Ordaz, aunque Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa no cantaron mal las rancheras. Y que, a mi juicio, los colaboradores del primer círculo presidencial harían muy bien en formular ejercicios de respuesta si aspiran a superar la compleja situación política que padece el país a partir del 26-27 de septiembre con la masacre de Iguala, Guerrero, y más aún los fusilamientos del Ejército, muy homenajeado por “glorioso”, contra jóvenes civiles el 30 de junio en Tlatlaya, estado de México. Gravísimo hecho que Eruviel Ávila y la Secretaría de la Defensa Nacional intentaron manipular y la prensa extranjera y mexicana lo impidió.

Como bien subrayó Luis Raúl González Pérez, en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 a Juan Manuel Estrada Juárez, aquellos emblemáticos actos de impunidad no son producto de una generación espontánea, “se gestaron paulatinamente desde hace tiempo”, sólo constituyeron, añado, la gota que derramó el vaso de la finita paciencia ciudadana, de un pueblo sobre el que muchos apostaban “aguanta todo”, “no pasa nada” (Porfirio Díaz).

El ombudsman (defensor del pueblo), como indebidamente lo llaman los colegas, dio una importante muestra de autonomía, acostumbrados como estábamos a la subordinación al Ejecutivo federal a que sometió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su antecesor Raúl Plascencia Villanueva, con su residencia en un terreno de 795 metros cuadrados en Jardines del Pedregal (periódico Reforma). Es apenas la primera expresión de autonomía de la novel gestión de González Pérez que entusiasmó tanto a La Jornada que registró en Rayuela: “Por fin se levantó una voz valiente, sensata e inteligente en medio de tanta confusión, estupidez y barbarie.”

No es para tanto, pero cada quien con sus elogios. Lo que importa es la visión del otrora abogado de la Universidad Nacional que interpreta las manifestaciones en calles de muchas ciudades de México y la aldea global “son expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”.

Y llamótambién a entender la complejidad del enojo colectivo; el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de definir prioridades; explicó a los que descubren “desestabilizadores del país” (EPN), “manipuladores de padres de familia” (Vidal Soberón) y que “la mentira, el reproche, la crítica infundada (…) poco abonan” (Salvador Cienfuegos).

Como si el general secretario y el almirante secretario no supieran lo elemental, que la legislación les prohíbe deliberar en política, pero en el reino de la impunidad del poder apuestan a soluciones de fuerza frente a la crisis de seguridad pública, derechos humanos y legitimidad. No están dispuestos “a definir prioridades”.

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