Colombia

¿Posconflicto o mejor posguerra?

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

23/02/2015

Opinión

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Lo uno o lo otro puede dar igual cuando lo importante es cerrarle el camino al uso de las armas, de todas las armas. Sin embargo aceptar que con el cierre del conflicto armado se entrará en una etapa de posconflicto puede resultar por lo menos impreciso, en un país en el que la magnitud de las exclusiones y los volúmenes de carencias y necesidades de las mayorías de población hacen parte de las condiciones que originan otras violencias y son la base de los orígenes de los conflictos sociales y políticos. La suspensión de la lucha armada no supone el fin de la existencia de clases sociales, el abandono de luchas por el poder o el fin de confrontaciones asociadas a la lucha por los bienes materiales sobre las que se edifican los derechos humanos.

Las demandas sociales y políticas, en sus dimensiones cultural, ambiental, económica, jurídica y ética, podrán contar con un marco favorable a su cumplimiento, pero solo con la firma del esperado acuerdo de paz no se llegará a la superación del conflicto. A efectos de un común denominador quizá pueda ser más adecuado reconocer la entrada a una etapa de posguerra, que permita desmontar la idea del enemigo interno sobre la que se afianzan las técnicas de barbarie y abra paso a entender al otro como adversario, como oponente.

En las últimas cinco décadas el país ha vivido en estado de guerra y los últimos quinientos años en situación de conflictos que continúan abiertos, que han sobrevivido a más de cien posguerras. Las estrategias del Estado han privilegiado las salidas militares, invertido recursos abismales y, contribuido a dejar huellas de dolor y muerte provocada, al Estado le ha preocupado la guerra antes que la atención a los problemas que producen los conflictos. Posguerra en esta ocasión implica que las fuerzas alzadas en armas por ahora de las FARC y el Estado detendrán la guerra como parte del ejercicio de la política para seguir la confrontación por vía solamente política, significa que cesa la insurgencia en armas para reacomodar su proyecto político, es la lógica de todo cierre de la guerra en una mesa de negociaciones.

Los sucesivos gobiernos del último medio siglo han hecho la guerra para facilitar la acumulación de la riqueza y afianzar poderes excluyentes ocultando el peso de los conflictos, aplicado políticas de guerra y llevado la sustancia de la guerra a todas las esferas de la vida colectiva. Si en esta ocasión abandona esta estrategia el país podrá encontrar mejores garantías para solucionar sus conflictos. Lo previsible es que suscrito el fin de la guerra y entrada la posguerra se dinamicen y profundicen las luchas sociales, se fortalezcan las movilizaciones y la dignidad ocupe el lugar central de reivindicación de derechos buscando que sus aspiraciones y demandas sociales y políticas se cumplan, no tengan en las armas su mayor obstáculo, ni en el terror la fórmula que excluye. Cuando las armas del estado y las de la insurgencia dejen de ser usadas como herramientas de eliminación de sus contrarios la expresión de los grupos y sectores sociales será mayor e incluirá en sus voces la reconstrucción misma de un sentido de democracia real que supere las formalidades y las declaraciones incumplidas.

La guerra se ha extendido y su sistematicidad ha distribuido raíces de miedos, sufrimientos, secuelas y modos de acción y reflexión por todos los rincones de la cotidianidad y de la vida, que hoy repercuten sobre la siquis de sus habitantes, que según algunos estudios puede estar afectando a la mitad de población con padecimientos de esquizofrenia producto de la zozobra, la intranquilidad y el peligro de la guerra y otras afectaciones que producen indiferencia, insensibilidad e intolerancia que hace pensarnos ajenos, distantes, superiores.

El cese del uso de las armas como herramienta política, equivale a que ninguna de las partes enemigas –Estado-Insurgencia- puede sentarse a descansar, ni alzarse con la victoria, ni declararse ganadora de la guerra. Esta situación indica que la sociedad entera debe ser desarmada, incluida la fuerza militar y policial, como garantía para que entren nuevos actores a la lucha política y creen escenarios y situaciones adecuadas para terminar los conflictos vigentes por la tierra, las riquezas naturales, la soberanía, los derechos laborales, la educación, la salud, la vivienda, los bienes públicos y el reconocimiento de diversidades y diferencias.

Resultado del fin de la guerra es la paz, que a medida que avanza en acuerdos parciales recuerda que aún están pendientes otras fuerzas alzadas en armas como el ELN y el EPL para completar el proceso y eliminar hostilidades y polaridades que pueden afectar los equilibrios logrados o dejar la excusa a los benefactores de la guerra para exacerbar odios, revivir pasiones o impulsar acciones hacia los extremos con peligrosas consecuencias para la paz esperada.

En lo avanzado del proceso de fin de la guerra, la reducción de acciones violentas es notoria y mejora la percepción de que si es posible alcanzar la paz y llama al Estado a no malgastar ese marco favorable comprando nuevas armas, reclutando tropas o aprobando leyes y presupuestos sin considerar los acuerdos en curso. Resulta impreciso entonces hablar de posconflicto, cuando la movilización social sigue vigente con sus demandas y aspiraciones. Los derechos no quedarán sujetos a ser materializados y respetados solo porque se pacte el acuerdo, ellos serán la nueva esencia de lucha que aliente el conflicto, mantengan la memoria e impidan caer en la sensación de que promulgando derechos tenemos derechos. Vencidas las armas los derechos serán la herramienta que articule resistencias y rebeldías para que la paz sea realidad.

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