El reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas no es el único pedido de descolonización pendiente en el mundo, 17 territorios son hoy monitoreados para terminar con el colonialismo a nivel global.

Durante el siglo XX se dio la gran ola de descolonización a nivel global que permitió el surgimiento de nuevos Estados-Nación en todo el mundo. Si bien África y Asia fueron los continentes más afectados por el fenómeno, en todas las latitudes se sintió con firmeza el reclamo por la autodeterminación de los pueblos a elegir sus formas de gobierno y ejercer su soberanía.

En pos de acompañar ese proceso y acabar con el colonialismo europeo en el mundo, las Naciones Unidas instituyeron la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, conocida también como la Declaración sobre la Descolonización, en 1961. Un año más tarde se constituyó el Comité Especial de Descolonización, conformado por 24 países que deben asegurar la aplicación de los principios fundamentales de la declaración. En febrero pasado, Ecuador fue reelegido en la presidencia del comité.

Actualmente existen 17 “territorios no autónomos”, como los define la ONU, donde viven unas dos millones de personas. Diez de ellos son controlados por el Reino Unido: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Pitcairn y la isla de Santa Elena; tres, por los Estados Unidos: Guam, Islas Vírgenes de los EEUU y la Samoa Americana; y dos en manos de Francia: Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. A estos es necesario agregar dos más, que reciben una atención especial por parte de la ONU, y son Puerto Rico, considerado un “Estado libre asociado” pero no incorporado a los EEUU, y la República Árabe Saharaui Democrática, ocupada por Marruecos tras la cesión española.

Contrariamente a lo que se puede pensar, en la mayoría de los casos estos territorios no constituyen ninguna ventaja económica directa para los colonizadores. Por el contrario, el estatus autonómico que han conseguido, especialmente entre los años 70 y 90, comporta una serie de obligaciones administrativas muchas veces onerosas para las potencias administradoras.

Si bien los pueblos “no autónomos” pueden elegir un poder legislativo y un primer ministro, el Poder Ejecutivo es compartido con un gobernador elegido directamente desde la potencia colonial, que toma las decisiones sobre la política exterior, militar y de comercio internacional y los presupuestos de inversión en infraestructura son generalmente cubiertos por el país colonizador.

Sin embargo, en su mayoría -10 de 17- están incluidas dentro de la lista internacional de paraísos fiscales de la OCDE, dando cuenta de un altísimo nivel de vida alcanzado bajo esta organización al amparo de la especulación financiera a nivel mundial. Buena parte de estos países son conocidos por información “de color” que las potencias difunden en muchos casos para reflejar un estado de paz.

Samoa, por ejemplo, saltó a la fama recientemente por su selección de fútbol, reconocida por la FIFA, y considerada la peor del mundo, pero también la primera en incorporar una jugadora trans entre sus filas.

Así y todo la actualidad de estos territorios no se reduce a su estatus de paraísos fiscales o turísticos. Su sumisión a los gobiernos centrales y los movimientos independentistas que han surgido a lo largo de los años han traído no pocos conflictos.

Uno de los más resonantes, es el que enfrenta hoy a París contra la Polinesia Francesa que reclama una jugosa indemnización por haber sido durante 30 años la zona de pruebas nucleares de la República Francesa.

Entre las 118 islas que componen este enclave colonial en el Pacífico, se encuentran las tristemente famosas Mururoa y Fangataufa, donde entre 1968 y 1996 Francia hizo explotar 193 artefactos nucleares dejando, según denunciaron las autoridades polinesas el año pasado, 3200 toneladas de material radioactivo en sus costas.

París deberá también atender otro frente en el ámbito de la descolonización en los próximos meses. Se trata de Nueva Caledonia, que hará cumplir una de las clausulas del Acuerdo de Noumea firmado en 1998 entre los isleños y Francia, que prevé la celebración de un referéndum independentista “entre 2014 y 2018”.

Si bien la fuerza política mayoritaria hace 25 años allí sea el derechista UMP -partido liderado por Nicolás Sarkozy- que se opone a cualquier reclamo independentista, el Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), con fuerte presencia indígena, está cobrando cada vez más fuerza y hoy lidera la campaña por el sí a la independencia.

Los dominios británicos tampoco están exentos de conflictos. El Primer Ministro de Anguila, Hubert Hughes, volvió a fines de 2013 a insistir en la celebración de un referéndum, de común acuerdo con Londres, para definir el estatus colonial de la isla. La última vez que se llevó a cabo una iniciativa similar fue en 1967 cuando 1813 isleños contra cinco votaron declarar la independencia. Dos años más tarde los paracaidistas británicos llegaron para restablecer el orden.

La política plebiscitaria para resolver este tipo de controversias también está siendo fuertemente criticada. Existen casos, como el del referéndum en las Islas Malvinas de 2013, donde el resultado de la consulta es evidentemente influenciado por la política colonial de la potencia administradora.

Esto sentó precedentes en el ámbito internacional, como en el caso de Guam, en el Pacífico Occidental bajo control norteamericano. Allí en 1982 los 180.000 isleños fueron llamados a un plebiscito que no llegó al quórum necesario. Dos años más tarde, la ONU culpó a una de las más imponentes bases militares de los EEUU, instalada en 1976, de ser “el mayor obstáculo” para que la población pueda elegir libremente su destino.

En otros casos, las promesas de autodeterminación nunca se cumplen, como en la República Árabe Saharaui Democrática, que espera la celebración de su referéndum independentista desde 1991 tras la firma de los primeros acuerdos de paz con Marruecos y España.

El derecho internacional ha intentado establecer reglas para la descolonización de los territorios no autónomos en varias ocasiones sin obtener resultados fehacientes. Basta recordar que la resolución ONU 2708 de 1970 y concordantes -35/119; 36/38; 37/35; 39/91-, establecen la prohibición de instalar bases militares en estos territorios. Pero la militarización de los mismos crece o desciende en base a las necesidades geopolíticas de las potencias administradoras y no de las resoluciones internacionales.

A esto se le agrega que la mayoría de las acciones multilaterales que se lleven adelante pasan por un Consejo de Seguridad de la ONU anacrónico, dominado por las tres potencias coloniales que se oponen a cualquier discusión sobre la situación actual.

El caso Malvinas resulta entonces de profunda relevancia internacional. Es el único -exceptuando alguna muy débil protesta española por el Peñón de Gibraltar- donde un Estado ha decidido avanzar diplomáticamente en la resolución del conflicto por vías pacíficas. Cualquier avance que se logre en ese sentido, podría sentar precedente para las demás poblaciones bajo dominio colonial.

Federico Larsen – @larsenfede