Lo que en su momento significó el conflicto de Bagua para el país en lo que a movilización social se refiere, hoy sin duda lo viene representando la oposición activa al proyecto Tía María en el Valle del Tambo.

Sin embargo, más allá de lo que el conflicto en sí representa para el modelo, que no es otra cosa que un cuestionamiento a la viabilidad de seguir únicamente con la matriz productiva de la minería a costa y en contra de todo y todos, las movilizaciones ciudadanas que éste ha generado imponen la profundización de una grieta que anteriormente parecía expresarse en casos excepcionales pero que hoy es una situación sistemática en el país.

Ya no hay otra forma de contener el descontento o fomentar un diálogo serio que comprometa a las altas de autoridades en el país sino hay muertos de por medio. Así se ha visto en Cajamarca, Cusco y, hoy, en Arequipa.

Lo que en 2008 fue un escándalo que remeció a todo el país, sacando después de años a más de 10 mil limeños a las calles de la capital del país, con los hechos del Baguazo, hoy es la respuesta constante, normalizada, del gobierno. Enfrentar la protesta ciudadana al margen de los estándares democráticos y de los derechos humanos de las personas movilizadas.

Panorama que se ha expresado escandalosamente en la represión de la última marcha contra el proyecto Tía María en Lima. Policías disparando a manifestantes, detenciones arbitrarias, impedimento de ingreso a los abogados para ver a los detenidos, fueron algunos de los sucesos más irregulares que se vieron el jueves último (Ver vídeo en:  https://www.youtube.com/watch?v=kXFQ3FobJEI&feature=youtu.be&app=desktop).   

El aparente matrimonio entre el modelo neoliberal y la democracia, que se quiso levantar post década de los noventa, se ha evidenciado finalmente imposible. La invocación al Estado de Derecho del que hizo gala en su último discurso el presidente Ollanta Humala se ha reafirmado como un discurso ilegítimo, un gesto vacío, una máscara desgastada para la imposición  empresarial y represiva.

A menos de un año para la contienda electoral en el país uno de los temas será, sin duda, cómo solucionar esas grietas que siguen permitiendo que la vida de ciudadanos y ciudadanas pierdan cada vez más valor.

Está claro que las fuerzas políticas tradicionales no han podido resolver estos grandes conflictos y que en su terquedad de que salvo el mercado todo es ilusión seguirán poniendo al borde de la muerte a miles de peruanos y peruanas, aunque en la campaña (como siempre) digan lo contrario.

Por eso, para los sectores democráticos, progresistas y de izquierda es un deber disputar en el 2016 el campo político, entendiendo éste como el espacio donde se toman las grandes decisiones. Ya no basta, o para ser más claros, ya no es responsable, únicamente la denuncia de lo que está pasando.

Es imprescindible fomentar una articulación política mayor a las que hoy se vienen presentando que pueda intentar la representación de los enormes descontentos que mayoritariamente no se expresan ni se identifican como ideológicamente de izquierda.

Si queremos el cambio de este modelo que permite, y más aún alienta, la muerte de un peruano a manos de otro; si queremos que los derechos humanos dejen de ser palabras vacías en cada disenso o movilización ciudadana; en fin, si queremos ser ciudadanos que ejerzan plenamente sus derechos y no únicamente sujetos del mercado es vital una bandera amplia que acoja a los inconformes con lo que está pasando.

No todos o todas pensaremos igual, pero sí es perfectamente posible y absolutamente imprescindible acordar ideas mínimas comunes que le den al país una alternativa para salir de lo insoportable. 

Publicado en https://luciaalvites.lamula.pe/2015/06/01/ni-estado-ni-derechos/luciaalvites/