El Fondo Monetario Internacional ha hecho público un estudio titulado “¿Cuán grandes son los subsidios a la energía?”. Allí se afirma que los gobiernos podrían mejorar mucho sus balances fiscales si se eliminan los subsidios a los combustibles fósiles.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer público el documento de trabajo titulado “How Large Are Global Energy Subsidies?”[1]. Sus cálculos multiplican por un factor de 10 las estimaciones previas de la Agencia Internacional de la Energía y elevan a USD 5 billones (millones de millones) los subsidios a los combustibles fósiles para 2015. La diferencia fundamental entre las dos estimaciones es la incorporación de las externalidades del consumo de energía.

Lo primero a consignar es que el análisis es estrictamente económico. No tiene ningún objetivo social o de protección ambiental y su preocupación fundamental es encontrar el “precio eficiente” de la energía. Este, dicen los autores, se compone de tres partes: el costo de suministro del producto para el consumidor (o costo de oportunidad), un impuesto “correctivo” que refleje las externalidades (costos ambientales, sociales, etc.)  y  un impuesto al consumo como ocurre con todos los bienes y servicios para alimentar los ingresos fiscales.

Según el documento, los subsidios a la energía producen unas distorsiones en la economía que conducen a gastos ineficientes por parte de los estados y la sociedad en su conjunto. Entre otras cosas,  causan más muertes prematuras debido a la contaminación del aire local, agrava la congestión y otros efectos secundarios adversos del uso del vehículo, y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero además imponen altos costos fiscales, que deben ser financiados por la combinación de una mayor deuda pública, cargas fiscales más altas, y desplazamiento del gasto público potencialmente productivo (por ejemplo, en materia de salud, educación e infraestructura), todo lo cual “puede ser un lastre para el crecimiento económico”.

Por otra parte, dicen los autores, los subsidios a la energía desalientan las inversiones necesarias en la eficiencia energética, las energías renovables y la infraestructura de energía y aumentan la vulnerabilidad de los países a los precios internacionales volátiles de la energía.

Haciendo números

El reporte informa que los subsidios a la energía son mucho más altos de lo que anteriormente se había estimado. Según el FMI en 2013 estos subsidios alcanzaron USD 4,9 billones (el 6,5 % del PIB mundial), y se llegaría a USD 5,3 billones en 2015. Estos subsidios están presentes tanto en las economías “desarrolladas” como en los países “en desarrollo” ya sean estos productores o no de petróleo.  Sin embargo, estos subsidios son mayores (alrededor de 13 a 18 por ciento del PBI) en los países emergentes y en desarrollo.

Los beneficios fiscales y ambientales de la reforma de los subsidios de energía, según los autores, son potencialmente enormes. La eliminación de los subsidios en 2015 podría aumentar los ingresos de los gobiernos en USD 2,9 billones (3,6 por ciento del PIB mundial), reducir las emisiones globales de CO2 en más de un 20 por ciento y reducir las muertes prematuras por contaminación del aire en más de la mitad. Pero además, esta acción podría aumentar el bienestar económico global por USD 1,8 billones (un 2,2 por ciento del PBI mundial).

En América Latina en particular –y siempre según datos del FMI- los subsidios totales a la energía son estimados en aproximadamente 300 mil millones de dólares (5% del PBI de la región) de los cuales la mayor parte corresponde a las externalidades del petróleo. El estudio señala que una completa eliminación de los subsidios a la energía traería aparejada un ganancia fiscal de unos USD 200 mil millones de dólares a los gobiernos latinoamericanos.

Y finalmente, quizá una de las conclusiones más importantes para buena parte de los gobiernos de la región: “los subsidios a la energía son una manera muy ineficiente de brindar apoyo a las familias de bajos ingresos ya que la mayoría de los beneficios de los subsidios a la energía son capturados típicamente por los hogares ricos”.

Sal, azúcar, alcohol, gasolina

En varios países de la región, los gastos en salud, “externalizados” desde ciertos sectores productivos ha dado lugar a medidas regulatorias o impositivas para restringir el consumo de esos productos. Este es el caso de la sal o el azúcar (obligatoriedad de etiquetado de productos con alta presencia de estos componentes), el caso del tabaco (aumento de impuestos, prohibición de publicidad, diseño del empaquetado, etc.) o el alcohol (restricción de horarios de venta, impuestos, etc.). Uno de los argumentos comúnmente utilizado para la introducción de estas medidas ha sido el gasto público en salud que el consumo de estos productos ocasiona.

En el caso del consumo de los combustibles fósiles y sus derivados hay tantos estudios científicos que prueban los impactos sobre la salud como los hay en los otros productos señalados. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no toman medidas para restringir su consumo y muchos de ellos, por el contrario, lo promueven en base a subsidios directos o indirectos. 

Una vez más, el estudio del FMI viene a llamar la atención acerca de la necesidad de hacer la contabilidad global de costos y beneficios del uso de los combustibles fósiles para saber a ciencia cierta, si esto beneficia o perjudica la economía de la sociedad. Tal vez sea tiempo de empezar a revisar estos números.

Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Uruguay